La reforma al artículo 3° constitucional no garantiza universalidad ni gratuidad de la educación superior: senadora Murguía

  • Se requiere de recursos presupuestarios para su implementación, que no precisa la reforma educativa, advierte
  • Quedará en un catálogo de buenos deseos y se convertirá en letra muerta, afirma

La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez indicó que la reforma al artículo 3° de la Constitución no garantiza la universalidad ni la gratuidad de la educación superior, si no viene acompañada de recursos presupuestarios suficientes para su implementación.

De no ser así, lo único que va a generar es una alta expectativa que quedará sólo en un catálogo de buenos deseos y se convertirá en letra muerta, enfatizó durante la discusión de los artículos reservados de la reforma educativa.

La legisladora resaltó en tribuna que no hay quien se oponga a la universalidad y gratuidad de la educación superior, pues “aspiramos a que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso a la educación y de desarrollo profesional y humano”.

Pero el gran reto, añadió, es cómo hacer efectiva esta aspiración que requiere de inversiones para ampliar la matrícula y la capacidad instalada en las distintas instituciones de educación superior del país, así como adquirir tecnología, equipo y contratar maestros.

Desafortunadamente no se cuenta con una estimación financiera de lo que esto implica, manifestó la senadora Murguía, quien expresó su sorpresa porque el Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados concluyó que esta reforma no tendrá ningún impacto presupuestario, según su valoración.

En contraste, sostuvo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha señalado que el impacto económico de la gratuidad afectaría gravemente los presupuestos de las instituciones públicas.

Dejarían de percibir casi 13 mil millones de pesos, lo que constituye el 30 por ciento de los ingresos en diversas universidades e institutos superiores, los cuales actualmente destinan a los servicios de los alumnos, apuntó.

Destacó que la inquietud de las instituciones de educación superior es que la reforma no señala bases claras y precisas sobre cómo se va a hacer frente financieramente a los compromisos que significa dar cumplimiento a la universalidad y gratuidad.

Por ello, cuestionó: ¿Cuál es la propuesta presupuestal para que las instituciones de educación superior cuenten con los recursos suficientes y oportunos para atender la demanda educativa?

¿Podrán las instituciones de educación superior seguir percibiendo recursos propios por los servicios académicos y administrativos que brindan? ¿En su caso, cómo podrán compensar la falta de recursos propios?, inquirió al pleno senatorial.

“La gratuidad y la universalidad de la educación superior exigirá un esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y de las propias instituciones públicas, no sólo en materia presupuestaria y financiera, sino para establecer políticas y programas con visión de largo plazo que hagan efectivo el derecho a la educación”, finalizó.

La senadora panista por Querétaro, Guadalupe Murguía, presentó a nombre su bancada cuatro reservas a los artículos 3° y 15 transitorio de la minuta por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia educativa.

 

ooOoo

Comunicado de la oficina de la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez

Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras Senadoras y Senadores:

El día de hoy someto a consideración de esta Asamblea cuatro reservas en un mismo acto del artículo 3º, párrafos primero y segundo, y de la fracción X, como del artículo décimo quinto transitorio, de la minuta por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.

En materia de educación superior la reforma, esta que estamos analizando, tiene dos características fundamentales: la universalidad, es decir, que la educación superior será obligatoria por lo que corresponde al Estado, quien deberá brindar las condiciones para que los jóvenes puedan acceder a educación superior y la gratuidad.

Evidentemente no hay quien se oponga ni a la universalidad ni a la gratuidad, creo que todos aspiramos a que a través de la educación podamos tener mejores oportunidades de vida, de acceso a la educación, y de desarrollo personal y humano, pero el gran reto en esta materia es cómo hacer realmente efectiva esta universalidad y esta gratuidad en la educación superior.

Sorprende la valoración que se hizo en Cámara de Diputados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, que concluyó que esta reforma no tiene ningún impacto presupuestario en ninguna materia.

En el sector educativo se sabe perfectamente que cumplir con la obligación constitucional de brindar educación superior obligatoria requiere necesariamente llevar a cabo inversiones, ampliar las capacidades instaladas, adquirir tecnología, equipo, contratar maestros y desafortunadamente no se cuenta con una estimación financiera de lo que esto puede implicar.

En el mismo sentido la ANUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, señaló que el impacto económico solo de la gratuidad es muy alto y afectaría gravemente los presupuestos de las instituciones de educación pública, quienes pudieran dejar de percibir un 30 % de sus ingresos.

La ANUIES reveló que el ingreso estimado por recursos propios que dejarían de percibir estas instituciones de educación superior sería de, por lo menos, 13 mil millones de pesos anuales, que actualmente se destinan a la función educativa.

La gratuidad y la universalidad de la educación desde luego exigirá un amplio, muy amplio esfuerzo por parte de los tres órdenes de gobierno y de las propias instituciones de educación pública no solo en materia presupuestaria, sino también para establecer políticas y programas de largo plazo.

Sin embargo, las instituciones de educación superior tienen una enorme inquietud, toda vez que la minuta no señala bases claras ni precisas sobre cómo se va a financiar y a hacer frente a los compromisos que puede significar esta disposición constitucional.

Por otro lado, las entidades federativas también están preocupadas que ante la inminencia de la universalidad, de ampliar la cobertura, se les pida que ellos carguen con el costo financiero que implica la reforma educativa.

Por lo que hace a la gratuidad, surgen algunos cuestionamientos: ¿pueden las instituciones de educación superior seguir cobrando recursos propios por servicios académicos y administrativos? Y en caso de no ser así, ¿cómo podrán compensar la falta de recursos propios que, como se comenta, son de 13 mil millones de pesos al año?

En realidad la sola reforma del artículo 3º no garantiza por mucho que el texto constitucional así lo señala, ni la universalidad ni la gratuidad, es necesaria que venga acompañada de los recursos presupuestales necesarios para poderla implementar, porque si no, a pesar de la alta expectativa que puede generar, sólo quedará en un catálogo de buenas intenciones y se convertirá en letra muerta.

Señoras Senadoras y Senadores:

Estos son algunos de los elementos que están contenidos en las reservas que presentamos los Senadores y Senadoras de Acción Nacional.

Es cuanto.

Gracias.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *