Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos en la inauguración del foro “Las reformas fiscales y penales contra las facturas falsas y las empresas fantasma”.
22 de agosto de 2019
Versión de la intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos en la inauguración del foro “Las reformas fiscales y penales contra las facturas falsas y las empresas fantasma”
Buenos días.
Saludo a la senadora Nuvia Mayorga, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; al doctor Héctor Herrera Ordóñez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; a la senadora Xóchitl Gálvez, compañera del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y secretaria de la Comisión de Combate a la Corrupción, con quienes comparto el presidium inaugural de este foro, al que hemos denominado “Las reformas fiscales y penales contra las facturas falsas y las empresas fantasma”.
Quiero expresar un respetuoso saludo a todos los ponentes que nos acompañan esta mañana, todos ellos expertos con reconocida trayectoria profesional y académica, a quienes les agradezco demasiado su interés en compartirnos su perspectiva y conocimiento sobre este tema, que en las últimas semanas ha cobrado mayor relevancia, sobre todo a partir de la votación del dictamen por parte de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, que ocurrió la semana pasada.
Manifiesto también mi sincero agradecimiento para las y los senadores de esta LXIV Legislatura que tienen un claro interés de que exista un combate decidido, frontal y eficaz al uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones falsas, inexistentes y actos jurídicos simulados.
Debo agradecer también la participación, desde luego, de cada uno de ustedes que decidieron ser actores protagónicos esta mañana. Este esfuerzo de reflexión se realiza con el objetivo de que sean ustedes, los ciudadanos, quienes participen de la discusión de los asuntos públicos y nos nutran con sus comentarios, observaciones y cuestionamientos.
El tema que nos ocupa representa una problemática compleja para las finanzas públicas, pues el uso de empresas fantasma y facturas falsas implica un ciclo pernicioso, que involucra a varios actores: a los que constituyen estas empresas, auxiliados de funcionarios fiscales y de fedatarios públicos corruptos, a quienes venden facturas falsas, es decir, comprobantes fiscales que amparan operaciones materialmente inexistentes o actos jurídicos simulados, a los que compran esas facturas falsas para dolosamente darles un efecto fiscal, reduciendo su carga tributaria u obteniendo a su favor beneficios fiscales indebidos.
Y en el otro extremo de esta problemática están los derechos fundamentales de los contribuyentes, las libertades esenciales de los individuos, el principio de presunción de inocencia, o la necesidad de impulsar el desarrollo económico, comercial y empresarial ante un escenario de desaceleración global de la actividad económica.
Y otro factor que no debe soslayarse es el bajo crecimiento, en términos reales, de los ingresos presupuestarios, en especial del Impuesto sobre la Renta y también del Impuesto al Valor Agregado, mientras que los ingresos petroleros están registrando una caída clara trimestre tras trimestre. Esto debemos dimensionarlo frente a las notas de prensa y a los análisis serios, que señalan que el mercado de las facturas falsas rebasa ya los 2 billones de pesos y que la evasión fiscal implica una pérdida de recaudación que tiene un potencial de casi 500 mil millones de pesos.
Se trata de una problemática compleja, se trata de que podamos buscar las alternativas de creación normativa que sean más eficientes, más óptimas, más acertadas para balancear los elementos que hemos señalado.
A la fecha, seguro que todos ustedes conocen ya el proyecto de dictamen que aprobamos, bueno, aprobamos, digo, porque fue en plural, su servidora se abstuvo en esa votación, que propone abordar esta problemática desde la perspectiva del poder punitivo del Estado mexicano.
En lo personal, habiendo centrado mi trayectoria profesional en el área de las finanzas públicas, considero que el derecho penal no puede sustituir a las políticas económicas ni puede tampoco ser un refuerzo instrumental de ellas.
Desde mi perspectiva profesional como administradora pública y, por supuesto, como legisladora, considero que en una democracia, en un régimen de libertades, solamente deberíamos considerar como conductas punibles en materia tributaria a los que fueran los más graves atentados contra la hacienda pública.
Y, bueno, recordando mis clases de Maestría en Anticorrupción, el derecho penal no puede ser un instrumento para brindar seguridad, sino para salvaguardar la dignidad humana, pues hacerlo en forma contraria nos llevaría a una crisis de derechos humanos.
Por eso, ante la propuesta que se ha hecho de considerar a la defraudación fiscal como amenaza a la seguridad nacional, como delincuencia organizada, como delito que amerita prisión preventiva oficiosa y ante lo cual se limitan los beneficios de las soluciones alternas al proceso penal y la aplicación de un criterio de oportunidad, considero muy pertinente cuestionarnos sobre la validez constitucional del fin que están persiguiendo estas medidas, es decir, creo que es oportuno hacer una pausa para preguntarnos si estas medidas son o no las idóneas para alcanzar el fin de poner un alto a la evasión fiscal y al uso doloso de las facturas falsas.
Hay que cuestionarnos sobre si existen otras medidas alternas para combatir con mayor eficacia y eficiencia estas conductas, pero que a la vez resulten menos lesivas para los derechos fundamentales de los contribuyentes.
Personalmente, estoy convencida que el combate a la facturación falsa y a la utilización de empresas fantasma como instrumentos que afectan la recaudación tributaria del país, debe ser abordado como un problema de Estado y que debe partirse de bases sólidas, atenderse con datos duros y, sobre todo, con inteligencia de Estado para así determinar la efectividad en el combate a la evasión fiscal en nuestro país y contar con la información que nos permita identificar las áreas de oportunidad que existen.
Creo que un problema de dimensiones tan exacerbadas como éste requiere que desde el Congreso de la Unión concedamos a las instituciones del Estado –trátese de las instituciones parlamentarias, las de procuración de justicia o las de administración tributaria– un margen de actuación que, sin dar lugar a arbitrariedades y excesos, permita una correlación y una sinergia de todas las instituciones del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, y no centrarnos en una actuación ex post, sino también analizar las posibilidades de que una regulación ex ante puede aportar para el combate a la evasión fiscal y a las facturas falsas.
Y con este espíritu de aportar ideas, y de escuchar comentarios y propuestas por parte de los expertos, muchos de los aquí presentes lo son, es que surgió esta inquietud de organizar este foro.
Y pues no me resta más que agradecer su interés y ceder el uso de la palabra a mi buen y querido amigo el doctor don Héctor Herrera, para que también les dirija un mensaje.
Muchísimas gracias y bienvenidos.
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