Intervención en tribuna de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz para referirse al dictamen que solicita un informe sobre las acciones que se han realizado en relación con los hechos derivados de la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, el año pasado.
Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, este es un tema de la mayor sensibilidad que se requiere.
Lo ocurrido hace un año en Tlahuelilpan, donde murieron 137 personas y hay varias personas con quemaduras del 70 por ciento de su cuerpo, que afortunadamente sobrevivieron, me parece importante traerlo a colación porque el próximo sábado se cumple un año de la tragedia.
Me llama la atención que muchas personas consideran delincuentes a las personas que fallecieron en ese lugar, y esto es una aseveración violatoria de los derechos humanos porque por eso hay una investigación para saber exactamente qué fue lo que pasó. Y aunque fueran delincuentes nadie tiene por qué pagar con su vida un delito.
En este país no hay pena de muerte, aun aunque estuvieran robando el combustible, no es para que tuvieras muerte, es para que te hubieran detenido y presentado ante una autoridad competente.
Ahí estuvo el Ejército, estuvo la Policía Federal, estuvieron diferentes autoridades. La fuga empezó a las dos de la tarde, hay evidencia que Pemex tardó cuatro horas en cerrar el flujo de combustible.
En los videos se demuestra perfectamente que las autoridades, yo no vi a nadie pues por lo menos a toletazos sacar a la gente. Yo tuve una experiencia como jefa delegacional con un inmueble que se colapsó el 19 de septiembre y en el sismo de Oaxaca tuve que evacuar por la fuerza a algunos habitantes porque no se querían salir, pero Protección Civil me decía: ese inmueble se puede colapsar. Entonces, la autoridad tiene que actuar cuando sienta que corre la vida riesgo, de las personas.
Entonces, en este caso se podría configurar una omisión de no haber podido proteger a la población, se puso en riesgo la integridad, no solo de los que estaban en el ducto, sino de toda la población.
Y en congruencia con esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una queja de oficio, porque encontró argumentos de posibles violaciones a los derechos humanos. O sea, tan es evidente que pudo haber habido una omisión de la autoridad, que hay una queja en proceso de investigación.
También de parte del Ministerio Público federal hay un proceso de investigación, porque pudiera también haber algún delito de omisión.
El artículo 4o. de la Ley General de Víctimas establece que son víctimas todas las personas que resientan de un daño ocasionado por un delito o una violación a sus derechos humanos.
El silogismo es simple, las autoridades competentes para determinar si hay delito o violación a los derechos humanos, abrieron de oficio investigaciones porque apreciaron que podría existir este caso.
Luego entonces, las personas fallecidas, por el mero hecho de abrir estas investigaciones, podrían cumplir el concepto de víctimas que se establece en el artículo 4o.
Yo reconozco y agradezco a los señores legisladores que hayan aprobado este punto de acuerdo, tres de los cuatro artículos que había propuesto, pero se quitó la posibilidad de que sean considerados víctimas.
Y miren, el gobierno ya ha pagado algunas indemnizaciones, pero esto se ha hecho al margen de la Ley General de Víctimas y eso puede sentar precedentes mucho más complicados jurídicamente para el propio gobierno.
Lo mejor es que se establezca, todos esos pagos que se han hecho en funerales o la indemnización de 15 mil pesos, se establezca de acuerdo a la Ley General de Víctimas.
Entonces, yo en consideración, de verdad que deberían de darse una vuelta a Tlahuelilpan. Yo estuve o he estado, fallecieron papá y mamá, ¿y saben qué?, había tres semanas de escasez de combustible. Había una psicosis por falta del combustible y lo vivimos en la Ciudad de México. Hay videos y eso lo va a determinar la Comisión de Derechos Humanos donde hay filas de tres, cuatro kilómetros de la gente esperando el combustible.
Entonces, la gente que estaba ahí, mucha fue por ignorancia. Otra fue por curiosidad, otra fue por la necesidad de ir a trabajar. Yo no me atrevería a decir que todos los que estaban ahí eran delincuentes.
Es más, yo creo que los verdaderos huachicoleros sí saben que eso podía explotar, porque tenía cuatro horas gasificándose la gasolina. Se había hecho una nube tóxica que podría prenderse con el simple rozón de la ropa. ¿Por qué? Pues porque se genera carga electrostática…
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Senadora, su tiempo ha concluido.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Okey. Entonces, yo quiero proponerles la siguiente redacción, para completar el punto de acuerdo, que es una redacción cuidada que dice lo siguiente: la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que en ejercicio de sus facultades legales analicen y valoren los hechos, documentales e información sobre el caso y en absoluta libertad determinen si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley General de Víctimas en materia de reconocimiento de la calidad de víctima para las 137 personas fallecidas y heridas. Y en caso de así considerarlo legalmente procedente, analicen la viabilidad de substanciar el procedimiento de inscripción en el Registro Nacional de Víctimas.
¿Por qué las 137? Porque yo no puedo decir quién sí y quién no. Simplemente es que se evalúe a todas las que fallecieron y que fueron heridas.
Ojalá acepten, es un párrafo que me parece inofensivo, finalmente la ley lo establece y, bueno, si no se da, sí pediría que fuéramos mucho más cuidadosos de decir que son delincuentes quien no tenemos la certeza que lo son. Muchas gracias.
ooOoo