Reforma educativa cede a presiones sindicalistas y no prioriza el interés superior de la niñez: Minerva Hernández

  • Se abre la posibilidad de que sindicatos controlen la designación de plazas, advirtió
  • Desaparición del INEE, antesala para la desaparición de otros órganos constitucionalmente autónomos, consideró

La reforma constitucional en materia educativa no tiene como principio supremo la protección del interés superior de la niñez y de la juventud ni garantiza su derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad; por el contrario, cede a presiones de los sindicatos, expresó la senadora Minerva Hernández Ramos.

Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional (GPPAN) al dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legisladora destacó que son muchos los engaños y vicios que contiene la reforma constitucional en materia educativa.

Desde su origen, señaló, el Ejecutivo federal quiso “de un plumazo” borrar la autonomía de las universidades públicas del país, aunque después el presidente de la República diría que se trató de un error.

“Mucho después vendría esa aberración del orden constitucional y ese desdén por las facultades de este Congreso de la Unión, al que se le llamó “memorando” y en el que se conminó a secretarios de Estado para que, y cito, ‘…dejaran sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa…’”, resaltó.

Respecto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, destacó que en la modificación al artículo 3º constitucional se propone que sea en la legislación secundaria donde se definan los procesos de selección a los que concurrirá el personal que quiera participar en la admisión, promoción y reconocimiento, cuando lo apropiado es que el espíritu del legislador como Constituyente Permanente sea claro, sea prístino y que no quede lugar a dudas de que es la Constitución la que establece el marco de actuación en que deberán desarrollarse y detallarse estos procesos.

Asimismo, Hernández Ramos consideró grave que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) sea la primera institución a la que la Cuarta Transformación despoja de su autonomía constitucional.

“Es muestra de que el resto de los órganos constitucionales autónomos considerados por el presidente como ‘refugio de fifís’, ‘conservadores’ o de ‘opositores’, corren el peligro inminente de que sean degradados a una simple autonomía técnica y operativa, para mantenerlos bajo el dominio del Ejecutivo federal”, apuntó.

La también secretaria de la Comisión de Educación advirtió del riesgo de que el Estado mexicano ceda a las presiones políticas del sindicalismo educativo y se regrese al esquema de la venta de plazas o al control sindical de las mismas, al incluir el artículo 16 transitorio.

Además, reiteró la importancia de conocer el impacto presupuestal que tendrá la reforma educativa, pues el documento no se ocupa del federalismo educativo ni se centra en la desigualdad presupuestal de las entidades federativas, lo que por ende no garantiza la atención de los problemas que surgirán para solucionar el déficit financiero en cuanto al gasto en educación en los estados.

“Es indispensable conocer los alcances presupuestarios de esta reforma constitucional y es por tanto inadmisible que se pretenda votar favorablemente por algo que no sabemos cuánto costará al pueblo de México”, aseveró.

Señaló que de acuerdo con datos estadísticos de finanzas públicas que transparenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, se observa una baja en las aportaciones federales destinadas a la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE, así como a la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA.

“Esta caída es producto de la menor recaudación que está obteniendo el Gobierno federal lo que, a su vez, es consecuencia de la desaceleración económica que se está advirtiendo y de las equivocadas decisiones presidenciales que han mermado la confianza de los inversionistas, y que han generado un clima de expectativa en el que se han contraído el gasto y la inversión”, mencionó.

Por ello, a nombre del GPPAN, hizo un llamado a la prudencia, a analizar con mucho más cuidado estos temas, que – dijo– son la razón del voto en contra de su partido, a pesar de los avances logrados por la oposición, relacionados con educación inicial, educación superior, educación especial, educación pluricultural y plurilingüe; la educación basada en un enfoque de derechos e igualdad sustantiva y el acceso a los beneficios de la ciencia y de la innovación tecnológica.

“Eran temas que no fueron planteados por el Ejecutivo federal, sino que se trata de logros de la sociedad civil organizada, de la academia, de los profesores y de los legisladores de oposición, pues fueron ellos quienes en conjunto impulsaron y promovieron su importancia hasta quedar incluidos en el dictamen que hoy nos ocupa”, concluyó la senadora por el estado de Tlaxcala.

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Comunicado de la oficina de la senadora Minerva Hernández Ramos

 

 

Versión de la intervención en tribuna de la senadora Minerva Hernández Ramos para exponer el posicionamiento del GPPAN con relación a la reforma laboral

 

Con su venia, Presidente.

La Organización de las Naciones Unidas al plantear los objetivos de desarrollo sostenible, ha puntualizado que la educación es la base para mejorar nuestra vida y desarrollo; cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, de excelencia, pueden escapar del ciclo de la pobreza.

Antes de que señalen que los legisladores de oposición pretendemos imponer a México la agenda de los organismos internacionales en materia educativa o de que nuestras propuestas están siendo guiadas por el sector empresarial y sus centros de pensamiento, quiero recordarles que, como lo ha repetido la izquierda latinoamericana, el periodista Tomás Bulat afirmaba que cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía, porque el saber rompe las cadenas de la esclavitud.

Y para que este mensaje llegue a oídos del Presidente, quien gusta de las citas bíblicas, lo pongo en términos jesuitas: la verdad nos hará libres.

En esta discusión parlamentaria, la verdad inobjetable es que la reforma constitucional en materia educativa debe tener como principio supremo la protección del interés superior de la niñez y de la juventud y garantizar su derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Por eso, senadoras y senadores, desde esta Soberanía el Grupo Parlamentario del PAN fija su postura en contra del dictamen de reforma constitucional en materia educativa.

Esta discusión tiene su origen en la iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo Federal, aquélla en la que “de un plumazo” cercenó la autonomía de las universidades públicas de este país. , el Presidente diría que se trató de un error y mucho después vendría esa aberración del orden constitucional y ese desdén por las facultades de este Congreso de la Unión, al que se le llamó “memorando” y en el que se conminó a secretarios de Estado para que, y cito, “…dejaran sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.

De igual manera, debe puntualizarse que en la iniciativa de reforma constitucional de diciembre, el Presidente López Obrador no acompañó el impacto presupuestario que implicaría la reforma educativa que propuso, a pesar de que el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria expresamente lo mandata.

Coloquialmente, les digo, cero y llevamos dos: el supuesto error de la autonomía universitaria, y no haber acompañado el impacto presupuestal correspondiente estando obligado a ello.

En verdad queremos llegar a los oídos del Presidente, y en términos beisboleros, añadir a estos dos agravios el del famoso memorando sería el tercer strike para marcar un out y dejarlo fuera. Lo dejamos para que la historia lo registre.

La iniciativa planteada por el Ejecutivo quería desterrar cualquier vestigio de la reforma educativa derivada del Pacto por México, haya sido muy bueno o haya sido muy malo, desde el grupo político en el poder se dijo: no quedará ni una coma de la reforma educativa.

Aseveraciones como ésta, con su impostada contundencia, únicamente están destinadas a reafirmar la política del “me-canso-gansismo” y a arrancar aplausos de los militantes de Morena, pero que no se sostienen en la realidad porque no quedó abrogada la reforma educativa, construimos acuerdos sobre ésta y le hicimos importantes modificaciones.

Ante esto, la oposición parlamentaria hizo eco de las inquietudes vertidas por la sociedad civil organizada, siendo invaluables las aportaciones del Colectivo Red Educación, Derechos y, en forma conjunta, los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano presentaron su iniciativa de reforma educativa, llamada MMI, porque mantiene, mejora e innova la reforma educativa de 2013.

Por eso, los asuntos relacionados con educación inicial, educación superior, educación especial, educación pluricultural y plurilingüe, la educación basada en un enfoque de derechos e igualdad sustantiva; y el acceso a los beneficios de la ciencia y de la innovación tecnológica, son temas que no fueron planteados por el Ejecutivo Federal, sino que se trata de logros de la sociedad civil organizada, de la academia, de los profesores y de los legisladores de oposición, pues fueron ellos quienes en conjunto impulsaron y promovieron su importancia hasta quedar incluidos en el dictamen que hoy nos ocupa.

Así como hemos señalado los aciertos que conlleva esta segunda generación de reforma educativa, siendo la primera aquella que impulsó el PAN desde este Senado en la Legislatura antepasada, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene el deber de esclarecer ante la ciudadanía, cuáles son los vicios y los engaños que se contienen en este dictamen y que nos motivan a votar en contra del mismo.

En primer lugar, en el artículo 3º Constitucional que se prevé en el dictamen, se está proponiendo que sea en la legislación secundaria dónde se definan los procesos de selección a los que concurrirá el personal que quiera participar en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento, cuando lo apropiado es que el espíritu del Legislador como Constituyente Permanente sea claro, sea prístino y que no quede lugar a dudas de que es la Constitución la que debe establecer el marco de actuación en que deberán desarrollarse y detallarse estos procesos.

Asimismo, una gravísima cuestión, el INEE es la primera institución a la que ésta cuarta transformación despoja de su autonomía constitucional, siendo muestra de que para el resto de los órganos constitucionales autónomos, considerados por el Presidente como refugio de fifís, de conservadores o de opositores, corren el peligro inminente de que sean degradados a una simple “autonomía técnica y operativa” para en realidad mantenerlos bajo el dominio del Ejecutivo Federal. Así es la fragilidad a la que se quiere someter al orden constitucional y republicano que se ha construido durante muchos últimos años.

Aunado a esto, en el artículo Décimo Sexto Transitorio se advierte el peligro de que el Estado mexicano ceda a las presiones políticas del Sindicato o de la Coordinadora, de que regresemos al esquema de la venta de plazas o al pernicioso control sindical de las mismas. Y este hecho no puede minimizarse por tratarse de una disposición transitoria, al contrario, el diablo está en los detalles y solamente en México no hay nada más permanente que lo transitorio de la ley.

Adicionalmente, a pesar de que este Senado recién aprobó el punto de acuerdo en el que esta servidora por el que esta Soberanía exhorta a que se dé a conocer el impacto presupuestal que tendrá la reforma educativa, lo cierto es que hasta la fecha desconocemos la cuantificación de recursos públicos que esta reforma tan importante requerirá.

En un contexto como el actual, donde los ingresos presupuestarios se han mostrado a la baja en los primeros tres meses del año y donde se han vuelto cada vez más claras las señales de desaceleración económica, es indispensable conocer los alcances presupuestarios de esta reforma y resulta por tanto inadmisible que se pretenda votar favorablemente por algo que no sabemos cuánto costará al pueblo de México y como distorsionará las finanzas públicas y déficits en las entidades federativas.

En este contexto, de acuerdo con los datos estadísticos de finanzas públicas que transparenta la Secretaría de Hacienda, se observa también una baja en las aportaciones federales destinadas a la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE, así como a la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA, esta caída es producto de la menor recaudación que está obteniendo el Gobierno Federal lo que, a su vez, es consecuencia de la desaceleración económica que ya se advierte y de las equivocadas decisiones presidenciales que han mermado la confianza de los inversionistas generando un clima de expectativa en el que se han contraído tanto el gasto como la inversión.

En tal virtud, esta reforma constitucional que estamos discutiendo, no está ocupándose del federalismo educativo, no está centrándose en la desigualdad presupuestal de las entidades federativas y por ende en las problemáticas que éstas tienen para solucionar su déficit financiero respecto del gasto en educación, por lo que este dictamen no está garantizando la atención del problema que surgirá de las nuevas atribuciones que tendrán las entidades federativas a consecuencia de esta reforma.

Por eso, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hacemos un llamado a la prudencia, para analizar con mucho más cuidado estos temas que, de no modificarse a través de reservas y de permanecer en los términos del Dictamen, nos fuerzan a votarlo en contra.

Es cuanto, senador presidente.

 

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