- “Premiar” a las personas que han evadido las leyes y al sistema de justicia, otorgándoles el perdón, un contrasentido
- Preocupación porque la Ley de Amnistía podría violar los principios de igualdad y proporcionalidad
El senador de la República y las diputadas y los diputados federales y del PAN por Nuevo León, rechazamos la intención del partido Morena de aprobar la Ley de Amnistía en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, debido a que agravaría la crisis de salud y económica que ya enfrentamos, al no haber un plan definido de reinserción social.
En cambio, creemos que en su lugar es necesario aprobar un paquete económico que beneficie a los empresarios y a los trabajadores de México y Nuevo León, sin que se trate de dádivas electoreras sino planes concretos para mejorar la situación económica.
Alertamos que el sistema de salud está siendo saturado con motivo de la enfermedad, por lo que la liberación de estas personas en nada servirá para salvarlos del riesgo de contagio ni a ellos mismos ni a la sociedad.
Reprobamos la prisa del Partido Morena y del Gobierno federal de liberar a delincuentes por supuesto peligro de contagio de Covid-19, ya que de cualquier manera saldrán de los centros penitenciarios muchos sin tener dónde vivir en lo inmediato o dónde trabajar.
La Ley de Amnistía no prevé un seguimiento real sobre qué harán, en donde trabajarán o qué mecanismos tendrán para su reinserción social y cómo promoverán un cambio hacia conductas prosociales.
“La reinserción social inicia durante el periodo de cumplimiento de una condena, y continúa cuando la persona retorna a su vida en la comunidad”, dijeron.
Sumado a lo anterior, manifestamos nuestra preocupación porque la Ley de Amnistía podría violar los principios de igualdad y proporcionalidad, porque el beneficio se otorgaría a algunas personas y a otras no, sin que haya un criterio claro para considerar cuáles son los delitos leves y cuáles no.
Los legisladores federales del Partido Acción Nacional por Nuevo León subrayamos nuestra duda razonable sobre la propuesta de Ley de Amnistía debido a que las víctimas del delito no tendrán garantizadas de forma plena su seguridad ni su tranquilidad.
Liberar a presos violenta la Ley General de Víctimas, ya que, siendo perjudicadas directas de la comisión de un hecho delictivo, no encontrarán justicia, reparación del daño ni garantías de no repetición, y en algunos casos ni siquiera el conocimiento de la verdad histórica.
Además, aclaramos que la Constitución Federal faculta al Ejecutivo a conceder el indulto, por lo que no se requiere la aprobación de una Ley de Amnistía por parte del Congreso de la Unión para fundamentar sus actos.
También debe considerarse que se trata de una ley meramente discursiva a nivel federal ya que el impacto será estatal. Los tipos penales de aborto, homicidio en razón de parentesco y robo simple se cometen, generalmente, en jurisdicción estatal; la Ley de Amnistía difícilmente operaría en el ámbito federal.
Por su fuera poco, la Ley Penal ya contempla causas de exclusión del delito que protege a las personas que sin intención causaron un daño, y la Ley Nacional de Ejecución Penal incluye figuras a favor de las personas sentenciadas siempre y cuando acrediten que no existe riesgo objetivo y razonable para su reinternamiento.
En conclusión, consideramos que resulta un contrasentido “premiar” a las personas que han evadido las leyes y al sistema de justicia, otorgándoles el perdón.
“Señalamos con toda claridad que éste no es momento de aprobarla debido a las lamentables condiciones económicas del país, las cuales no abonan para que se dé la reinserción social y, por lo tanto, podría darse el riesgo de aumentar los niveles delincuenciales”, expresaron.
Atentamente.
El senador Víctor Fuentes Solís y las diputadas y diputados Ricardo Flores Suárez, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Raúl Gracia Guzmán, Isabel Margarita Guerra Villarreal, José Martín López Cisneros, Víctor Manuel Pérez Díaz, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Hernán Salinas Wolberg, legisladores federales del Partido Acción Nacional por el estado de Nuevo León.
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Ciudad de México, 20 de abril de 2020
Comunicado de la oficina del senador Víctor Fuentes Solís