- La reforma atiende a una necesidad añeja derivada de un sistema legal obsoleto, que ha frenado el desarrollo económico y laboral de los trabajadores, indicó Reynoso Sánchez
“Las y los senadores del Partido Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen y reafirmamos nuestro compromiso con los mexicanos y las mexicanas para seguir realizando los cambios que se necesitan”, resaltó la senadora Alejandra Reynoso Sánchez.
Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) a un dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social señaló que el documento presenta aspectos que deben revisarse y mejorarse, para alcanzar los fines señalados, por lo que anunció que su bancada presentará un paquete de reservas que tiene como propósito perfeccionar el proyecto.
“La reforma tiene como propósito dignificar a los trabajadores y trabajadoras en toda la República mexicana, de todos los oficios y modalidades mediante el rediseño del sistema de justicia laboral y de participación sindical. También será un detonador económico que impulsará la industria nacional y el crecimiento económico del país, lo que se reflejará en una mayor generación de empleos mejor remunerados”, aseguró Reynoso Sánchez.
Esta reforma, dijo, atiende a una necesidad añeja derivada de un sistema legal obsoleto que ha frenado el desarrollo económico y laboral de los trabajadores y que ha impedido contar con el dinamismo que se requiere en nuestra actualidad para impulsar el desarrollo económico de nuestro país.
Asimismo, busca garantizar la efectiva implementación de los derechos laborales fundamentales de los más de 56 millones de trabajadores activos en México, señaló.
“Se trata de cambiar el panorama actual del pésimo funcionamiento de los juicios laborales, el cual representa un sin fin de problemas”, expuso.
En este sentido, la senadora por Guanajuato expuso que en 2017 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reportó 422 mil 978 juicios laborales en trámite, de los cuales sólo se habían resuelto 98 mil demandas, es decir 23 por ciento, donde la mayoría llevaban más de cinco años de litigio, sumado a los 83 mil procesos que en promedio inician cada año.
“En el contexto económico y político nacional e internacional en el que nos encontramos, esta reforma también es el resultado de la participación activa de diferentes actores especialistas en la materia, de litigantes patronales, de litigantes de los trabajadores, de autoridades laborales de niveles tanto local como federal, miembros de poderes judiciales, académicos, sindicalistas, representantes del sector patronal, así como de los compromisos internacionales asumidos por México para mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores”, resaltó.
Hoy se da un gran paso con la aprobación, pero quedan temas pendientes por resolver, como el combate a la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en trabajos iguales, el salario mínimo, la simulación en la relación laboral patrón- trabajador conocido como outsourcing, entre mucho otros en los que, aseguró, trabajará el GPPAN.
Las reservas que plantearán las y los senadores del Partido Acción Nacional serán en el siguiente sentido:
- Suprimir la posibilidad de prorrogar la fecha de la huelga o bien, que ésta sea de común acuerdo.
- Adicionar el requisito de que, en las boletas de votación para elegir un sindicato, se incluya una opción de “no pertenecer ni ser representado por un sindicato”.
- Garantizar el principio de democracia sindical, evitando que un sindicato minoritario pueda estallar una huelga.
- Cambiar la expresión 30 por ciento de los trabajadores cubiertos por el contrato, por “30 por ciento de los trabajadores de la empresa o establecimiento donde se pretende que rija el contrato”, lo anterior en virtud de que en ese momento no existe aún contrato alguno que cubra a nadie. El trámite es para generar el contrato colectivo.
- Eliminar la disposición de que el patrón descuente las cuotas sindicales.
- Incorporar que las cuotas sindicales ya no sean obligatorias.
- Capacitación para su implementación en los estados.
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Intervención en tribuna de la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez al fijar el posicionamiento del PAN a un dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social.
Gracias, presidente.
Compañeras y compañeros senadores:
Con el espíritu humanista que caracteriza al Partido Acción Nacional y con la misma convicción con la que defendimos en el 2012 y en el 2017 las reformas a la Ley Federal de trabajo y a la Constitución política, con el afán de construir un mejor futuro para todas y todos los trabajadores de nuestra nación, con esa misma firmeza las y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN estamos presentes en este momento histórico, construyendo, transformando y modernizando nuestro sistema jurídico hacia una verdadera y plena justicia laboral.
Históricamente, la sociedad mexicana ha padecido una profunda desigualdad en materia laboral; la reforma constitucional a través de la cual se incorporó el derecho de los trabajadores, así como las reformas legales que se han realizado a lo largo de la historia reciente, han sentado las bases para transitar hacia un sistema de justicia laboral más eficaz que contribuya a ir cerrando la brecha de desigualdad social.
Compañeras y compañeros:
La reforma que en un momento más estaremos aprobando tiene como propósito dignificar a los trabajadores y trabajadoras en toda la República mexicana, de todos los oficios y modalidades mediante el rediseño del sistema de justicia laboral y de participación sindical.
Esta reforma, efectivamente, es una deuda histórica con la clase trabajadora y atiende a una necesidad añeja, derivada de un sistema legal obsoleto que ha frenado el desarrollo económico y laboral de los trabajadores y que ha impedido contar con el dinamismo productivo que se requiere, en nuestra actualidad, para impulsar el desarrollo económico de nuestro país.
Por un lado, la reforma busca garantizar la efectiva implementación de los derechos laborales fundamentales de los más de 56 millones de trabajadores activos que hay en México, lo que se traducirá en mayor estabilidad y tranquilidad en el desempeño de sus labores y les dará certeza de una solución justa, pronta y eficaz ante un conflicto laboral.
Se trata de cambiar el panorama actual del pésimo funcionamiento de los juicios laborales, el cual representa un sinfín de problemas.
Miren, para darnos una idea del problema: tan sólo en 2017 la Junta Federal de Conciliación y arbitraje reportó 422 mil 978 juicios laborales en trámite, de los cuales sólo se habían resuelto 98 mil demandas; es decir, tan sólo un 23 por ciento, la gran mayoría llevaba más de 5 años de litigio.
A lo anterior se suma en los 83 mil procesos que, en promedio, inician cada año.
Entonces, ¿dónde está la justicia pronta y expedita?
Por otro lado, la reforma que hoy estaremos aprobando transforma el viejo modelo sindical ofreciendo un nuevo diseño de participación laboral colectiva y que busca alcanzar un sindicalismo democrático, independiente, alejado del corporativismo y el clientelismo que otorgue certeza a sus trabajadores y que sirva para hacer un elemento de equilibrio entre los factores de la producción.
Es de todos bien sabido que la opacidad y la corrupción que imperan en el sindicalismo mexicano ha contribuido en gran medida a la tragedia económica de la clase trabajadora mexicana que, lejos de defender los derechos de los trabajadores, por años los ha mantenido en un rezago económico y laboral, por lo que esta reforma era una deuda pendiente con la clase trabajadora de nuestro país.
Senadoras y senadores, la reforma que estamos por aprobar será un detonador económico que impulsar a la industria nacional el crecimiento económico del país, lo que se reflejará en una mayor generación de empleos mejor remunerados.
En el contexto económico y político nacional e internacional en el que nos encontramos, esta reforma también es el resultado de la participación activa de diferentes actores, especialistas en la materia, de litigantes patronales, de litigantes de los trabajadores, de autoridades laborales de niveles tanto local como federal, miembros de poderes judiciales, académicos, sindicalistas, representantes del sector patronal, así como de los compromisos internacionales asumidos por México para mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores, porque el resultado es un modelo bueno en las materias de justicia laboral y sindicalismo.
No obstante, también hay que decirlo, el proyecto presenta aspectos que deben revisarse y mejorarse para alcanzar los fines señalados y sobre ellos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estaremos presentando un paquete de reservas que tiene como propósito perfeccionar el proyecto.
Compañeras y compañeros, si bien hoy estamos dando un gran paso quedan grandes temas pendientes por resolver y, como ya se ha mencionado también en anteriores participaciones.
El combate la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en trabajos iguales, el salario mínimo, las simulaciones en las relaciones laborales patrón-trabajador, mejor conocido como el outsourcing, entre muchos otros en los que estaremos trabajando también.
Por ello, las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen y reafirmamos nuestro compromiso con los mexicanos, con las mexicanas para seguir realizando los cambios que se necesitan.
Es cuánto, señor presidente.
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