Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1 de la Ley de la Industria Eléctrica

3 de septiembre de 2019

Versión de la intervención de la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1 de la Ley de la Industria Eléctrica

 

Gracias, Presidenta.

Honorable Asamblea.

Un problema que aqueja hoy a varias regiones del país es la insuficiencia del sistema eléctrico nacional para atender la demanda de este vital servicio, como lo han padecido este año las Penínsulas de Yucatán y de Baja California. El día de ayer se produjo un mega apagón durante varias horas en las ciudades de Tijuana, Tecate, Ensenada y Rosarito.

Baja California Sur – mi estado– ha enfrentado desde el 29 de julio este mismo desabasto de energía, cuando la CENACE emitió una declaración de emergencia porque el sistema eléctrico de la entidad contaba, al declararse dicha emergencia, con un margen de reserva operativa menor al 4 por ciento.

Desde entonces, cuatro de los cinco municipios de la entidad, donde habita más del 90 por ciento de su población, han sufrido una serie recurrente de apagones que afectan a los hogares de los sudcalifornianos, a los hospitales, a la industria, los negocios, la infraestructura y la seguridad vial, lo cual ha provocado un profundo malestar de la población.

La causa de esto es que la capacidad de generación hoy es menor a la demanda de energía, algo que nunca había sucedido de esta manera.

Quiero decirles que lo reconoció en su Informe el Ejecutivo federal, lo que señala que este es un problema que va a continuar mientras no se atiendan de fondo sus orígenes.

Como origen de los apagones se señalan la falta de combustóleo en las centrales termoeléctricas y que el combustible utilizado es de pésima calidad, lo que hace que las turbinas se descompongan, generando cortes de electricidad continuos y de mucha duración.

También se señala que esto fue provocado por la descompostura de las plantas de generación, debido a la falta de mantenimiento de los mismos por los recortes presupuestales.

Lo volvemos a decir: la austeridad mal aplicada que afecta a los ciudadanos, esa no debe de ir.

Incluso el Director General de la paraestatal reconoció que las fallas se deben a problemas ocurridos con los generadores por esta causa.

En marzo de este año el Cenace emitió una solicitud para la compra de potencia y energía eléctrica, con el objeto de cubrir la demanda de la zona de mayo hasta septiembre, que es la temporada de mayor consumo, y con esto evitar posibles apagones, lo cual no se atendió en su tiempo.

Todo esto nos indica que esta situación puede evitarse si se aplican los recursos necesarios y se realizan las acciones de prevención necesarias para enfrentar esta problemática.

Por eso vengo a presentar una iniciativa de adiciones al artículo primero de la Ley de la Industria Eléctrica, para proponer, en primer término, que se reconozca en forma expresa el derecho humano a la energía eléctrica, como lo ha reconocido el Poder Judicial, al señalar que el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano, por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales.

Por otra parte, este derecho humano está implícito en la Constitución, en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11, 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, 28, cuarto párrafo, y transitorio octavo del decreto de reformas en materia energética del 20 de diciembre de 2013, los cuales respaldan el vínculo, contenido y alcances del suministro de electricidad como derecho fundamental que concreta otros derechos humanos.

Asimismo, una serie acuerdos y tratados internacionales presuponen a la electricidad como un elemento sustantivo para los fines de protección de derechos humanos contenidos en sus enunciados.

Por eso se debe reconocer expresamente el suministro de energía eléctrica a través del servicio público que realiza la CFE, como un derecho humano que está reconocido por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, y en consecuencia debe ser observado, cumplido, promovido, garantizado y respetado por dicha empresa productiva del Estado y por las demás autoridades involucradas, en el ámbito de sus respectivas competencias, como el Cenace y la Comisión Reguladora de Energía.

En tal sentido, estos deberán asegurar que el acceso a la electricidad se realice de forma suficiente, con calidad, continua, segura, aceptable y económicamente asequible y justa, bajo los principios de respeto a la dignidad humana, de eficiencia y de regularidad en la prestación del servicio público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.

Los alcances de este derecho humano también deben obligar a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se prevean las partidas presupuestales necesarias para que la CFE realice el mantenimiento, la rehabilitación y la sustitución de la infraestructura eléctrica; la compra de potencia y energía eléctrica en las temporadas de altas y bajas temperaturas; el pago de energéticos como el combustóleo y el gas natural necesarios, suficientes y de calidad baja en emisiones contaminantes, y la aprobación de inversión pública para realizar proyectos tecnológicos que conecten a todas entidades federativas con el Sistema Eléctrico Nacional, a fin de hacer realidad este derecho humano vital para los mexicanos.

La solución al problema de falta de abasto de electricidad en Baja California Sur y en otras entidades no es sencilla y por eso compañeras y compañeros legisladores, debe resolverse de fondo y a largo plazo, mediante las previsiones contenidas en la propuesta que hoy vengo a presentar.

Es cuanto, Presidenta; muchas gracias.

 

ooOoo

 

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