Senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sin ingenuidad no hay decepción

No son pocas las ocasiones en que el Gobierno Federal encabezado por el presidente López Obrador cae en contradicciones entre lo que declara y lo que sucede en la realidad; estas inconsistencias entre el decir y el hacer son manifiestas.

Por ejemplo, la Guardia Nacional se aprobó como un cuerpo civil y en su regulación se garantizó que los elementos castrenses que participaran debían solicitar licencia o su retiro de las Fuerzas Armadas, pero en los hechos se trata de un cuerpo de seguridad preponderantemente militar. Inclusive, cabe recordar que su titular estaba en activo como General de Brigada al momento de su designación.

En las leyes secundarias de la Reforma Educativa, a pesar de que el Artículo 3° de la Constitución establece que el ingreso, promoción y reconocimiento del personal docente debe ser mediante procesos de selección en condiciones de igualdad, se autorizó la asignación automática de plazas a los egresados de las normales, y las promociones y reconocimientos se realizarán a través de una comisión tripartita en la que las organizaciones sindicales son las que deciden, al igual que antes.

En el mismo caso está la llamada Ley Bonilla en Baja California, que Morena impulsó para reformar la constitución de ese estado, con el propósito de ampliar el mandato del gobernador electo de 2 a 5 años.

Al respecto, AMLO primero dijo que Jaime Bonilla debía de acatar la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que recientemente ratificó que fue electo por un periodo de 2 años, reiterando que la premisa de su gobierno es: “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. Aún más, en septiembre había declarado que no se deben hacer leyes a la medida de nadie, en referencia a la Ley Bonilla.

Lo anterior nos haría suponer que el gobernador electo acataría la instrucción del Presidente y daría marcha atrás a la consulta; no obstante, ésta se llevó a cabo organizada por los diputados locales de su partido, con preguntas amañadas, sin usar el listado nominal, sin rigor metodológico, en donde cualquier persona podía votar el número de veces que quisiera, lo que arrojó el resultado que estaba buscando.

Sorprendentemente AMLO estuvo en Baja California en la fecha de la consulta, lo que algunos consideraron como un respaldo cómplice al gobernador electo, ya que en redes sociales varió su postura, señalando que la controversia tendría que ser resuelta por la Suprema Corte, desde luego, con la nueva conformación de ministros, que presumiblemente será muy conveniente a los intereses de su partido.

Lo que hasta ahora tenemos es la reiterada promesa de que se va a respetar la legalidad, pero son varios los hechos que contrastan con este mensaje.

El caso de la Ley Bonilla es interpretado por analistas como un laboratorio para medir la reacción social en el supuesto de reelección o ampliación de mandato del Ejecutivo Federal; es precisamente en este contexto en donde se vota la revocación de mandato en el Senado, instrumento que ha sido utilizado en algunos países como Venezuela para que su presidente continúe en el cargo más allá de su periodo constitucional.

Todo esto es parte de una reiterada simulación; en la autodenominada 4T se dice una cosa pero se busca otra. Ante estas dobles intenciones, lo único que no podemos es ser ingenuos, para después no sentirnos decepcionados.

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Ecos del Senado//

Publicado por el Diario de Querétaro, 16 de octubre de 2019

 

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