Intervención del senador Ismael García Cabeza de Vaca, al presentar una iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Muchas gracias, Presidenta, con tu permiso.
La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.
El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Hoy presento esta iniciativa que pretende reformar el artículo 28 de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para que sea una obligación del Ejecutivo Federal, del Poder Legislativo por medio de la Cámara de Diputados, los ejecutivos de los estados a través de sus Congresos locales y la Ciudad de México destinar y aprobar los recursos suficientes para coordinar esfuerzos y avanzar en la implementación de la prevención social de la violencia y la delincuencia, sobre todo, que estos no se encuentren sujetos a negociaciones políticas o coyunturales, ya que no se puede pensar y mucho menos actuar en combatir la violencia y abatir la delincuencia, sin acciones de prevención que permitan la reconstrucción del tejido social.
Hasta ahora, la prevención de la violencia, el delito y la delincuencia operaban en nuestro país mediante dos programas de áreas del gobierno.
El primero de ellos del 2012, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación por el que se expide la Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, como instrumento para incidir en la reducción del delito, teniendo como base la prevención en la que se estableció el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la realización de un Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia como instrumento para orientar los recursos en estados y municipios.
A la fecha, los proyectos para este fin operan mediante el recurso de Fortaseg destinado a las entidades, que además llevan a cabo tareas de seguridad pública, profesionalización, certificación, equipamiento e infraestructura para las instituciones de seguridad pública, para el cual el ejercicio de 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación destinó en el 2019 cuatro mil millones de pesos bajo el concepto de subsidios en materia de seguridad pública.
El segundo proviene del 2013 cuando se creó el secretariado de gobernación. La Subsecretaría de Prevención Social y la participación ciudadana con el Programa Nacional de Prevención del delito como su principal herramienta a fin de destinar recursos para la intervención social en municipios de alto riesgo.
Desde su creación de esta área de Segob se destinaron los siguientes recursos para su operación, tan sólo en el 2014 se destinaron dos mil 500 millones de pesos, en el 2015 se otorgaron dos mil 600, para el 2016 el recurso disminuyó a dos mil 15 millones, para el 2017 se destinaron cero recursos a esta, para el año 2018 se volvieron a destinar recursos, pero únicamente por 300 millones de pesos.
Lo que pone en manifiesto que la implementación de este programa que debía ser prioritario, y al cual también se aportan recursos de los estados y municipios depende de gran parte del dinero que se destina del ejecutivo federal o, en su caso, lo que concreta la Cámara de Diputados.
Como se puede observar, al que debería de ser una de nuestras prioridades ha enfrentado varias complicaciones.
Primero, la duplicidad de instancias al existir el Centro Nacional de Prevención del Delito del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y una estructura paralela en Segob.
El segundo, operativamente como sucede en múltiples programas, la entrega tardía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que hace casi inaplicables estos recursos.
En la realidad los 300 millones que le fueron destinados del año pasado significaron únicamente una asignación simbólica a fin de no reconocer que el programa no presentó ningún interés para el gobierno federal, que la política de prevención social de la violencia y la delincuencia se daba por terminada.
Es por ello que justamente pido sea incluido en la ley para que no se deje de asignar recursos a ningún ejercicio fiscal, para que todos contribuyamos en abatir la violencia y la delincuencia, pero no sólo en discurso, sino en los hechos y poder asignar recursos precisamente a estas actividades.
Es cuanto, Presidente.