Intervención de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, al presentar reservas a un dictamen de las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de creación del Instituto de Salud para el Bienestar.
Nuestra Constitución Política establece: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.
Con la venia de la Presidencia, compañeras senadoras y senadores.
En la Ley General de Salud vigente se define que serán los mexicanos y los residentes quienes reciban los servicios públicos de salud, preferentemente las personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, en la ley se señala claramente que para gozar de los beneficios del sistema de protección social en salud las personas deberán cubrir, entre otros requisitos, el ser residentes legales en el territorio nacional.
Al respecto, la Ley de Migración establece tres tipos de residencia: la residencia temporal que es la que autoriza a un extranjero para permanecer en el país por un tiempo no mayor a cuatro años con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, la residencia temporal de estudiante que autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o formación con permiso para realizar, además, actividades remuneradas cuando se trate de estudios de nivel superior, postgrado e investigación y la residencia permanente que autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional de manera indefinida con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país.
El hecho de que el residente pueda trabajar en México y recibir una remuneración, implica que esa persona tiene obligaciones a la vez que es sujeto de derechos.
Es claro que la Ley General de Salud ve cómo sus beneficiarios a los mexicanos y aquellos extranjeros con residencia legal en nuestro país.
Sin embargo, en el dictamen que se pretende aprobar se está dejando abierta la puerta para que todas aquellas personas migrantes sin una residencia legal en el territorio nacional puedan acceder a los servicios de salud intensiva de manera gratuita.
En la reforma se puede leer en varios artículos la siguiente expresión: “todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados al momento de requerir la atención”.
De acuerdo con el Coneval, en México hay más de 20 millones de personas que no tienen acceso a los servicios de salud. Conociendo el enorme rezago que existe en nuestro país no podemos ser omisos en la ley para dejar sin consideración la posibilidad de que personas con una situación de estancia legal acceda de manera constante sin costo ni obligaciones a los beneficios del sistema de salud intensiva.
En los últimos tiempos hemos sido testigos del enorme flujo de migrantes a nuestro país, principalmente de Centroamérica que buscan arribar a los Estados Unidos de América del Norte.
Producto de esas crisis migratorio el gobierno del Presidente de los Estados Unidos de América del Norte presionó al gobierno mexicano para que detuviera el flujo de personas hacia su país. A lo que el gobierno del Presidente López respondió de manera diligente convirtiéndose en un muro de contención migratoria, ofreciendo además apoyo a las personas que no pudieron cruzar la frontera norte y quedaron varadas en México.
Reconocemos el acceso a la salud es un derecho humano, sin embargo, con la reforma que se pretende aprobar, se busca legalizar el atender de manera constante y no de manera extraordinaria a miles de migrantes que se encuentran varados en nuestro país, estableciendo que, en México, en los hechos, se convierta y adquiera compromisos como un tercer país seguro.
Compañeras y compañeros, no podemos estar a favor de esta reforma y mucho menos en los términos que se pretende aprobar, pero hay que ser muy claros, no es un asunto de falta de solidaridad con las personas que por necesidad tienen que abandonar sus países, sino que es un asunto de justicia social, con los millones de mexicanas y mexicanos que actualmente carecen de servicios de salud y que es responsabilidad de este gobierno, primeramente atender, por lo que estamos en contra de que el Presidente y su partido, nuevamente pretenda engañar al pueblo de México con propuestas falsas y sin diagnósticos reales.
De lo anterior propongo, se modifiquen los artículos 2, 3, 7, 27, 35 y del artículo 77 Bis 1 a 77 Bis 40 de este dictamen para que se incluya el término de residentes en el país.
Si no aceptaran esta propuesta, yo solicitaría que les dieran instrucciones a los Senadores, a los Diputados, perdón que están en el análisis del presupuesto federal para que le asignen, entonces más presupuesto al tema de salud.
Es cuanto, señora Presidenta.
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