El 15 de mayo, fecha emblemática para la educación, se publicó la reforma al artículo 3° constitucional propuesta por el presidente López Obrador, con la que se canceló la reforma educativa de 2013.
Recientemente se aprobaron las leyes secundarias como son la General de Educación, la del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros y la de Mejora Continua de la Educación.
En todos los casos prevaleció la propuesta del Presidente; sin embargo, de manera contradictoria, las leyes secundarias, también dictadas por el Ejecutivo, violan abiertamente disposiciones y principios que él mismo había impulsado en el artículo 3 constitucional.
En efecto, la Constitución establece como principios la rectoría del Estado en materia de educación; el interés superior de las niñas, niños y adolescentes; el compromiso con una educación de excelencia; el Sistema de Mejora Continua para la Educación como un organismo descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; de igual forma, la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones.
Eso fue lo que propuso AMLO en el texto constitucional, pero en las leyes secundarias el Gobierno Federal cedió a las presiones de la CNTE, en perjuicio de 32 millones de mexicanos inscritos en el sector educativo y se impone un régimen corporativista, poco transparente, en el que el Estado entrega la rectoría de la educación a esa organización sindical, asumiendo como propias sus tesis y sus prioridades, que a partir de ahora tendrán fuerza de ley porque así lo decidió la mayoría morenista.
El interés superior de niños, niñas y adolescentes, el compromiso de una educación de excelencia y el principio de igualdad, se pone en grave riesgo en la Ley del Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros, al asignar de manera automática las plazas a los egresados de las normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización Magisterial, sin proceso de selección alguno y sin evaluar sus capacidades y habilidades.
El organismo para la Mejora Continua de la Educación, que se crea en sustitución del INEE, carece de autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, como lo mandata la Constitución, ya que el titular y subsecretarios de la SEP, a través de un Comité, establecerán los lineamientos sobre su funcionamiento y actividades, con lo que se cancela cualquier posibilidad de información veraz y objetiva sobre el desempeño de la educación.
Esta reforma vulnera el federalismo educativo, al centralizar en la SEP todos los recursos federales destinados a la educación, sin que tampoco las autoridades educativas estatales participen en los órganos que norman la mejora continua de la educación.
La reforma lo que hace es reforzar el poder de los líderes sindicales y no el derecho de las niñas, niños y jóvenes a una educación de calidad, ni el derecho de las maestras y los maestros de acceder a una plaza u obtener una promoción con base en sus méritos y capacidades.
La mayoría en el Congreso ha decidido entregar el control de la educación a grupos sindicales como un costosísimo pago a quienes fueron sus socios electorales. No hay una nueva escuela mexicana, sino un retroceso en la educación.
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Publicado por El Diario de Querétaro, 2 de Octubrede de 2019