Senador Damián Zepeda Vidales, al presentar una iniciativa que reforma el artículo 102 apartado B, párrafo segundo, de la Constitución

 

Versión de la intervención del senador Damián Zepeda Vidales, al presentar una iniciativa que reforma el artículo 102 apartado B, párrafo segundo, de la Constitución

 

Gracias, Presidente.

Con el permiso de esta Comisión, el día de hoy venga aquí a título personal a presentar una iniciativa de la cual tengo convicción personalísima para fortalecer a las comisiones, tanto nacional, como estatales de Derechos Humanos, dando obligatoriedad al cumplimiento de las recomendaciones que emitan en los casos de violaciones de derechos humanos.

Lo hago, reitero, a título personal, convencido de que debemos de proteger, al máximo, la violación de derechos humanos en este país y lo hago en el marco de una realidad nacional.

Alrededor del 40 por ciento de las recomendaciones que se emiten por parte del órgano nacional, no tienen un cumplimiento de alguna manera, o son rechazadas o son atendidas parcialmente, pero alrededor del 40 por ciento después de una investigación, después de un procedimiento y después de una determinación de un órgano nacional dedicado a la protección de derechos humanos, el gobierno decide no atenderlas.

Me parece que esto es inaceptable, cobra visibilidad el problema con las recientes recomendaciones en materia de estancias infantiles, en donde la Secretaría de la materia simple y sencillamente se atreve a decir que es aberrante la recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el Presidente de la República también respalda el rechazo.

Hoy nuestro marco jurídico establece un mecanismo, de alguna manera de rendición de cuentas, pero muy limitado, en donde si lo pide el órgano el Senado puede llamar a cuentas, tiene que pedirlo el órgano y luego el Senado tiene que aprobarlo para que venga a explicar por qué no un funcionario. Nos parece delicado o me parece delicado que esto sea así.

El avance en materia de derechos humanos en nuestro país ha sido paulatino, en el ’89 el ex presidente Salinas promovió, primero, a través de una dirección general en la Secretaría de Gobernación, una dirección general de Protección de Derechos Humanos.

En 1990 había decreto, crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 1992 se le da calidad constitucional. En 1999, autonomía plena y en el 2011, en el marco de la mayor reforma de derechos humanos en el país, se fortalecen sus atribuciones.

Sin embargo, al día de hoy las resoluciones que tienen son meras recomendaciones, como su nombre lo dice y pueden o no atenderse.

No soy ajeno al debate en la materia, sé bien que existen voces, incluyendo el sector de defensa de derechos humanos, que consideran que este no es el camino, que las recomendaciones deben hacerse valer por el peso moral de la institución y que para eso existen tribunales.

Yo lo respeto, pero no lo comparto. Y creo, de hecho, que la Corte ha venido avanzando en nuestro país a reconocer instancias similares a nivel internacional con validez y vinculación obligatoria. Hay dos ejemplos, dos resoluciones muy importantes: en el 2011 y en el 2013, si no me falla mi memoria, en donde la Corte acepta que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tengan calidad de vinculantes para todos los jueces mexicanos.

Si estamos aceptando en nuestro marco legal mexicano que resoluciones de órganos internacionales de derechos humanos sean vinculatorias, ¿por qué no reconocer que las resoluciones del órgano de protección de derechos humanos nacional también lo sea?

Y no soy ajeno también a los intentos de control y desaparición de dicho órgano, ahí sí, por supuesto que no.

Esta iniciativa no pretende, como pretenden otras, cambiar el modelo para volver a nombrar ahorita al responsable, no señor, está nombrado ese órgano y tiene que concluir. No hay que debilitarlo, hay que fortalecerlo.

Por supuesto que aceptaría o creo que valdría la pena abrir el debate y si esta no es la solución, encontrar otra. Pero se tienen que fortalecer las resoluciones del órgano de derechos humanos a nivel nacional y a nivel estatal.

Pudiera tener solo este carácter en algún tipo de violaciones, las que deriven de investigaciones de violaciones graves, facultad que tenía antes la Corte y que ahora tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo.

Pudiera tener las recomendaciones una calidad y luego con el voto unánime de su Consejo, o con ratificación del Senado, la calidad de vinculatoria, de acuerdo.

Pudiera tener control judicial para que fueran atacables ante la Corte directamente, una resolución considerada vinculatoria, de acuerdo. Pero para todo ello debemos abrir el debate. Lo que es claro es que el modelo actual no funciona, porque con completa ligereza la autoridad federal o en los estados pueda decir: “sí, qué bueno que hiciste tu trabajo, qué bueno que encontraste una violación de derechos humanos, no me importa, no la acato.” No está bien en nuestro país.

Fortalezcamos a los organismos, tanto nacional como estatales, de derechos humanos, con esta propuesta de darle calidad de vinculante a las resoluciones que de ellos deriven y abramos, con esta iniciativa, que es mi objetivo, el debate al respecto, para encontrar la mejor manera de proteger los derechos humanos de los mexicanos.

Muchas gracias por su atención.

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