El gobierno federal cedió a las presiones de grupos sindicales en la aprobación de las leyes secundarias que regirán la educación en México, al otorgarles el control de las plazas y permitir la asignación automática, sin procesos de selección para evaluar capacidades y habilidades para la enseñanza, denunció la senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez.
La mayoría de Morena se olvidó de garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, la rectoría del Estado en la educación y el compromiso con la excelencia educativa, principios y premisas establecidos en el Artículo 3° constitucional, sostuvo.
Al fijar la postura de su grupo parlamentario sobre el dictamen de la Ley del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, la senadora Guadalupe Murguía consideró que dejar en manos de las organizaciones sindicales la rectoría del Estado y la calidad de la educación en perjuicio de 32 millones de estudiantes es un error mayúsculo.
De igual manera, afirmó que significa un claro retroceso de por lo menos 30 años en esta materia, ya que prevalece el régimen corporativista, poco transparente y discrecional en la asignación de las plazas, que pone en riesgo la pretendida excelencia en la educación.
Subrayó que el artículo 35 de esta ley contraviene el principio de igualdad consagrado en la Constitución, al permitir que los puestos se asignen de manera automática a los egresados de las normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización Magisterial, sin evaluar sus capacidades y habilidades.
Esto a pesar de que el Artículo 3° establece que para la admisión, promoción y reconocimiento de los maestros se efectuarán procesos de selección con la concurrencia de los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales deberán ser públicos, transparentes e imparciales y considerarán los conocimientos y aptitudes para la enseñanza, apuntó.
Guadalupe Murguía, senadora por Querétaro, también refirió que de acuerdo con el artículo 3° la institución que sustituirá al INEE, para la mejora de la educación continua, debe ser un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa y presupuestaria, con decisión de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio.
Pero en la legislación esta tarea quedará a cargo de un organismo que no tiene autonomía técnica, operativa ni de gestión, toda vez que dependerá de un comité presidido por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del cual se definirán los lineamientos y actividades que regirán su funcionamiento, resaltó.
Asimismo, deploró que esta ley tiene una perspectiva centralista que afecta la distribución de la función educativa entre la Federación, estados y municipios, para controlar todos los recursos federales destinados a este sector.
En este sentido, manifestó que se omite a las entidades federativas en la integración de los órganos que norman la mejora continua de la educación; es decir, las autoridades educativas locales quedan fuera de las decisiones del proceso de mejora continua.
Por otra parte, dijo que al eliminar el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa se pone en riesgo la seguridad y protección de las comunidades escolares, pues en la nueva legislación se responsabiliza a los padres de familia, docentes y alumnos, de la construcción, mejora, mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones a través de comités escolares por la vía de la autoconstrucción, sin ninguna supervisión técnica.
Advirtió que la reforma constitucional de la educación y sus leyes reglamentarias señalan reiteradamente como prioridades el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, la rectoría del Estado en esta materia y su compromiso con una educación de excelencia, pero no se ve reflejado en el presupuesto para el 2020.
El Presupuesto de Egresos de la Federación sólo prevé para el sector educativo un incremento del 1.8 por ciento, muy por debajo del índice inflacionario anual de 3.7 por ciento, por lo que el próximo año el gobierno asignará en términos reales menos recursos a la educación, concluyó.
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Comunicado de la oficina de la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez