Versión de la intervención en tribuna de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga el inciso c) de la fracción II del artículo 2o; las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 3o; la fracción IV del artículo 8o, y el artículo 18-a de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Con su venia, Presidente.
Los objetivos de desarrollo sostenible son una iniciativa de las Naciones Unidas como un llamado universal a la adopción de medidas que permitan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
En el noveno objetivo, Naciones Unidas ha señalado que más de 4 mil millones de personas aún no tienen acceso a Internet y que el 90 por ciento de éstas proviene de naciones en desarrollo; concluyendo que la reducción de la brecha digital es crucial para garantizar el acceso igualitario a la información y el conocimiento y para promover la innovación y el emprendimiento.
En México, la brecha digital es una consecuencia de la pobreza y la desigualdad, y expresa un nuevo factor de inequidad social y económica entre la población.
No sólo se trata de la división entre quienes están y no están conectados a internet, sino también de la marcada brecha digital existente entre las zonas urbanas y rurales y entre los hogares más ricos y los más pobres de México.
Los hogares con menores niveles de ingreso son los que destinan un mayor porcentaje de su gasto a los servicios de telecomunicaciones, mientras que en los más ricos su gasto representa apenas el 1 por ciento, en los más pobres es del 6 por ciento.
Asimismo, habremos de considerar que el 86 por ciento de los usuarios de internet se ubican en zonas urbanas y el 14 por ciento restante en las zonas rurales y, en ambas zonas, los estados con el nivel de penetración más bajo son Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas y mi natal Tlaxcala.
Impulsar una efectiva política pública de inclusión digital en México requiere que los servicios de telecomunicaciones no estén sujetos a cargas innecesarias que ocasionan efectos no deseados sobre la productividad de otros sectores económicos.
Los estudios de la OCDE sobre telecomunicaciones en México que se han realizado en 2017 y en 2012, reiteradamente señalan que el IEPS a los servicios de telecomunicaciones corre el riesgo de obstaculizar los niveles de adopción, innovación e inversión en el sector, porque se inhibe el crecimiento y penetración de estos servicios entre la población.
En el marco internacional de comparación, México refleja un pobre desempeño y una situación de estancamiento debido a que no se ha podido vincular su gran tamaño económico con la apropiación y uso de las tecnologías de la información por parte de nuestra población.
Senadoras y senadores, no es posible que el artículo sexto constitucional establezca los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y de acceso a los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de banda ancha e internet y que, paralelamente, la Ley del IEPS esté gravando con un impuesto del 3 por ciento la prestación de estos servicios, parece un contrasentido.
La recaudación anual del IEPS de 2014 a 2018 por este concepto ha sido negativa, pues dejaron de ingresar a las arcas los más de 13 mil 760 millones de pesos que estaban previstos durante en ese periodo en las respectivas leyes de ingresos.
Estamos frente a un impuesto con una aportación muy limitada a las finanzas públicas mexicanas, que además ha mostrado recaudar mucho menos de lo que anualmente se proyecta; que contribuye a que la brecha digital permanezca o incluso aumente; que genera graves distorsiones en el sector de telecomunicaciones y que además constituye una barrera a los derechos reconocidos en el artículo sexto constitucional.
Por eso, en esta iniciativa, estoy proponiendo la derogación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, el IEPS del 3 por ciento, a estos servicios de telecomunicaciones.
Es cuanto, senador Presidente.
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