Senadora Minerva Hernández Ramos presenta posicionamiento del GPPAN al dictamen en materia educativa

 

 

 

Versión de la intervención en tribuna de la senadora Minerva Hernández Ramos al presentar el posicionamiento del GPPAN al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

Con su venia, Presidente.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional concebimos a la educación como un proceso amplio que tiene como finalidad la formación integral de cada persona para desarrollar plenamente sus valores, capacidades, talentos y aptitudes.

Los senadores del PAN estamos convencidos de que la educación es el medio más eficaz para el constante desarrollo y perfeccionamiento de las personas.

No hay manera en que podamos construir una sociedad más ordenada y más generosa sin que entendamos que la educación debe ser integral y formativa en valores como la paz, la libertad, la igualdad y la democracia.

Precisamente por eso, quienes somos senadores del PAN creemos que debe revalorarse la dignidad de la labor magisterial, porque la relación entre los docentes y sus alumnos es parte esencial del proceso educativo; porque creemos que sí, se trata del interés superior de la niñez en el proceso educativo, pero también de reivindicar la dignidad del magisterio y de fortalecer la participación de las madres y los padres de familia.

Las y los maestros tienen a su cargo una de las más importantes funciones: educar para la democracia, fomentar el pensamiento crítico y promover los valores inherentes a la libertad y la paz.

Esto lo sé porque lo viví y lo vivo, lo sé porque mis padres se desempeñaron como profesores y conozco del amor, de la pasión y la entrega de los docentes, en el aula y fuera de ella, y porque también conozco de las precariedades y de las dificultades que enfrentan en su labor diaria; lo sé porque aquí en el Senado y allá en la Cámara de Diputados hay 22 valiosos parlamentarios del PAN que son y han sido docentes en diferentes niveles.

Por eso, senadores, es completamente injusto que con la actual reforma constitucional se deje al magisterio a merced de la incertidumbre, que no se reconozca plenamente el esfuerzo que los docentes han puesto en su preparación, en su actualización y profesionalización continua, que se tengan oídos sordos ante la petición de muchas maestras y muchos maestros que quieren ser reconocidos por sus méritos y que ya no quieren que sus plazas laborales sean asignadas por amiguismos, por compadrazgos o a cambio de dinero o favores sexuales, o incluso por tómbola.

Todos nosotros, senadores, tenemos el recuerdo de una maestra o de un maestro que nos transformó la vida, que nos hizo mejores, que nos alentó y puso ante nosotros retos intelectuales, ese maestro o maestra que a través de su labor en cada alumno, poco a poco, fue transformando nuestra realidad social.

Con ese ideal en mente, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con el acompañamiento continuo de la sociedad civil organizada, dedicó sus esfuerzos a mantener, mejorar e innovar el marco jurídico vigente en materia educativa, porque no podíamos permitir un retroceso normativo en perjuicio de los derechos de los educandos, ni tampoco de los docentes; por eso, corregimos ese grave error de haber eliminado la autonomía universitaria; propusimos la inclusión de asuntos relacionados con educación inicial; la educación superior; la educación especial; la educación pluricultural y plurilingüe; la educación basada en un enfoque de derechos e igualdad sustantiva; el acceso a los beneficios de la ciencia y de la innovación tecnológica; y a la mejora de las escuelas normales.

Sin embargo, las condiciones políticas en que fueron llevados a cabo estos esfuerzos, no permitieron que este Congreso de la Unión entregue a México una reforma educativa pensada hacia el futuro; una reforma en la que se reafirme la responsabilidad del Estado en el servicio público de la educación y sobre el proceso formativo que éste implica.

Por el contrario, fueron la negociación política y los intereses cupulares y clientelares los que tuvieron una mayor ponderación para que, a toda costa, saliera adelante esta reforma constitucional.

A pesar de que se vulneró el mandato legal expreso de que el Presidente debió entregar la evaluación del impacto presupuestario correspondiente a esta reforma, será votada a favor.

A pesar de que, por primera vez, un órgano constitucional autónomo está siendo degradado a una “autonomía técnica y operativa” y a un control del Ejecutivo que, aunque en el papel se quiera establecer como indirecto, en la práctica será real y efectivo, será votado a favor.

A pesar de que no se está garantizando la viabilidad financiera del federalismo educativo, porque en ninguna parte se establece cuál será el mecanismo de asignación de recursos para que las entidades federativas atiendan las nuevas atribuciones que en materia educativa se les confieren, será votado a favor.

Esta cuarta transformación encierra un enigma: acostumbrados a una larguísima campaña electoral de 18 años, todavía no entienden que ya son parte de un poder del Estado, que los lugares comunes y las frases hechas que les funcionaron estando arriba de un templete no pueden de ninguna manera sustituir a la técnica legislativa, al proceso parlamentario, a la política pública, ni a la acción de gobierno.

En este nuevo gobierno y con esta nueva mayoría parlamentaria, el sello de la casa ha sido todo lo contrario de actuar con orden, apego a la ley y la prudencia; por el contrario, se ha actuado al vapor, y como decían en el siglo de oro español, a tontas y a locas.

La 64 Legislatura es testigo del agotamiento de los cauces institucionales. La mayoría parlamentaria nos obsequia la nueva rutina de creer que los 30 millones de votos pueden justificarlo todo, aunque sea un retroceso constitucional y así se trate de la eliminación de contrapesos y de la concentración del poder.

Maquiavelo decía que, para actuar con prudencia, no hay otra ruta que abrir los ojos a la realidad, a la verdad efectiva, porque en política, senadoras y senadores, no hay permiso para la ingenuidad.

Es verdad, la reforma que estamos votando tiene muchísimas virtudes, pero el brillo de éstas no puede cegarnos al grado de que no advirtamos y que ni siquiera busquemos corregir los vicios que consideramos perjudiciales para el interés superior de la niñez, para el magisterio y los docentes, o para la participación de madres y padres de familia.

Bajo estas condiciones, el Grupo Parlamentario del PAN no puede emitir un voto de confianza a esta reforma.

No podemos como Legisladores permitir ser ingenuos, ni tampoco podemos dar espacio a la incertidumbre o a la inseguridad cuando lo que requiere la educación en este país son certezas y garantías sobre el adecuado ejercicio de nuestros derechos fundamentales.

Es cuanto, senador presidente.

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