Versión de la intervención de la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez para preguntar al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del análisis de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
Con su permiso, señor Presidente.
Señor secretario Durazo.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública propuesta refiere que, según datos del Inegi, se cometen más de 31 millones de delitos al año, y que el 99 por ciento de éstos quedan impunes.
A la enorme mayoría de los muertos, lesionados, torturados y desparecidos no se les ha hecho justicia. Los familiares de las personas desaparecidas realizan sus propias investigaciones y se organizan para apoyarse mutuamente ante la inactividad de las autoridades.
Ante esta realidad incuestionable, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública no señala una propuesta en específico para abatir los índices de impunidad. Es más, señala dentro de los objetivos el de “Emprender la construcción de la paz”, que propone, y cito textualmente: “procesos de desarme, desmovilización y reinserción social, condicionados a la manifestación inequívoca de arrepentimiento, la contrición sincera, la reparación del daño, y el perdón de las víctimas”.
Hay que recordar que, en los Foros por la Paz, que organizó el gobierno de transición, el clamor de muchas familias afectadas por los delitos más crueles fue: “ni perdón, ni olvido”, “sin justicia no hay perdón”.
Se dice que se usará la justicia transicional para lograr la pacificación, pero no queda claro con qué alcances.
¿Se piensa perdonar a narcotraficantes, tratantes de personas, feminicidas, secuestradores?
Creemos que el despropósito puede ser mayúsculo, ya que por una parte se diagnóstica la impunidad como uno de los más grandes problemas y, por otra, se propone indultos, amnistía y reducción de penas a delincuentes.
Coincidimos en que la solución de fondo a la crisis de inseguridad requiere de una respuesta integral para atender un grave y profundo rezago social, pero también necesariamente tiene que pasar por la búsqueda de la verdad, la aplicación de la ley, la reparación del daño a las víctimas y la garantía de no repetición.
En esta lógica de pacificación, tal parece que, ante la dificultad e imposibilidad de hacer justicia, se opta por el perdón, se hace un “borrón y cuenta nueva”.
Pareciera que es más fácil pretender olvidar los delitos y las sanciones que serían aplicables, que perseguir a los delincuentes.
Una pregunta, señor secretario, ¿cuál es la estrategia en materia de seguridad para abatir el grave, muy grave problema de impunidad que vivimos en nuestro país?
Y transmito también otra pregunta de mi Grupo Parlamentario, entre 2015 y 2018 uno de cada 10 feminicidios en el país afectaron a niñas y adolescentes; en 2018 ocurrieron en promedio siete asesinatos al mes contra niñas y adolescentes por razones de género, ¿cómo construir, señor secretario, de forma colectiva, una política de Estado para prevenir y también frenar la delincuencia, la violencia armada, basada en la construcción de la paz, la lucha contra la impunidad y el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Es cuanto, señor secretario.
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