Senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar un dictamen de la Comisión de Educación, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 

Versión de la intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar un dictamen de la Comisión de Educación, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que remita a esta Soberanía un informe sobre el impacto presupuestal que tendrá la aprobación de la reforma educativa

 

Con su venia, Presidente.

Quiero agradecer al senador Rocha, presidente de la Comisión de Educación, la cortesía en permitirme presentar el dictamen que corresponde a un punto de acuerdo de su servidora.

Y quiero también agradecer a mis compañeras senadoras y senadores integrantes de la Comisión haber votado unánimemente en favor de esta proposición.

Hace muchos años, la Corte definió los alcances del derecho fundamental de seguridad jurídica como el “saber a qué atenerse”, respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad.

Cuando se respeta este principio de seguridad jurídica, aseguramos que ninguna autoridad incurra en arbitrariedades, que la actuación de la autoridad esté claramente limitada a las facultades que expresamente le reconoce la norma jurídica.

Sobre este punto es preciso recordar, que en un Estado de Derecho existe un equilibrio entre el ejercicio de las facultades de las autoridades y la libertad que gozan los gobernados.

Así, mientras que para los gobernados se encuentra permitido todo aquello que no esté expresamente prohibido por el orden jurídico, para la autoridad es lo contrario: tienen prohibido hacer lo que no les está expresamente permitido.

La regla de actuación de las autoridades es que exista una autorización expresa, que sus facultades o atribuciones estén claramente previstas en el orden jurídico, razón por la cual toda actuación de la autoridad necesariamente debe estar fundada en derecho y motivada en cuanto a las circunstancias para cumplir con la exigencia constitucional.

Estos requisitos deben cumplirse aun tratándose de actos entre autoridades que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, tal como lo resolvió nuestro máximo tribunal desde el año 2000 en jurisprudencia obligatoria.

En este sentido, hay que considerar que el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que corresponde al Ejecutivo federal realizar la evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley que presente a consideración del Congreso de la Unión.

No obstante, en la iniciativa de reforma constitucional presentada en diciembre de 2018, el presidente López Obrador no acompañó el impacto presupuestario que implicaría la reforma educativa que propuso y que, actualmente, está siendo discutida en la Cámara de Diputados.

Tan es así, que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ya señaló que no se presentaron los elementos necesarios para estimar la magnitud presupuestal de la reforma constitucional en materia educativa.

Es por eso que los integrantes de la Comisión de Educación, por unanimidad, aprobamos el dictamen en el que se acordó que este Senado de la República haga un exhorto respetuoso a la Secretaría de Hacienda para que remita el impacto presupuestal correspondiente a la aprobación de la reforma educativa en materia constitucional, para que se dé cumplimiento al mandato legal establecido en el artículo 18 de la referida Ley de Presupuesto.

Quiero destacar que, aún y cuando no es materia del dictamen, me parece necesario que en esta soberanía abordemos la importancia que tiene el federalismo educativo.

Ante las asimetrías existentes en materia de coordinación fiscal que, en buena medida, han ocasionado rezago, desigualdad educativa y quebrantos presupuestales, considero imprescindible que este Senado abone a la construcción de un nuevo modelo que resuelva el déficit financiero del gasto público destinado a la educación y que, como primer paso para ello, pronto estemos exhortando a la Secretaría de Hacienda para que realice un estudio sobre los actuales mecanismos de financiamiento educativo en cada una de las entidades federativas.

Es cuanto, senador Presidente.

ooOoo

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