miércoles, abril 24, 2024

Julen Rementería pide cuentas claras por adquisición de patrullas en Veracruz

Descargue los documentos de la conferencia

El senador Julen Rementería del Puerto solicitó al gobierno de Veracruz, que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, aclare con transparencia y legalidad el pago “exorbitante” en la compra de 160 patrullas.

Rementería del Puerto recordó que, de acuerdo con información revelada por el mandatario estatal en su cuenta de Twitter, la inversión de 208 millones de pesos fue por la adquisición de 160 patrullas.

El senador panista señaló que el gobernador Cuitláhuac García realizó una rueda de prensa el pasado lunes, en la que se contradijo en la información que proporcionó en conferencia y a través de su red social.

En ese sentido, refirió que al hacer cuentas de dicha compra realizada por el morenista Cuitláhuac García, se estaría hablando de alrededor de 122 millones de pesos, sin embargo, el monto suma 208 millones de pesos.

“No se habían comprado 160 patrullas sino 50 y estas habían costado 40 millones de pesos, según los datos de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz”, dijo.

Añadió que, al hacer las cuentas, el precio real que se cotizó era de 776 mil pesos; y el precio que presentó Cuitláhuac García fue de 1 millón 300 mil, de cada una de las 160 unidades.

“Estaríamos hablando que, en el caso del precio real, esto es una cotización que hicimos a una empresa cualquiera que se dedica a esto, sin hablar de volumen, que significaría un descuento; estaríamos hablando de 122 millones de pesos contra 208 millones de pesos”, indicó.

Al valor sobrante el senador veracruzano le llamo “monto perdido” de 85 millones de pesos.

Ante ello, el legislador federal formuló tres peticiones a la plataforma nacional de transparencia, una el 3 de mayo y dos más este lunes 6.

Dichas solicitudes de transparencia fueron dirigidas a la Secretaría de Finanzas de Veracruz, para que rinda cuentas, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, teniendo como fecha límite los días 21, 22 y 23 del presente mes, para que se le dé respuesta.

“No podemos aceptar en Veracruz, y me parece que ninguna parte del país, que simplemente se salga a decir que se compran patrullas, que la urgencia merece, amerita hacerlo, a través de la excepción a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y que por ello no da información”, concluyó el senador panista.

Comunicado de la oficina del senador Julen Rementería del Puerto

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7 de mayo de 2019

Versión de la conferencia ofrecida por el senador Julen Rementería del Puerto, para hablar sobre la corrupción en Veracruz.

 

Senador Julen Rementería del Puerto (JRP): Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.

Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes esta mañana aquí, 7 de mayo.

Me parece que es oportuno, precisamente, en este día, porque justo el día de ayer en el estado de Veracruz, específicamente, en la capital del estado, en el Palacio de Gobierno, se dio a cabo una conferencia de medios en la que el gobernador del estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez pretendió explicar la compra de equipo para seguridad pública, específicamente, patrullas.

Y esto empieza justo el día 2 de mayo con un evento y, posteriormente, una publicación en su red social, en Twitter, en donde habla de una compra, aquí habla de haber adquirido, pues, estamos hablando de 160 patrullas por un importe de 208 millones de pesos. Él firma y pública este tweet en su cuenta oficial.

Cuando supimos de esta noticia, lo que hicimos fue rápidamente hacer una operación muy sencilla y poder detectar que 208 millones de pesos entre 160 patrullas nos da a un importe de 1 millón 300 mil pesos por patrulla; una cantidad verdaderamente fuera lugar, exorbitante, por decir lo menos.

Al publicar nosotros en nuestra red social, pues, esta inquietud y la solicitud de información para que se pudiera aclarar este dato, bueno, convocó a una rueda de prensa que se celebró el día de ayer.

Nosotros, además, aportamos en nuestra información, un servidor, en una, pues, compra que se hizo de un equipo equivalente, también equipado para seguridad pública, patrullas pick ups, con un costo que es exactamente a la mitad; un poco más de 700 mil pesos, en un municipio, en Ahome, Sinaloa; en donde lo que vimos es que al poder comparar estas dos cifras, lo que logramos fue, pues, establecer está diferencia.

El precio individual, el precio real que pudimos cotizar, era de 776 mil pesos; el precio Cuitláhuac, el precio del gobierno del Estado, 1 millón 300 mil; el precio de 160 unidades, estaríamos hablando que, en el caso del precio real… esto es una cotización que hicimos, que aquí la tengo, más adelante, ahora se las mostraré, a una empresa cualquiera que se dedica a esto, sin hablar de volumen, que significaría un descuento; estaríamos hablando de 122 millones de pesos contra 208 millones de pesos.

Nosotros llamamos “monto perdido” a 85 millones de pesos.

Esta cuenta a la hicimos también justo antes de que se hiciera público, precisamente, el tema ahí en las redes y que además el gobernador convocara a esta rueda de prensa el día de ayer, en la que finalmente, pues, el resultado que vimos es que no se explicó absolutamente nada.

A esto, lo que derivamos con ello fueron tres solicitudes en la plataforma nacional  de transparencia: una del día 3 de mayo y otra del día 6, ayer mismo, y otra del mismo día 6 un poco más tarde por información adicional que se había difundido en la propia conferencia de medios.

El gobernador en la conferencia de medios del día de ayer estableció dos cosas: primero –además, contradiciendo su información, la del tweet y la oficial que se había hecho en la página comunicación social- que no se habían comprado 160 patrullas, sino que se habían comprado 50, que estás habían costado 40 millones de pesos.

Se le inquirió sobre a quién se le compró, no se dio la información; se le solicitó también, en todo caso, el detalle del equipo que traía la patrulla, tampoco se dio la información.

De manera que el jueves que ofreció la rueda de prensa, para el lunes, tuvo el viernes, sábado y domingo, para llegar el lunes a las 10 de la mañana sin llevar un solo papel que acreditara su dicho. Por lo tanto, bueno, pues, no podemos creer nada más en lo que se pueda mencionar ahí.

Yo quiero decirles que él al hacer la explicación hablaba de una compra, una adquisición de 50 patrullas y un arrendamiento de las otras 110. Nos dimos a la tarea, y por eso la solicitud de información en la plataforma nacional de información, para poder saber cuáles serían los requisitos que se tendría que hacer a través de una compra de unas patrullas, a través de ese mecanismo de financiamiento, que no es otra cosa que el arrendamiento financiero.

Y el artículo 27 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios establece, con toda claridad, que tratándose de arrendamientos financieros debemos atender lo que dice el artículo 26 de la propia ley. Y déjenme leerles algunas partes que me parecen sustantivas de este artículo 26, que también se está omitiendo.

El artículo 26 dice que el secretario de finanzas, tesorero municipal o su equivalente de cada ente público, según corresponda en su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones de mercado.

En su inciso uno dice: implementar un proceso competitivo con por lo menos 5 diferentes instituciones financieras, del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de financiamiento; la temporalidad de dichas propuestas no deberá diferir más de 30 días y deberán tener una vigencia mínima de 60 días naturales. Tratándose de propuestas relativas a instrumentos derivados no será aplicable la vigencia mínima de 60 días naturales.

Pero miren lo que dice el inciso 2: la solicitud del financiamiento que realiza cada institución financiera deberá precisar ser igual en cuanto a monto, plazo, perfil, amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad, entrega de los recursos y, en su caso, la especificación de recursos a otorgar como fuente de pago del financiamiento o garantía a contratar, de acuerdo con la aprobación de la Legislatura local, cuando proceda, y en ningún caso podrá exceder los términos y condiciones autorizados por esa Legislatura.

En el tercer inciso dice: las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar todos los términos y condiciones financieras aplicables al financiamiento, así como la fuente o garantía de pago que se solicite. El ente público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta.

Y en el inciso cuarto dice: contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para ente público, es decir, el costo financiero más bajo incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta, para establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados de financiamiento. Se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo de tasa efectiva, bajo los lineamientos para tal efecto que emita la secretaría.

Y por último, en el inciso cuatro de esta parte, en su inciso quinto, dice: el ente el ente público en cualquier caso deberá elaborar un documento que incluya el análisis comparativo de las propuestas conforme a lo establecido en la fracción cuarta de este artículo; dicho documento deberá publicarse en la página oficial de internet del propio ente público o, en su caso, en la entidad federativa o municipio, según se trate.

Es el caso que ninguna de estas obligaciones que mandatan los artículos 26 y 27 de la Ley de Disciplina Financiera se han cubierto. Por eso, en nuestras tres solicitudes lo que estamos es, primero, el 3 de mayo a la Secretaría de Seguridad Pública para que nos explique los montos especificados en cuanto a los alcances, el equipo, a qué empresa, todo lo relativo a la compra de las 50 patrullas.

Y en el caso de la Secretaría de Finanzas estamos haciendo dos solicitudes: una aproximadamente a las 6 de la tarde y otra a las 9 de la noche del mismo día, para que no sea explicado todo lo que refiere específicamente el artículo 26 en varios de sus incisos de la Ley de Disciplina Financiera.

La fecha límite para que esto pueda entregarse, esta información, es precisamente el día 21 para la primera, y el día 22 y 23 para la segunda y tercera solicitudes de información, respectivamente.

No podemos aceptar en Veracruz, y me parece que ninguna parte del país, que simplemente se salga a decir que se compran patrullas, que la urgencia merece, amerita hacerlo, a través de la excepción a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y que por ello no da información.

La conferencia de medios que dio ayer y la explicación del porqué no daba la información, realmente avergüenzan a los veracruzanos. No se puede pensar que un gobernador del estado simplemente argumente esta excepción en la Ley de Adquisiciones y Obra Pública que se tiene para equipo de seguridad, para poder hacerlo bajo los sistemas de una licitación restringida o, incluso, de adjudicación directa, que eso significa una cosa, y, otra distinta, es que no entrega la información y no la ponga a la disposición de los ciudadanos en general, como está obligado.

Desde aquí convocamos al gobernador del estado, al gobierno de Veracruz en su conjunto, para que dé respuesta puntual, suficiente y, además, clara de todo lo que tiene que ver con la adquisición de este equipo para la Secretaría de Seguridad Pública.

Por lo pronto, lo que hoy está en el ambiente, lo que hoy queda pendiente de aclarar es esta diferencia de varias decenas de millones de pesos entre el costo en el que él dice que las adquirió y el costo de mercado que se podría obtener.

Algunos de los pretextos utilizados por el gobernador tienen que ver con que va a lograr contratar, a través de esta compra, el mantenimiento correctivo y preventivo. Pues, déjeme decirles que hay 19 contratos referidos de la página por una orden de 79 millones de pesos, precisamente, para el mantenimiento de las unidades de seguridad pública que ya ha sido contratado por un período que abarcará estos meses de este año 2019.

Por lo tanto, en ninguna parte coinciden las cifras; me parece a mí que lo que está obligado el gobernador es a, con toda claridad y sobre todo con documentos en la mano, explicarle a los veracruzanos lo que está pasando y poder tener la certeza, los veracruzanos, no con la fe en la palabra del gobernador, sino con el sustento en los documentos que está obligado a presentar de que lo que se hizo en Veracruz es correcto.

De momento lo que tenemos es una muy fuerte inquietud respecto a qué pasó con esta compra, por qué ese precio y, en todo caso, quién tiene la oportunidad de aclararlo y de sustentar su dicho y de poder corroborar que el precio es el correcto es el gobierno del estado. A eso lo convocamos, a que lo haga y lo haga pronto, por el bien de Veracruz y por el bien, por supuesto, del propio gobierno que el mismo gobernador encabeza.

PREGUNTA: Buenos días, entonces ¿podríamos entender que la austeridad republicana ya tronó en Veracruz con el precio de las patrullas que nos presentaba? ¿Y cabría el exhorto de la Comisión Permanente o que ustedes metieran el exhorto en la Comisión Permanente para que le hiciera un llamado al gobernador para que explicara por qué las diferencias que hay en el costo promedio de patrullas a lo que él compró? Y, en otro tema, ayer el diputado Mario Delgado señalaba que podría haber cambios a la minuta, al dictamen de la reforma educativa que viene ahora de San Lázaro otra vez al Senado, incorporar temas que se habían dejado de lado como el énfasis en la educación matemática y español; si esto se diera, el cambio en la minuta que enviaron acá, ¿el Partido Acción Nacional podría apoyar en el extraordinario la aprobación de esta reforma constitucional?

JRP: Muy bien, gracias. Empiezo por la primera. Efectivamente la austeridad republicana, si en Veracruz existe por lo menos no se demuestra. Y dicen que para ser hay que parecer. Y por el momento el gobierno de Veracruz no lo parece, no parece que esté practicando esta austeridad republicana.

Y lo digo, precisamente, porque se sustenta en estos hechos, en donde no hay la claridad. ¿Qué le hubiera costado al gobernador, si desde el jueves estaba convocado, haber llevado los documentos, haber llevado los contratos, establecido cuáles fueron los precios, con qué empresa se hizo, cuál fue el proceso de licitación, llevar la constancia la publicación en las páginas de internet que era la que está obligado de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera y poder aclarar todo el tema y poder decir esto costaron las patrullas, así se compraron estas, así se compraron estas otras y zanjar esta diferencia que son muchísimos millones de pesos y que, por supuesto, no hablan de una austeridad republicana?

Respecto al segundo tema…

P: Antes, el exhorto. Si cabe que la Comisión Permanente le haga un exhorto al gobernador.

JRP: Sí, por supuesto que sí.

Lo que sucede es que esto apenas viene ocurriendo el jueves; fue el día que la presentó. El viernes hicimos la presentación oficial de las solicitudes de información a través de la plataforma nacional de transparencia. Éstas tendrán que resolvernos, pero, bueno, yo plantearé hacia el interior de nuestro Grupo Parlamentario el poder hacer este exhorto a través de un punto de acuerdo, de un pronunciamiento para poder exigir al gobierno del estado que cumpla con la obligación mínima que tiene de transparentar aquellas actividades que tiene que ver con la erogación de recursos y, sobre todo, tan importantes como esto.

Y respecto de la tercera pregunta que tiene que ver con las modificaciones que pudieran darse al dictamen para la reforma educativa, pues éstas dependen de cuánto sea, de cuánto quieran avanzar porque hay mucho que hay que hacer. Hubo una gran cantidad de reservas apenas el día que se discutió aquí y que no fue aprobada en el Senado, y lo que nosotros necesitamos es saber cuáles de ellas, las sustantivas, están dispuestas a modificar y si aquellas reformas que se propusieron a través de reservas en el Pleno pueden darse al dictamen y pueden mejorar la iniciativa en la reforma educativa, pues podríamos estar seguramente en condiciones de valorar. Eso será una decisión que tome el Grupo Parlamentario en su conjunto, pero, de entrada, yo creo que es algo que podríamos valorar positivamente, pero se tiene que ir a lo sustantivo, no simplemente a aquellas reservas que pudieran significar un avance, pero no el suficiente como para poder revertir el sentido del voto.

P: Senador, ¿cómo está?, buen día.

Preguntarle ¿por qué esperar a que le gobernador dé una explicación?, ¿ya procedió legalmente?

JRP: Ya.

P: ¿Levantó alguna acta en la Auditoría Superior de la Federación?, ¿cuál va a ser el siguiente paso, legalmente, que va a seguir si el gobernador no responde a esto?

Y también preguntarle: las finanzas del estado, después del gobierno de Javier Duarte, quedaron bastante dañadas, ¿esto qué representa para lo que acaba de presentar hoy para la economía del estado?

Gracias.

JRP: Con mucho gusto.

Te comento: efectivamente ya procedimos de manera legal. Ya presenté, oficialmente desde el día 3 y luego en dos ocasiones el día de ayer, solicitud de información a distintas dependencias: a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Finanzas para que se nos informe por la vía oficial, a un servidor, respecto de lo que está pasando ahí.

¿Qué otra cuestión legal hay que hacer? Bueno, una vez que se tenga esta información o cualquiera adicional que se pueda obtener, pues proceder en consecuencia.

¿Por qué vía? Por la que corresponda; no lo sabemos todavía.

Por el momento, esto ocurrió el jueves, hoy estamos a martes. El día viernes hice la primera solicitud, ayer lunes hice dos solicitudes adicionales y estamos a la espera de que se nos conteste.

Pero mi exhorto en este momento ante ustedes es para que esto se haga en cuanto antes, no tengamos que esperar a que el 21, en un caso, el 22 y el 23, en los otros dos casos, me tengan que contestar.

Y respecto al impacto, pues sí, el que pueda, de repente, en un estado como el nuestro, ante tanta necesidad, con tanta carencia como la tiene el estado de Veracruz, el que de repente no se pueda aclarar el destino de una cantidad muy importante, decenas de millones de pesos que pudieron haber sido desviados para la compra de equipo, para patrullas, específicamente seguridad pública, pues es algo que se debe de lamentar mucho y que se tiene que corregir.

Por eso nuestra exigencia no esperó días, fue al día siguiente el solicitar la información. Lo hicimos público en redes sociales y hoy por eso estamos aquí ante ustedes denunciándolo para que este asunto cobre la importancia que tiene.

Veracruz, por las condiciones que tiene y sobre todo en materia seguridad y por las carencias que tiene también en materia económica, pues no se puede dar el lujo, primero porque es ilegal y, segundo, porque Veracruz tiene demasiadas carencias de tener en sus finanzas este desfalco o este posible desfalco que se estaría dando con la compra de patrullas.

P: Por último, además de las patrullas, ¿van a revisar la licitación de armamento o de otro tipo de servicio en el cual puedan estar inflados los precios?

JRP: Se tendría que revisar todo, a partir de esto, tendríamos que ir, por supuesto, a todo aquello que tuviera que ver con la compra y las disposiciones que tiene la Secretaría de Finanzas a su cargo autorizadas para las distintas cosas.

Evidentemente cuando lo que encontramos es un ejemplo como éste, en donde hay, sin explicación, un sobreprecio muy importante en la compra de patrullas pues obliga a que se tenga que revisar todo lo demás y lo estaremos haciendo, claro que sí.

P: Senador, buenos días.

Buenos días, tardes.

¿Hay posibilidades de que presente usted la petición formal a la Auditoría Superior de la Federación que pudiera tener una alerta de lo que está pasando en Veracruz con las patrullas o acudir a alguna instancia específica, por ejemplo, como el Sistema Nacional Anticorrupción para que empezarán a vigilar lo que está pasando en Veracruz?, eso por un lado.

Por el otro, senador, preguntarle: el Grupo Parlamentario del PAN, ¿cuáles son los puntos que quiere modificar en cuestión de la Guardia Nacional?, ¿qué parámetros quiere aportar en esta negociación que, entiendo, está avanzando en una mesa específica, pero ¿cuál es la posición del PAN?, ¿qué es lo que no le gusta la propuesta que hizo el Gobierno federal?

Gracias.

JRP: Con mucho gusto.

En la primera parte, desde lo que sí hay la posibilidad. Estaremos explorando cuáles son las vías adecuadas para presentar, de ser posible, alguna denuncia o demanda frente a la Auditoría Superior de la Federación y, desde luego, dar la alerta a todos los organismos gubernamentales y los no gubernamentales en materia de corrupción o anticorrupción para poder estar muy vigilante respecto a lo que está sucediendo en Veracruz, para que no se repita lo que sucedió hace dos administraciones: que nos enteremos del desfalco que hubo en Veracruz cuando ya prácticamente no tiene remedio.

Ahora respecto al tema de la Ley de la Guardia Nacional y de las otras leyes que acompañan la reforma que tiene que ver con todo esto que son la del uso de la fuerza y las otras dos que tienen que ver con la de detenciones, y por supuesto la de las armas, tiene que darse una solución a estos dictámenes o más bien a esta iniciativa es que apenas la van a hacer, porque todavía ni iniciativas son, no se han presentado, seguramente se harán el día de mañana en el periodo extraordinario, para que se considere total y absolutamente una organización o un cuerpo de seguridad con carácter civil.

Lo que observamos en algunas de las consideraciones en el documento que de entrada se puso a revisión, es que hay todavía pues esta idea de que pudiera conformarse como si fuera, o darse el tratamiento, aunque se dice una cosa, pero los hechos, en articulado pareciera otra, como si fuera un asunto que tuviera que ver con ente militarizado.

Lo que estamos buscando en cada uno de los capítulos de esta Ley Orgánica la Guardia Nacional es que se deje de lado cualquier posibilidad que pueda sugerir pues el que se te esté hablando de una de una organización de carácter militar, por ejemplo e incluso desde cómo se denominan a los mandos en el tema de comandante, si son directores; en otros temas que tienen que ver con las responsabilidades frente a quién tiene que estar la autoridad que se le delega en este caso al director general de la Guardia Nacional, cuáles serían sus atribuciones, qué alcance tendrían que no rebasen la del secretario de Seguridad Pública, en fin, hay varias cosas, son más de 100 artículos, se está revisando uno a uno, como bien dicen en una mesa de trabajo, ya hay mesas que se están en las que se está llevando a cabo algunos avances y con el propio Gobierno de la República, esperamos que ésta se puedan…, hoy mismo hay varias reuniones para ello en distintas mesas y la intención es poder ir zanjando las diferencias que se tuvieran entre los partidos que están en el bloque y, por supuesto, la propuesta que trae el gobierno que nos parece que debe de ser matizada en cuanto a este tema que tiene que ver con la militarización.

P: Senador, quiere decir que por ejemplo en esta descripción que se hace de las facultades de la Guardia que prácticamente donde levantemos una piedra ahí va a estar alguien de la Guardia, en todas las áreas del país, desde las fronteras hasta las localidades más pequeñas, en esa parte ustedes no tendría ningún problema, el asunto es toda esta parte que habla de los derechos laborales, de los reconocimientos que pudieron obtener cuando eran militares y que se les va a respetar ahora que estarán en la en la Guardia Nacional.

JRP: Bueno sí, pero además las capacidades y desde luego las atribuciones que tendría la Guardia y cómo responderían los mandos, de qué forma se organizarían, cuál serían en todo caso las actividades y las obligaciones que tendría precisamente que responder la Guardia Nacional y toda la corporación.

Hay una gran cantidad de artículos que bueno, yo creo hasta ahora también debo decirlo, se ha mostrado disposición por parte de quienes están hablando en nombre del Gobierno federal para poder lograr un acuerdo, yo soy optimista y espero que se logre, así como se logró en la reforma constitucional en materia Guardia Nacional, que se pueda que se pueda lograr aquí.

Al final, en esencia nosotros no estamos defiriendo con lo que es por los intereses de conseguir que haya paz en México que pueda estar desplegada en todo el territorio nacional, lo único que queremos es que el carácter civil que era un poco la lucha que el que se dio y que al final en la que todos nos convencimos que era lo correcto, pues se garantice específicamente en sus ordenamientos de ley, específicamente en las leyes secundarias y sobre todo en la ley orgánica que es la que pues norma cuál va a ser la conducción y la operación de todo el organismo a lo largo y ancho del país.

P: Buenas tardes, senador. Preguntarle, el Gobierno federal está replanteando la Iniciativa Mérida, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a la administración del presidente Donald Trump pues reorientar por completo esta iniciativa y que se perfile hacia la construcción de la Guardia Nacional algunos de los recursos, pregúntale a su opinión sobre esto.

JRP: Que se perfile, ¿qué?

P: Que los recursos sean reorientados hacia la Guardia Nacional.

JRP: A mí me parece que la Guardia Nacional tiene que tener garantizados sus recursos más allá de lo que pase con otros países, al final de cuentas pues esa intención puede ser muy buena, puede ser loable, pero nosotros aquí en México debemos de garantizar los recursos suficientes para el buen funcionamiento de la Guardia Nacional, no podemos estar a expensas en ningún caso, ni siquiera a sugerir pues el que nos ayuden económicamente o materialmente al buen desarrollo de la Guardia Nacional, nosotros tenemos como país, la República tiene la obligación de garantizar que sus cuerpos de seguridad tengan las capacidades suficientes, garantizadas, por supuesto, éstas con los recursos necesarios para llevarlas a cabo, así que bueno, más allá de este buen deseo lo que hay que hacer es un ejercicio de planeación presupuestal adecuado para poder desplegar la Guardia Nacional en todo el país y que pueda dar éste o ésta los resultados que la gente quiere que la gente está esperando y está esperando además con mucha ansiedad.

P: Este replanteamiento de la Iniciativa Mérida sería buena o ya al final tiene ciertos requisitos que se deben de cumplir por parte de los gobiernos.

 

JRP: Habría que revisar en el fondo qué es lo que se quiere hacer con la Iniciativa Mérida, porque se ha venido cambiando mucho desde su origen, de su planteamiento desde hace años y qué es lo que recoge.

En las, pues digamos que en aquellas observaciones que ha hecho el Presidente respecto al tránsito de los migrantes y el cómo tratar de evitar esto, pues él lo propone a partir de buscar que haya el trabajo en sus lugares de origen, en donde haya la suficiencia oferta laboral para que no tengan que emigrar, si la Iniciativa Mérida va por ahí, bueno pues al final nadie podría estar en contra de ello, el tema es en qué plazo se va a conseguir ese objetivo y además no tendría mucho que ver esto con lo que es la Guardia Nacional, mucho menos con el financiamiento necesario para el funcionamiento de la Guardia Nacional.

P: Gracias.

JRP: Muchas gracias a todos, muy buenos días.

 

 

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