Intervención de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, al presentar un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, investigue la ruta que siguieron los millones de pesos que la Sedatu pagó a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, así como las empresas que subcontrataron y las cuentas de los beneficiarios de dicha desviación de recursos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación durante el sexenio pasado, señaladas en la denominada “Estafa maestra”.
Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros Senadores:
Desde 2013 la Auditoría Superior de la Federación advirtió desvíos de cientos de millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
Éstos se realizaron mediante convenios para prestación de diversos servicios contratados con universidades públicas estatales, y subcontratados con empresas fantasmas.
Las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación mostraron evidencia de malversación de recursos públicos que debían ser investigados por las instancias correspondientes.
Esto fue lo que se conoció como “la estafa maestra”, recursos que estaban destinados originalmente para ampliar la cobertura de programas sociales y servicios en las zonas más rezagadas, esto es, dinero para los pobres de los pobres, que en su mayoría son indígenas; presupuesto para apoyar familias en pobreza alimentaria, de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el programa estelar del sexenio anterior convertido en un fraude mayúsculo.
Las primeras investigaciones de la entonces PGR han apuntado hacia funcionarios de la Sedatu, que supuestamente habían firmado las transferencias y a pesar que dos de ellos denunciaron la falsificación de sus firmas, la PGR los procesó por falsedad y han sido señalados como responsables del delito de uso indebido de funciones, y están vinculados a proceso.
Todas las pistas de la falsificación y elaboración de documentos apócrifos conducen a la Oficialía Mayor de la Sedatu, quien también ocupó el mismo cargo en la Sedesol, sin embargo, sigue impune.
El día de hoy nos enteramos por la prensa nacional –aquí está- que uno de los principales operadores de “la estafa maestra” ha sido exonerado por un Juez, en el caso de la única denuncia por 185 millones de pesos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, que por cierto soy originaria de ese municipio.
Es necesario que la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, se aboquen a esclarecer la ruta del dinero, quién pagó y cómo se pagó.
No es posible que el principal operador financiero no tenga responsabilidades sobre el ejercicio de estos recursos, es escandaloso ensañarse contra dos servidores públicos que no tenían en sus respectivas oficinas recursos para pagar a las universidades tecnológicas los dineros que salieron de la Sedatu.
Es evidente que se está creando, junto con “la estafa maestra”, otra estafa legal y jurídica, para hacernos creer a todos con una cortina de humo que los responsables de esta película de terror son los funcionarios que se atrevieron a denunciar la falsificación de sus firmas.
Para que haya congruencia en el combate a la corrupción es necesario investigar el origen y destino de los recursos malversados por los servidores públicos verdaderamente responsables del daño patrimonial ocasionado por “la estafa maestra”, más de siete mil millones de pesos etiquetados para combatir la pobreza, desviados para otros fines.
Esto es lo que se tiene que investigar, un saqueo millonario iniciado apenas hace un lustro.
Hay que buscar y sancionar a los responsables y que paguen por el fraude cometido. Esto es lo que deben reclamar, porque era dinero para los más pobres de los estados de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla, y se sabe que el 75 % de la población indígena vive en condiciones de pobreza.
Yo retomo que esto es indispensable para restaurar la percepción que la presente administración realmente pretende combatir la corrupción, porque pareciera que el primer mandatario es benévolo con quienes nos saquearon en los últimos años, pero exigente con los que lo hicieron hace 500 años.
Hoy en la mañana el Presidente dijo lo siguiente: “consideramos, sin ánimo de confrontación, que es conveniente ofrecer una disculpa a los pueblos originarios, porque indudablemente se cometieron abusos”.
Yo retomo sus palabras y, sin ánimo de confrontación, en el Partido Acción Nacional consideramos que lo procedente es investigar y sancionar a los responsables del desvío de los recursos destinados a reducir el hambre en la población indígena.
Les aseguro que con ello los pueblos indígenas se sentirán menos agraviados.
Muchas gracias.