- El GPPAN refrenda su compromiso con los contribuyentes y sus derechos
La senadora Minerva Hernández Ramos precisó que detrás de la reforma para combatir la defraudación fiscal existe un claro ánimo recaudatorio, porque las cifras no le cuadran al Ejecutivo federal para atender los programas y proyectos.
“Necesita dinero urgentemente”, señaló la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN).
La legisladora fijó, a nombre de su Grupo Parlamentario, el posicionamiento sobre dictamen para reformar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la de Seguridad Nacional, así como los códigos Nacional de Procedimientos Penales; Fiscal de la Federación, y Penal Federal y advirtió que refrenda su compromiso con los contribuyentes y sus derechos.
La también secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público expresó que para obtener los recursos faltantes para atender la construcción del tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, las universidades Benito Juárez y la atención al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros, se pone a los contribuyentes entre la espada y la pared con dicha reforma.
Indicó que con las modificaciones al marco jurídico México se convierte en el primer país en considerar el fraude fiscal como una amenaza a la seguridad nacional, como un delito de delincuencia organizada que amerita prisión preventiva oficiosa y en el que se limitan los beneficios de las soluciones alternas al procedimiento penal.
“Nos están pidiendo aprobar un dictamen completamente a ciegas, sin tener a la mano datos duros que justifiquen la necesidad de estas medidas”, dijo.
La legisladora expresó que Acción Nacional va en contra del dictamen porque cada cambio legislativo propuesto por el gobierno o el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) limita los derechos ya reconocidos a los contribuyentes.
“Se están proponiendo reformas que van en contra del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que resultan inconstitucionales y que, como muchas otras decisiones de este gobierno, tendrán que ser revertidas a través de los mecanismos jurisdiccionales de control constitucional”, expuso.
La también vicecoordinadora económica del GPPAN aclaró que el voto en contra del dictamen no es para proteger a los “factureros” ni los “outsorceros”, los evasores fiscales ni los delincuentes, lo que se pretende es proteger a los contribuyentes responsables.
Reveló que entre las medidas alternas para combatir la evasión fiscal que sean menos lesivas para los derechos de los contribuyentes, está el uso de nuevas y mejores herramientas tecnológicas tal como lo planteó el Ejecutivo federal y, anteriormente, el PAN cuando en julio pasado propuso que el Servicio de Administración Tributaria aproveche el gran volumen de datos derivado de la contabilidad y facturación electrónica para elaborar una evaluación de riesgos de evasión fiscal.
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Comunicado de la oficina de la senadora Minerva Hernández Ramos
Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar el posicionamiento del GPPAN en relación con un dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
10 de septiembre de 2019
Versión de la intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar el posicionamiento del GPPAN en relación con un dictamen de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal
Gracias, senadora presidenta.
El dictamen que nos ocupa está proponiendo que el Estado mexicana pueda hacer uso de un régimen de excepción, de leyes especiales, de aquello que los juristas llaman “derecho penal del enemigo”, para combatir a la defraudación fiscal que se comete a través del uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
En el Grupo Parlamentario del PAN estamos conscientes de este grave problema y compartimos inquietudes expuestas en las iniciativas que se dictaminan; sin embargo, creemos que aun cuando el propósito es valioso, no se justifica la utilización de medios que son jurídica y éticamente inadmisibles.
Para Acción Nacional, la libertad de ninguna manera puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado, la libertad sólo debe tener los límites jurídicos que le imponga el interés nacional, las normas sociales y el bien común.
Quizá no dimensionamos, compañeros senadores, la trascendencia que implican los cambios avalados en este dictamen; México va a convertirse en el primer país en considerar al fraude fiscal como una amenaza a la seguridad de la Nación, como un delito de delincuencia organizada que amerita prisión preventiva oficiosa y en el que se limitan los beneficios de las soluciones alternas al procedimiento penal.
La investigación de campo y la reflexión jurídica han desmentido a los mitos que pretende justificar la prisión preventiva oficiosa, porque no reduce la incidencia delictiva, porque no disminuyen la inseguridad ciudadana, como tampoco garantiza la reparación del daño, ni todas las personas que fueron privadas de su libertad resultan ser lo peligrosas que asume el ordenamiento legal.
¿Alguno de ustedes sabe acaso cuáles han sido los resultados obtenidos respecto del ejercicio de la acción penal en contra de la evasión fiscal?, ¿alguno de ustedes dio sólo un dato aportado al respecto en este dictamen?, nos están pidiendo aprobar este dictamen completamente a ciegas, sin datos duros que justifiquen la necesidad de estas medidas.
Desde enero, en marzo y nuevamente en agosto propuse exhortar al SAT, a la Procuraduría Fiscal, a la Fiscalía General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal, para que informen a este Senado sobre los resultados del combate a los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, poniendo énfasis en los ejercicios fiscales, las contribuciones involucradas y los montos de las afectaciones económicas.
Hace apenas tres semanas, la Comisión Permanente aprobó este exhorto, que fue firmado por el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, por cierto, de Morena, y que fue votado favorablemente también por diputados y senadores de Morena.
Con este sustento, les pido que votemos en contra este dictamen para que podamos, primero, contar con esta información y ahora sí, con datos duros e inteligencia de Estado, podamos determinar la ruta a seguir para combatir con mayor efectividad la evasión fiscal en este país.
Ante este dictamen, es necesario cuestionarnos sobre la validez constitucional de las medidas propuestas, pues no podemos olvidar que la Constitución obliga a todas las autoridades, incluido el Legislativo, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; tenemos que preguntarnos si no existen otras medidas alternativas para combatir la evasión que sean menos lesivas para los derechos de los contribuyentes; por supuesto que existen.
En su Primer Informe de Gobierno, el presidente señaló que la adopción y el uso de nuevas y mejores herramientas tecnológicas en todo el proceso tributario han permitido detectar posibles mecanismos de evasión y de elusión fiscal; el PAN propuso eso, que sea el SAT quien aproveche el volumen de datos derivados de la contabilidad y de la facturación electrónica para elaborar anualmente una evaluación de riesgos, un “mapeo” de evasión fiscal y que, con esa base, sea el SAT quien haga uso de sus facultades de fiscalización, focalizándolas en los sectores de contribuyentes en los que es mayor el riesgo de defraudación, para que en cada caso se determine el monto de las contribuciones a pagar y la responsabilidad penal, en todo caso, del contribuyente.
Se trata de abordar este problema con inteligencia de Estado, pero al vapor compañeras y compañeros ni se puede hacer política pública, ni tampoco se puede legislar, me parece que queda muy claro que Acción Nacional no vota en contra solamente para llevar la contraria al Grupo Parlamentario mayoritario, no vota en contra para poner obstáculos al gobierno del presidente López Obrador.
En Acción Nacional votamos en contra de este dictamen porque con cada cambio legislativo propuesto por el gobierno o por Morena, se han ido acotando derechos ya reconocidos por los contribuyentes; a través de este dictamen, se están poniendo reformas que van en contra del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que resultan inconstitucionales y, como muchas otras decisiones de este gobierno, tendrán que ser revertidas a través de los mecanismos jurisdiccionales de control constitucional.
Que no se engañe a nadie: Acción Nacional no está pidiendo que se proteja a los “factureros” ni a los “outsourceros”, no estamos a favor de los evasores ni de los delincuentes; quienes apoyan este dictamen parece que olvidan que el derecho penal no puede sustituir a las políticas económicas ni tampoco puede ser un refuerzo instrumental de las mismas.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en contra de este dictamen porque estamos en favor de los derechos de los contribuyentes, porque el dictamen no está salvaguardando el principio de confianza legítima en las operaciones del contribuyente; por el contrario, está asumiendo que todos son delincuentes organizados y que la evasión fiscal es el deporte nacional, y lo que va a suceder es que, con estas medidas, van a poner a contribuyentes cumplidos entre la espada y la pared, así como a merced de mayores actos de corrupción por parte de funcionarios que, bajo la amenaza de prisión preventiva oficiosa, tomarán provecho de la situación.
El grupo mayoritario de este Senado se apresura a aprobar cambios legislativos que impactarán negativamente en los contribuyentes, pero cuando desde Acción Nacional hemos planteado la necesidad de reducir tasas, de ampliar deducciones, de permitir la depreciación de inversiones o de incentivar fiscalmente la economía, nos encontramos con oídos sordos y con brazos cruzados.
El grupo parlamentario mayoritario y el gobierno han lanzado una campaña de propaganda en medios, para convencer a la sociedad de los supuestos beneficios de estas reformas, un día sí y otro también están el presidente de la Comisión de Hacienda de este Senado o el procurador fiscal siendo entrevistados, señalando las supuestas bondades de que un problema de corte económica o consistente en un índice elevado de evasión fiscal, se combata a través de la cárcel y de los métodos de investigación reservados sólo para el narcotráfico o las redes de trata de personas.
Y lo venden como una fórmula mágica, como si se tratara de conceder mayores armas al poder punitivo del Estado para resolver el problema de la evasión fiscal, a través de las llamadas facturas falsas, pero hay que darnos cuenta, senadoras, senadores, el robo de hidrocarburos, el secuestro, la trata de personas, la corrupción de menores, el turismo sexual, el tráfico de órganos o el lavado de dinero, el robo de vehículos, todos ellos son delitos que ya se consideran de delincuencia organizada y de prisión preventiva oficiosa, y yo les preguntó: ¿ya por ese solo hecho se han acabado, ya no se cometen acaso estos delitos?, por supuesto que no.
Sorprende que para el fraude fiscal no se esté siguiendo el método que el mismo presidente ha puntualizado públicamente, en pedirles a los “factureros” y a los “outsourceros” que ya se porten bien y que piensen en sus mamacitas.
La razón por la que el gobierno no quiere acabar con el fraude fiscal a partir de la buena voluntad y de abrazos y no balazos es muy sencilla, amigos senadores, lo que hay detrás de esta reforma es un claro ánimo recaudatorio, porque las cifras no les están cuadrando, porque necesitan dinero de manera urgente, porque ante el faltante en el ingreso observado no les bastó con pegarle un mordisco de más de 40 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, porque este gobierno quiere más recursos para su Tren Maya, para la refinería de Dos Bocas, para Santa Lucía, para las Universidades del Bienestar, en las que la SEP ha declarado inexistentes o ilocalizable la información sobre dirección, costo por alumno, sueldo de profesores o costo de construcción, o para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyos datos son improbables e inverificables.
Para esto quieren más recursos y por eso están atacando a los contribuyentes cumplidos con acciones que se constituyen en terrorismo fiscal. Por supuesto que Acción Nacional no puede votar a favor este dictamen.
Es cuanto, senadora presidenta.
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