Intervención en tribuna de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, al presentar punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de su estado el decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre del año 2014.
18 de septiembre de 2019
Versión de la intervención en tribuna de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, al presentar punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de su estado el decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre del año 2014
Con la venia de la Presidencia.
La construcción de nuestro orden constitucional y de las instituciones que caracterizan a nuestro estado democrático de derecho ha sido una tarea histórica y difícil, que ha requerido del sacrificio y el talento de miles de mujeres y hombres.
Compañeras senadoras y senadores:
Es de todos conocido que la Constitución y el Orden Democrático se está viendo violentado de forma sistemática y lamentable en mi estado, Baja California, con el intento de ampliar arbitrariamente el período de gobierno del próximo gobernador de la entidad.
La modificación del período de gobierno aprobada por el Congreso Local, viola a todas luces los principios constitucionales que caracterizan la función electoral, principalmente la legalidad y certeza que deben caracterizar a las elecciones.
No perdamos de vista que los bajacalifornianos acudimos a las urnas en el entendido de que votaríamos por un gobernador cuyo mandato sería de dos años, la elección para un período bianual no sólo refleja el mandato ciudadano de la soberanía a través del Congreso del estado, también armoniza la elección local con las elecciones federales en atención a un claro mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, al hacer que la elección local concurra con las elecciones obedece a principios de economía y eficacia.
El Congreso local desconoció en los hechos este mandato popular, con el que no sólo se vulneró el orden constitucional, sino que también se violentó la voluntad popular que quebrantó el orden inconstitucional causando un profundo malestar social, toda vez que atenta contra las libertades y la soberanía popular.
Recordemos que el pasado 17 de julio, la meas Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunció contra la prolongación del mandato mediante un acuerdo cuyo resolutivo dice:
La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California, a que lleve a cabo las acciones tendientes a dar certeza jurídica, respecto de la reforma aprobada en fecha posterior a la elección mediante la cual se amplía de dos a cinco años el período de gobierno y que la sociedad conozca si se corregirá lo aprobado o, en su caso, puede ejercer las acciones que en derecho correspondan.
A este severo agravio ahora se le ha sumado el lamentable intento de organizar una consulta popular a modo para ampliar el mandato constitucional, lo que contraviene la Ley de Participación Ciudadana del estado de Baja California y es violatorio de la Ley Federal de Consulta Popular, que expresamente prohíbe que la materia electoral sea objeto de consulta.
Estos lamentables hechos atentan nuevamente contra la voluntad ciudadana y son un auténtico insulto a los bajacalifornianos, quienes acudimos a las urnas el pasado mes de junio.
Con estas graves violaciones se está rompiendo el Pacto Federal que, sin duda, de no ponerle un alto a este tema tendría gravísimas consecuencias para nuestra República.
Este Senado, como expresión viva del federalismo nacional, no puede ser indiferente ni indolente ante hechos tan graves y lamentables.
Por ello, propongo el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que esta soberanía exhorte al Congreso del estado de Baja California a que turne al Ejecutivo Federal la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado en el decreto 112, mediante el cual se amplía de dos a cinco años el período de gobierno, para que sea publicado en el periódico oficial del estado y así poder ejercer las acciones que en derecho correspondan.
Adicionalmente propongo que esta soberanía exhorte respetuosamente al Congreso del estado de Baja California a que se invalide la realización de la consulta popular por tratarse de una acción que avalaría una ilegalidad e iría en contra de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Compañeras Senadoras y Senadores, el buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones y ciudadanos conscientes de sus obligaciones, y de una sociedad organizada. Queremos que México sea un país de leyes y no de personalidades, porque la ley es permanente y las personas solamente somos transitorias.
Todo intento de perpetuarse en el poder a través de cualquier medio debe ser caracterizado como una dictadura y es contrario a una sociedad abierta, libre, plural e incluyente a la que aspiramos todos los mexicanos.
Con las acciones que se están dando en mi estado se pierde la confianza ciudadana, se vulneran los derechos, se atenta contra la democracia y se genera un precedente lamentable que nos puede llevar a un estado fallido, y al rompimiento sistemático de nuestro orden jurídico.
Lo que está en juego, Senadoras y Senadores, es el futuro de la vida cívica y política de la ciudadanía del estado de Baja California.
Compañeros, ¿acaso estamos dispuestos a permitir que se viole de forma sistemática y dolosa nuestro orden jurídico? ¿Estamos dispuestos a destruir el Estado de derecho, a desconocer la voluntad popular y a mermar la democracia?
Este Senado de la República no puede permitir que a un agravio se sume otro agravio, estamos en contra de la ilegalidad y del intento de imponer la voluntad de unos pocos sobre la voluntad de las mayorías.
No permitiremos que esto suceda. Hagámoslo por el bien de la ciudadanía, en defensa del orden jurídico y del Pacto Federal, y por el porvenir de las nuevas generaciones a las que nos debemos, a las que debemos heredar un país de leyes y una patria ordenada.
Es cuanto, señora Presidenta.
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