Ecos del Senado //
Los acontecimientos de Culiacán, Sinaloa, son una radiografía de la improvisación que priva en el Gobierno del presidente López Obrador, al tomar decisiones sin planear y sin organizar, ejecutando acciones y políticas públicas de gran trascendencia que afectan la vida de los ciudadanos.
Ejemplos sobran: la crisis provocada por el desabasto de gasolinas, la carencia de medicinas y la deficiente atención hospitalaria, el cierre de las estancias infantiles, el abandono de los refugios para mujeres y los comedores comunitarios, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la desaparición del Seguro Popular, la disolución del Consejo de Promoción Turística, la eliminación del Instituto Nacional del Emprendedor y de ProMéxico, entre muchos otros.
AMLO ha dicho que una de las premisas de su gobierno es no mentir, pero las contradicciones exhibidas por su gabinete de seguridad, la difusión de medias verdades, imprecisiones, manipulación y falta de información sobre los hechos, demuestra que no se nos habla con la verdad.
Hay diversas versiones oficiales que se contradicen. ¿No dijo el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que el enfrentamiento fue derivado de un patrullaje de rutina que la Guardia Nacional y el Ejército hacían en un sector de Culiacán, cuando fueron agredidos desde una vivienda?
Al día siguiente, el gabinete de seguridad admitió que se trató de un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión con fines de extradición, pero que no llevaban orden de cateo y que quienes lo efectuaron lo hicieron de manera precipitada, con deficiente planeación y sin prever las consecuencias.
Y aunque se ha hecho énfasis en que Ovidio Guzmán nunca estuvo formalmente detenido, queda claro que las fuerzas del orden lo tuvieron en custodia durante varias horas y lo liberaron posteriormente, con lo que se configuran varios delitos en los que pudieran haber incurrido los funcionarios responsables del operativo.
Se sabe que participó el Ejército y la Guardia Nacional, pero no sabemos quién llevaba el mando, y además surge la duda de la intervención de la FGR y de la DEA, y más aún, no se ha explicado por qué fue marginada la Marina, pese a sus antecedentes de eficacia.
La justificación de salvar vidas es entendible y válida ante la amenaza de los grupos armados de llevar a cabo una masacre, tomando como escudo a la población civil; pero la pregunta fundamental es ¿por qué exponer a la población con un operativo mal planeado y mal implementado? Recordemos que se habla de 13 muertos y una veintena de heridos y la fuga de 50 reos.
Quizá por las graves implicaciones jurídicas fue que el Presidente prefirió deslindarse al decir: “yo no estaba informado”, a pesar de que al inicio dijo haber avalado la liberación o suspensión de las acciones.
Más allá del operativo fallido, el gran riesgo es que los grupos delincuenciales le tomen la medida al Gobierno Federal y que a partir de ahora apliquen el método utilizado por el Cártel de Sinaloa, amenazando a la población civil, para someter a los cuerpos de seguridad.
Este es un muy grave precedente, que según recientes informaciones se está reproduciendo ya en otros estados como Michoacán, en donde se supo que integrantes del Grupo de los Viagras evitaron la detención de un miembro de esta organización, amenazando con emprender acciones contra la población.
Lo dicho, un muy grave precedente.
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Publicado por el Diario de Querétaro, 30 de octubre de 2019