- El presupuesto de egresos será el más cuantioso, pero también el más inequitativo de la historia, dijo
La senadora por Tlaxcala, Minerva Hernández Ramos, afirmó que los dictámenes en materia de ingresos para el ejercicio fiscal 2020 que se aprobarán en el Senado de la República son sinónimo de irresponsabilidad hacendaria, al tiempo que destacó que afectará la sostenibilidad de las finanzas públicas, al privilegiar programas con fines clientelares, dejando de lado el otorgamiento de fuentes de financiamiento para las Mipymes, que representan el 80 por ciento de la economía de este país.
Al emitir el posicionamiento del GPPAN, Hernández Ramos lamentó que este gobierno continúe navegando sin brújula, enfocando la toma de decisiones en la palabra del presidente López Obrador, y no en un plan que contenga información certera en materia económica y de seguridad.
“La Ley de Ingresos que estamos por votar no representa responsabilidad hacendaria, simplemente porque parte de asumir como cierto un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2 por ciento para el próximo año, cuando desde febrero cada mes observamos una contracción de la economía que dejará al Producto Interno Bruto de este año en medio punto porcentual”, explicó.
Asimismo, Minerva Hernández dijo que resulta contraproducente tener el presupuesto más grande en la historia de México, que asciende a 6.1 billones de pesos, y que el dinero público sea mal gastado a través de programas clientelares, que además carecen de reglas de operación y transparencia, a la par de calificar como preocupante el hecho de que no se vea reflejada la necesidad de atender las advertencias internas e internacionales sobre una probable recesión económica.
“El Banco Mundial reporta que México cayó seis lugares en cuanto a los procedimientos, tiempos y costos de regulación que impactan en el ambiente de negocios, ¿y qué está haciendo el gobierno al respecto? Nada. El sector de la construcción, principal componente de la inversión productiva, tiene hoy el peor resultado en los últimos 13 años, pero no importa, porque se insiste en que crecemos al 2 por ciento”, expresó.
La senadora tlaxcalteca también explicó que de enero a agosto hubo una caída de los ingresos públicos de menos 2 por ciento, a la par de la caída que sufrieron el ISR y el IVA, impuestos que sostienen a poco más de la mitad de todos los ingresos públicos.
“Como senadores encargados de discutir y aprobar la Ley de Ingresos, deberíamos de estar preocupados por el marco macroeconómico y sus principales variables, porque la visión ‘alegre y optimista´ que presentó la Presidencia de la República seguramente chocará el siguiente año contra la dura realidad de una paridad cambiaria perjudicial para el peso, con un precio por barril de petróleo más barato de lo esperado, o con que la plataforma de producción fue sobreestimada”. concluyó.
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Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar el posicionamiento del GPPAN en relación con cuatro dictámenes de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda, en materia de ingresos para el ejercicio fiscal 2020.
Con su venia, senadora Presidenta.
En este Senado caeríamos en un profundo error si creyéramos que solamente nos corresponde aprobar los ingresos públicos sin considerar los conceptos de gasto que van asociados con éstos; siendo un sistema ingreso-gasto es nuestra responsabilidad saber en qué se destinarán los 6.1 billones de pesos señalados en la carátula de Ley de Ingresos de la Federación.
El Presupuesto de Egresos será el más cuantioso de la historia del país, pero nos saldrá más caro el ganso que las albóndigas, porque es un presupuesto injusto e inequitativo, porque castiga a las entidades federativas y a los municipios hasta el grado de la asfixia presupuestal, porque reitera para el austericidio de 2019 a los programas sociales que apoyan a los más vulnerables y desprotegidos, y porque insiste en transferir recursos a programas clientelares sin padrón de beneficiarios, sin reglas de operación y en la mayor opacidad posible.
Los senadores de Acción Nacional advertimos que el empeño gubernamental está en seguir despilfarrando el dinero público con fines clientelares y que no le preocupa, en lo más mínimo, otorgar fuentes de financiamiento a las Mipymes, que representan el 80 por ciento de la economía de este país.
La Ley de Ingresos que estamos por votar no representa responsabilidad hacendaria y afectará la sostenibilidad de las finanzas públicas, simplemente porque parte de asumir como cierto un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2 por ciento para el próximo año, cuando desde febrero cada mes observamos una contracción de la economía que dejará al Producto Interno Bruto de este año en medio punto porcentual.
Pero este gobierno insiste en navegar sin brújula, en creer en la palabra mañanera de un presidente que toma decisiones sin planeación y sin información, en materia económica y también de seguridad nacional.
En este paquete económico no se están atendiendo las advertencias internas e internacionales sobre la recesión económica.
Compañeras y compañeros senadores, se las enumero para que las consideren.
El Banco Mundial reporta que México cayó seis lugares en cuanto a los procedimientos, tiempos y costos de regulación que impactan en el ambiente de negocios, ¿y qué está haciendo el gobierno al respecto? Nada.
El sector de la construcción, principal componente de la inversión productiva, tiene hoy el peor resultado en los últimos 13 años, pero no importa, porque se insiste en que crecemos al 2 por ciento.
De enero a agosto hay una dura caída de los ingresos públicos, de menos 2 por ciento real; el ISR y el IVA, que sostienen poco más de la mitad de todos los ingresos públicos, ambos registran caídas, pero la jefa del SAT en sus declaraciones públicas contradice los informes trimestrales oficiales mensuales de Hacienda e insiste en que “otros datos” muestran que la recaudación va conforme a su calendario, esta situación, amigas y amigos, es inaudita.
En lo que va de 2019 se han recortado programas sociales, se incrementó el gasto del aparato gubernamental; es necesario que este gobierno rinda cuentas de los subejercicios presupuestales no subsanados por más de 30 mil 500 millones de pesos; y por los donativos de muchos millones de pesos para porristas y grupos de animación. Ojalá que esas porras y ánimos los tuviéramos en las estancias infantiles, en medicamentos o en recursos para los municipios de México.
Estos ejemplos demuestran que como senadores encargados de discutir y aprobar la Ley de Ingresos, deberíamos de estar preocupados por el marco macroeconómico y sus principales variables, porque la visión “alegre y optimista” que presentó la Presidencia de la República seguramente chocará el siguiente año contra la dura realidad de una paridad cambiaria perjudicial para el peso, con un precio por barril de petróleo más barato de lo esperado, o con que la plataforma de producción fue sobreestimada.
Además, la desaceleración económica mundial y la menor captación de ingresos tributarios redundarán en la fragilidad financiera del Estado mexicano, pues, de aprobar los dictámenes en los términos planteados, este Senado pondrá en riesgo la sostenibilidad fiscal de largo plazo y permitirá que continúe la merma en el ahorro que se tiene a través de los fondos de estabilización.
Ni en la Ley de Ingresos ni en la miscelánea fiscal se están incorporando medidas contracíclicas ante la desaceleración económica; México no necesita de este gobierno medidas de austeridad, ni políticas fiscales abusivas y arbitrarias, lo que necesitamos es que apliquen la política económica que tanto reclamaron cuando buscaban ser gobierno: un desarrollo económico justo y para todos.
Los ciudadanos que votaron por nosotros, la población que está confiada en que el Congreso de la Unión responsablemente haga su trabajo de discutir y analizar el paquete económico, está preocupada porque el dinero no le alcanza, porque más de dos terceras partes de la población apenas ganan entre 3 mil y 15 mil pesos mensuales, mientras que los impuestos y la gasolina suben para “ajustarlos a términos reales”, dice el gobierno, ésa es la en que ahora le quieren llamar a los aumentos, y mientras que la inseguridad cada vez es mayor.
Este gobierno ha logrado que la economía esté por los suelos y la inseguridad esté por los cielos.
Las cifras oficiales muestran que 2019, absoluta responsabilidad del gobierno de López Obrador, será el año más violento de la historia de México, ¿y así creen que vamos a crecer al 2 por ciento el próximo año? Es un verdadero engaño.
En la miscelánea fiscal, queremos reconocer el doble discurso del gobierno de López Obrador y del Grupo Parlamentario mayoritario, pues mientras en la reforma educativa se ufanaron de romper con los lineamientos de la OCDE y esas políticas malvadas impuestas por los organismos internacionales, en materia fiscal resultaron más neoliberales que el consenso de Washington y adoptaron las medidas del plan BEPS para evitar la erosión de la base tributaria y el traslado de los beneficios fiscales.
Pero al parecer algo les falló en la traducción o en la incorporación al derecho fiscal mexicano, pues todavía quedan algunos detalles pendientes que, a través de las reservas que presentaremos hoy las y los senadores del PAN, pretendemos corregir con un ánimo estrictamente constructivo.
El Grupo Parlamentario del PAN estará presentando una reserva para que se deslice el superávit del balance primario en un 0.1 por ciento, como una medida contracíclica, para que, por la vía del gasto, los municipios puedan invertir en infraestructura y combatir la inseguridad.
Esta medida permitirá apoyar la lucha de los presidentes municipales que recientemente se manifestaron en Palacio Nacional, liberando recursos por más de 26 mil millones de pesos, porque están moralmente derrotados quienes con gas lacrimógeno ahogan las protestas legítimas que hacen los alcaldes de México, sin distinción partidista.
Asimismo, los senadores de Acción Nacional proponemos revisar el FORTAMUN para que el porcentaje que hoy contempla para tareas de seguridad, se incremente respecto de la recaudación federal participable, para que al menos un 50 por ciento de estos recursos se destinen para el fortalecimiento de las policías municipales.
Planteamos también, restituir a los municipios del fondo minero, los recursos de pueblos mágicos, bajar el impuesto a las gasolinas, bajar el IVA en la frontera sur, eliminar el incremento de derechos a los turistas que ingresan a nuestro país, permitir que los beneficios en la adquisición del diésel sean para todos, que el sector transportista pueda viajar por carreteras de cuota con seguridad y que quienes ocupan puestos de alta dirección en las empresas no arriesguen su patrimonio.
Si el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados aceptan estas propuestas, podríamos apoyar en lo general esta miscelánea y Ley de Ingresos de la República, dejando a salvo las reservas específicas que someteríamos a aprobación del Pleno.
Es cuanto, senadora Presidenta.
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