Senadora Gina Cruz, al presentar una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución

Versión de la intervención de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, al presentar una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución

 

 

Honorable Asamblea, la concentración del poder es una sentencia de muerte para la democracia. A pesar de ser imperfecta y para muchos costosa, la democracia es el único régimen que da respuesta a los anhelos de reconocimiento por parte de las personas.

Con el permiso de la Presidencia.

Gracias a la democracia contamos con amplias libertades, convivimos en la pluralidad y la tolerancia, tenemos voz y voto, ambos pilares de la participación de la ciudadanía.

Gracias a la democracia tenemos el poder de elegir a quienes nos han de representar.

Gracias a la democracia, quienes nos gobiernan tienen que rendir cuentas de su actuar.

Desde que se crearon los sistemas presidencialistas en América, el mayor peligro ha sido la falta de equilibrios y contrapesos.

La tentación autoritaria, las constantes revueltas populares, las crecientes desigualdades, la violencia política y, sobre todo, la intolerancia son enemigos constantes de los gobiernos democráticos.

En América Latina se han vivido dictaduras, golpes de Estado, revoluciones. La paz que hoy gozamos ha sido el resultado de largas luchas, el costo que se ha pagado por ella es resultado de la vocación de quienes estuvieron dispuestos a dar su vida para evitar que los tiranos se hicieran con un poder absoluto.

El presidencialismo mexicano, base de nuestro régimen, fue el resultado de un diseño constitucional que buscó reducir al máximo los abusos del poder, así como la concentración de facultades en una sola persona.

El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, desde 1917, que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. A pesar de este mandato, la historia nos permite documentar la persistencia de dos tentaciones en las que han caído algunos presidentes, la reelección y la concentración excesiva del poder.

El último intento de reelección tuvo consecuencias adversas para la República, ya que el candidato electo por segunda ocasión en 1928, el General Álvaro Obregón, fue asesinado, dando pie a la conformación del nuevo régimen.

El presidencialismo que se consolidó bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas se basó en el corporativismo, la destitución del gabinete y de gobernadores contrarios al entonces Presidente, así como la reducción del Poder Legislativo a una oficialía de partes del Presidente.

La consolidación de nuestra democracia fue el resultado de una lucha histórica que duró décadas. Había que lograr que la representación de la ciudadanía fuera auténtica, con base en elecciones no organizadas desde el poder y en las que la fuerza de los votos se impusiera sobre la coacción de las armas.

Construimos un padrón confiable, le dimos a la ciudadanía la capacidad de organizar elecciones y conformamos árbitros electorales imparciales y con fuerza para dirimir controversias, creamos un Instituto Nacional Electoral y un Tribunal Federal Electoral autónomos, con fuerza suficiente para conducir de forma exitosa los procesos electorales, con lo que garantizamos elecciones confiables y mecanismos de solución de controversias imparciales.

La constitución de organismos autónomos generó un sistema de equilibrios y contrapesos adicional al de los poderes Legislativo y Judicial, funciones que antes realizaba el Ejecutivo, ahora las llevan a cabo autoridades independientes.

Sometimos también al Presidente a un régimen de rendición de cuentas, creando una instancia con amplias facultades de fiscalización, garantizamos la promoción, defensa y protección de los derechos humanos ante los abusos y arbitrariedades de las autoridades; creamos órganos técnicos especializados en materia de política monetaria, energéticos y evaluación de la política de desarrollo social.

Esta arquitectura institucional de desarrollo ha sido la base de nuestro sistema democrático, pero en estos días se ha mostrado aún más frágil.

No hemos evitado que se den abusos de poder, nuestra historia política da fiel testimonio de presidentes que se excedieron en sus funciones y causaron graves daños patrimoniales a nuestro país.

Los abusos de poder presidencial se han seguido dando, ya sea a partir de abiertos actos de corrupción, como el nepotismo, la falsedad de declaraciones, la división o violando abiertamente la Constitución política.

Un Estado de Derecho debe basarse en el respeto incondicional de las leyes, nada ni nadie debe estar por encima de la ley y a todos se debe garantizar que el derecho no excluya a nadie por razones de preferencias políticas, creencias, religión, origen o algún otro factor accidental.

Bajo el Estado de Derecho, el Presidente de la República debe estar sujeto al más amplio control posible para evitar omisiones, ocurrencias y excesos, el poder de los presidentes emanados de la Revolución tenían y que se imponían sobre la propia Constitución debe ser moderado en todos sus aspectos.

El mandato de guardar y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen ha sido letra muerta mientras que el Presidente no se someta a un régimen de responsabilidad, que permita que sea sujeto de juicio político durante su mandato.

Hoy en día, el segundo párrafo al artículo 108 constitucional prevé que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Sin embargo, en el caso de los gobernadores, quienes son los ejecutivos en las entidades federativas, además de otras autoridades, serán responsables por violaciones a esta Constitución, a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales.

La contradicción que hay entre autoridades locales sujetas a responsabilidades importantes y un Ejecutivo federal prácticamente impune, debe terminar.

Es por ello por lo que propongo una reforma constitucional en la que el Presidente la República también sea juzgado por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y la aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

Al ser el Presidente de la República el primer mandatario, debe ser también el primer responsable así como el ejemplo de un servidor público que se caracterice por su apego estricto al orden legal y por su responsabilidad al administrar los recursos públicos con prudencia, mesura, eficacia y eficiencia.

Senadoras y senadores, la reforma que hoy propongo tiene una dedicatoria clara, está diseñada para que ningún Presidente incurra en los abusos del pasado; está diseñada para hacer valer un sistema real de contrapesos que más allá de los Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos, limite al máximo cualquier abuso de poder.

No queremos más presidentes que violen la Constitución; no queremos más presidentes de la República que dilapiden los recursos públicos de manera irresponsable. Llevemos a la realidad los Altos ideales que le dieron fortaleza a nuestra República, el mandato soberano del pueblo, el principio de que la patria es primero y la validez de un sistema democrático que evite la concentración y los abusos de poder.

Esta reforma está pensada para las generaciones presentes y futuras. Si queremos un México fuerte, necesitamos a un Ejecutivo que sea fuerte, no porque concentra de forma indebida el poder, no porque logre que su monólogo sea la única voz en un sistema democrático, sino que sea fuerte en la democracia nacional.

Un Ejecutivo fuerte es el que rinde cuentas de manera objetiva y se somete al juicio ciudadano no para estar en una boleta electoral, sino para ser responsable ante la nación, de cada uno de sus dichos y sus hechos. Con esta reforma le daremos mayor poder a la ciudadanía, la cual demanda un nuevo control que limite abusos y haga que el primer mandatario sea el primer siervo de la nación.

Es cuanto, Presidenta.

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