Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Muchas gracias, senador presidente.
Como secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía participé activamente en las mesas de trabajo que fueron desarrolladas con motivos de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, respecto a la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Todos recordamos que producto de ese esfuerzo se alcanzaron consensos entre los diversos grupos parlamentarios en casi el 90 % del proyecto de dictamen y que únicamente estaba pendiente alcanzar nuevos acuerdos sobre algunos disensos menores.
Sin embargo, cualquier puede revisar en el acervo del Canal del Congreso del desarrollo de la reunión en que se aprobó dicho proyecto en Comisiones Unidas, donde se aprobó dicho proyecto, donde se mostró que las modificaciones elaboradas en acuerdo parlamentario no fueron del Presidente de la República y se prefirió votar favorablemente un nuevo proyecto de dictamen que repetía palabra por palabra y punto por punto el contenido íntegro de la minuta enviada por la Colegisladora.
Dejaremos para la historia esa clara muestra de insensibilidad política y de la negativa a la construcción de acuerdos.
La Ley Federal de Austeridad Republicana, hoy vigente, contiene vicios, redunda y repite en disposiciones que ya están contenidas en otros ordenamientos jurídicos, como lo es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o incluso el Decreto de Presupuesto de Egresos.
Invade esferas competenciales de otros poderes de la Unión y de organismos constitucionales autónomos, establece medidas desproporcionales e injustificadas como las relativas al levantamiento al velo corporativo, a la prevención del uso indebido de información privilegiada, al establecimiento de códigos de conducta para los servidores públicas.
Asimismo, en forma equivocada y discrecional, se cancelan de un plumazo todos los fideicomisos y se pretende cancelar contratos públicos mediante resoluciones administrativas sin darle intervención que le corresponde a las autoridades que desempeñan funciones formal o materialmente jurisdiccionales.
Esta Ley Federal de Austeridad Republicana en lugar de ser un ordenamiento que brinde mayo seguridad y certeza jurídica hace precisamente lo contrario, fomenta la opacidad y la arbitrariedad al estar sustentado en conceptos que no están definidos jurídicamente y que devienen en inaplicables.
Por ejemplo, el señalamiento al gasto corriente y de capital y al gasto corriente no prioritario, la referencia al nepotismo, señalar usos privados o derroches, así como también sin razón alguna incrementa los riesgos de vulnerabilidad en las funciones del Estado mexicano, relacionadas con las tareas de seguridad nacional, seguridad pública, investigación y persecución de los delitos, o la regulación del Sistema Financiero Mexicano, entre otros, al privilegiar el uso de programas de cómputo, libres y sin pago de licencias.
Para el grupo parlamentario de Acción Nacional, la austeridad debe de ser una política pública, no un discurso vacío, ni una propaganda a la que se le añada republicana para coincidir con el discurso de comunicación política presidencial.
Por eso, estamos proponiendo también que la denominación de la ley sea “austeridad gubernamental”.
Con esta iniciativa, como Senadora del grupo parlamentario del PAN, refrendo mi compromiso con los principios de austeridad.
En mi trayectoria legislativa y de funcionario pública siempre he sostenido que debemos replantear las políticas del gasto público con la finalidad de que se gaste mejor y más racionalmente, de que se presten servicios públicos de mayor calidad y más oportunos, y de que a través del gasto público se impulse y se promueva el crecimiento económico equilibrado y el desarrollo social.
Esta iniciativa se nutre de las observaciones de los comentarios y de los consensos que fueron alcanzados por diversos grupos parlamentarios en las mesas de trabajo que desarrollamos previas a la dictaminación de la minuta enviada por la Colegisladora respecto a la Ley de Austeridad, mismos que en su momento incluso fueron avalados y considerados viables por los enlaces de las Secretarías de la Función Pública y Hacienda y Crédito Público.
Con esta iniciativa propongo las modificaciones necesarias a este ordenamiento legal, a fin de que no tenga impactos negativos en el servicio público del país y que se establezcan las condiciones para el mejoramiento de la vida pública nacional con base en medidas racionales, proporcionales y apegados al texto de la Carta Magna.
Muchas gracias.
Es cuanto, senador presidente.
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