Intervención en tribuna de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI y se adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal.
Gracias, Presidenta.
Con su permiso.
En política la mentira significa el fin de todo debate, mentir hace perder la confianza, confunde las consistencias, anula el diálogo y destruye las instituciones humanas.
Honorable Asamblea, los derechos a la verdad, a la libertad y a la justicia son pilares fundamentales de un auténtico estado democrático de derecho.
Si el derecho a la verdad no se hace valer, tanto las personas como las autoridades quedarán sometidas a un régimen de mentiras y falacias que destruye la convivencia humana, polariza a nuestra sociedad y destruye el tejido social.
Si la justicia, como fuerza que garantiza la cohesión de la sociedad, no impera en todas las actuaciones de las autoridades, se pierde la unidad nacional.
Si la libertad no se hace valer para todos por igual, no hay democracia posible ni fuerza que haga avanzar a las sociedades.
La plena validez del derecho a la verdad obliga a quienes ejercen el poder, rindan cuentas y vean de frente a la ciudadanía con dignidad y decoro.
La mentira pública, el ocultamiento doloso de información, la revelación parcial de los hechos y las verdades a medias destruyen el ejercicio público, ponen en un punto final a toda discusión y llevan al desencuentro y la parálisis de nuestras instituciones.
Hoy día la propaganda gubernamental se basa en promover logros de gobierno y no en hablar con la verdad. El discurso gubernamental se ha caracterizado por revelar mucho menos de lo que oculta.
Por ello, es de vital importancia que la ciudadanía pueda confiar en que sus autoridades hablarán con la verdad en todos sus actos y eventos.
El control parlamentario es uno de los mecanismos más poderosos para someter a las autoridades a un ejercicio de rendición de cuentas caracterizado por la objetividad y la transparencia.
A nivel federal, los servidores públicos están obligados a entregar información sobre el estado que guarda la administración pública federal, y a comparecer, a solicitud de algunas de las Cámaras o de las Comisiones Legislativas.
Las comparecencias se dan siempre bajo protesta solemne de decir verdad. Esa promesa, cuando se rompe, no tiene sanción alguna y esto es inadmisible.
Nuestro Código Penal federal prevé penas severas cuando la ciudadanía miente a las autoridades, pero es omiso cuando una autoridad le miente a la ciudadanía al momento de rendir sus cuentas, por lo que propongo la adición de una fracción VII al artículo 214 del Código Penal federal para que los servidores públicos que incurran en falsedad cuando protesten decir verdad, sean sancionados.
La sanción que propongo consiste en la imposición de dos a siete años de prisión y de 30 a 150 días de multa.
Senadoras y Senadores:
No podemos permitir que la mentira quede impune, debemos recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, garantizando que las autoridades hablarán con la verdad y que, en caso de no hacerlo, no quedarán exentas de sanción.
El principal problema de México es la impunidad, por lo que, desde esta alta tribuna, con esta propuesta de reforma, hago un llamado a proponer todas aquellas reformas que impidan que quien robe, traicione o mienta, pueda vivir con tranquilidad y libertad.
Recuperemos hoy la esperanza perdida en nuestras autoridades a partir de ejercicios, de diálogo e información en los que prevalezca la fuerza de la verdad sobre la tentación autoritaria del ejercicio de la fuerza.
La mentira destruye la confianza, pero siempre la verdad la fortaleza.
Pasemos de los dichos a los hechos, recuerden compañeros: no robar, no mentir, no traicionar.
Es cuanto, Presidenta.
ooOoo