Senadora Guadalupe Murguía: Ley Bonilla, golpe parlamentario a la democracia

Profunda indignación ha causado en la opinión pública la reforma constitucional recientemente aprobada por el Congreso de Baja California, por la que se pretende ampliar de 2 a 5 años el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla.

La reforma aprobada por 21 votos en el Congreso local también fue validada de forma exprés por tres de los cinco ayuntamientos del estado, aunque el gobernador en funciones se ha negado a publicarla.

Cabe destacar que en 2014 la legislatura del estado decidió empatar la elección de la gubernatura con las elecciones federales intermedias de 2021, y para ello dispuso un artículo transitorio a fin de que, por única vez, la gubernatura electa en 2019 durara dos años.

El gobernador electo y el grupo de Morena ya habían intentado prolongar el mandato y lograron que el Tribunal Electoral de Baja California fallara a su favor durante la campaña, extendiéndolo de dos a seis años, pero fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se dejó sin efecto la sentencia.

Pero Bonilla ahora contó con la “disposición” de diputados de todos los signos partidistas en el Congreso local de mayoría panista.

El asunto es de escándalo porque sienta un precedente muy grave contra los principios democráticos de certeza y legalidad en los procesos electorales, además de que abre la posibilidad de que cualquier congreso, incluido el federal, pueda decidir ampliar el periodo constitucional para algún otro gobernante.

La decisión del Poder Legislativo del estado de Baja California no sólo es ilegal y contraria al sistema democrático, es también inmoral; se han expresado diversos comentarios de que los diputados locales recibieron “beneficios” a cambio de conceder su voto, lo que constituye un acto de corrupción, tipificado como delito grave, tanto por parte de quien lo recibe, como de quien lo ofrece.

La indignación es de tal magnitud que hasta personajes como Cuauhtémoc Cárdenas y los morenistas Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clouthier, Lorena Villavicencio y Mario Delgado han condenado los hechos. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se ha pronunciado por la desaparición de poderes en el estado.

Por su parte, el presidente López Obrador ha evitado pronunciarse al respecto y la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, apoya la medida bajo el argumento de que el pueblo lo pidió y que se cansa de votar.

Incluso la Comisión Permanente del Congreso federal emitió un rechazo unánime y condenó el acuerdo del Congreso de Baja California.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD presentarán ante la SCJN acciones de inconstitucionalidad y el dirigente de Coparmex en la entidad anunció que alista un juicio de amparo para revertir la reforma.

No cabe duda que Morena llevó a cabo un golpe parlamentario a la democracia que deslegitima al gobernador electo, pero también afecta gravemente al Presidente de la República.

Lo sucedido en Baja California es vergonzoso e inconstitucional y uno de los mayores desafíos al sistema democrático del país.

El asunto es tan grave y trascendente que por ningún motivo podemos dejarlo pasar y requiere la intervención de la SCJN para restituir de manera inminente el orden constitucional.

Facebook: Lupita Murguía

Twitter: @LupitaMurguiaG

Instagram: @lupitamurguiag

Publicado por El Diario de Querétaro, 24 de Julio de 2019

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *