15 de octubre de 2019
Versión de la intervención de la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, al participar en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución, en materia de revocación de mandato
Con su permiso, Presidenta.
No podemos hablar de la revocación del mandato sin mencionar el antecedente de la llamada “Ley Bonilla” de Baja California, que modificó la Constitución para que el gobernador pudiera ejercer su función en un periodo no de dos, sino de cinco años, más aún tampoco podemos omitir la consulta a modo del pasado domingo, organizada por el Congreso estatal buscando incidir en la opinión pública para prolongar el mandato de Jaime Bonilla, sin acatar las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Y precisamente por eso es por lo que algunos analistas consideran a la “Ley Bonilla” como un laboratorio para medir la reacción social en el caso de una reelección del Presidente, y mucho se ha dicho que la revocación de mandato tiene como compromiso ulterior precisamente éste.
Esta figura trastoca totalmente el sistema republicano, por eso es poco frecuente a nivel mundial, se ha utilizado en Venezuela, con Chávez y con Maduro; y en Bolivia, con Evo Morales, con las consecuencias que todos conocemos.
Nadie debe legislar en beneficio del gobernante en turno o en función de los intereses del grupo político en el poder; en este caso, no estamos generando una figura que fortalezca la democracia plural, estamos construyendo un instrumento político a modo para beneficiar a este gobierno.
Lo que muy poco se ha comentado de la revocación de mandato, y son los argumentos en contra, es que esta medida polariza y divide a la sociedad, radicaliza la opinión pública en dos segmentos: aquellos que están a favor y aquellos que están en contra de que el Presidente continúe en sus funciones; esto rompe la lógica del consenso y del acercamiento de posiciones que forma parte de una democracia plural, tiene también consecuencias secundarias, desde que se inicia el proceso el trabajo legislativo se paraliza, las cámaras del Congreso se encuentran inmersas en las campañas para mantener o para destituir al Ejecutivo, el propio Presidente también se mete de lleno en su campaña para preservar el cargo.
La incertidumbre política que genera el proceso revocatorio tendrá impacto en los mercados financieros, es previsible que los inversionistas pospongan las inversiones a mediano y a largo plazo y que vean incluso con preocupación cualquiera que sea el resultado que se obtenga, lo cual genera efectos económicos negativos.
Por otro lado, la revocación de mandato es innecesaria, ya la Constitución prevé el juicio político, además de que recientemente en la Cámara de Senadores se modificó la Constitución, se aprobó la minuta en virtud del cual el Presidente la República, diputados, senadores, podemos ser juzgados por hechos de corrupción, por delitos electorales y por los delitos graves, cualquiera que sea que se refiere el artículo 19 constitucional.
La sola amenaza de recurrir a la revocación de mandato puede orillar al gobernante, a cualquiera, a evitar decisiones necesarias, pero poco populares, llevándolo asumir posiciones clientelares, populistas e irresponsables que le garanticen su permanencia.
Los procesos de revocación de mandato a querer o no, rompen con la equidad en la contienda, ya que el gobernante, aprovechando los privilegios que son propios de su cargo y de su investidura presidencial y los recursos del presupuesto, puede intensificar las campañas de difusión y los programas sociales que favorezcan a su propósito y al de su partido; este proceso lo que realmente pretende es energizar al gobierno de López Obrador, justo a la mitad de su sexenio, lo que le permitiría transitar, en la segunda parte del gobierno, con un mandato electoral pretendidamente renovado, que harían valer mediáticamente como un voto de confianza.
De suyo, la revocación de mandato suele abrir el camino a la reelección del Presidente con la ampliación de su mandato, esto sucedió en Venezuela y sucedió en Bolivia, ya que si un Presidente es ratificado por una mayoría significativa, no faltará quien le proponga modificar la Constitución o las leyes para permanecer en su cargo por más de seis años.
Acción Nacional está comprometido con la participación ciudadana, pero la lógica que orienta esta reforma no es fortalecer la participación plural ni la democracia directa, sino beneficiar políticamente al grupo en el poder.
Reitero: nadie debe legislar en beneficio del gobernante turno o en función de los intereses del grupo político en el poder.
La elección del 2021 por mucho que se trate de evitar, estará secuestrada lo queramos o no, por el tema de la revocación de mandato.
Es cuanto, muchas gracias.
ooOoo