jueves, marzo 28, 2024

Senador Damián Zepeda Vidales, al presentar el posicionamiento del GPPAN al dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de la ministra a la SCJN

 

Intervención del senador Damián Zepeda Vidales, al presentar el posicionamiento del GPPAN al dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las integrantes de la terna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal, que cubrirá la vacante generada por la conclusión del cargo de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos.

 

12 de marzo de 2019

Versión de la intervención del senador Damián Zepeda Vidales, al presentar el posicionamiento del GPPAN al dictamen de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de las integrantes de la terna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal, que cubrirá la vacante generada por la conclusión del cargo de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos

Con su permiso, señor presidente, miembros de la Mesa, honorable Asamblea.

Hoy vengo aquí, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para manifestar nuestro rechazo total a la terna propuesta para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y lo hacemos con plena conciencia y convicción de que hoy en día el principal interés debe ser proteger a las instituciones de nuestro país.

Hace algunos meses estuvimos aquí debatiendo precisamente este mismo tema, y en esa ocasión lo dijimos con claridad y hoy lo reiteramos: no hay un nombramiento más importante que tenga este Poder Legislativo, en este caso el Senado de la República, que un nombramiento de quién va a integrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no existe sencillamente porque en México existen tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo ejecuta los programas de gobierno y es electo el Presidente de la República; el Poder Legislativo legisla, entre otras funciones de fiscalización y demás, y es electo directamente o indirectamente por el voto ciudadano; y el Poder Judicial es el encargado de impartir justicia y es nombrado en su máximo órgano, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por este Senado de la República.

La importancia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy trascendental para la vida del país, nada más y nada menos es quien tiene bajo su mandato la defensa del orden constitucional en México; se encarga de garantizar que en México se cumpla la Constitución y tiene varias maneras de hacerlo, entre ellas destacan tres: el amparo por supuesto, que defiende al ciudadano, pero otras dos, que ahí estriba la importancia de por qué no puede intervenir uno de los otros poderes en el Poder Judicial, que son las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad, le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decir si una ley aprobada es constitucional o no; le toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación decir o decidir entre un conflicto entre poderes, el poder federal con un poder estatal, o entre dependencias u órganos a nivel federal o local, es el árbitro.

Por lo tanto, si es el árbitro judicial, de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede el Poder Ejecutivo dominarla, intervenir en ella, porque estaría viciando las decisiones que este órgano esté tomando, y eso es hoy lo que está sucediendo en este país, con los nombramientos que estamos viendo.

¿Por qué es importante la Suprema Corte, qué temas decide, qué estará bajo la decisión de la persona que hoy vamos a votar aquí?, pues la Corte ha definido temas tan polémicos como las confesiones forzadas, como el derecho a una defensa adecuada en este país, cuando un gobierno quería abusar contra un ciudadano fue la Corte quien defendió a ese ciudadano.

El tema de matrimonios entre personas del mismo sexo; la adopción; el derecho a la vida; el derecho a la configuración legislativa de los estados, para que puedan decidir sobre ciertos aspectos y que no se les imponga desde la Federación; el caso muy polémico de VIH-SIDA en la milicia; el caso o el debate sobre si una norma constitucional puede ser declarada inconstitucional; el caso de Acteal, en donde se debatió sobre la obtención de pruebas de manera ilícita, ¿por quién?, por la autoridad, por ése que hoy está intentando tener el control de este árbitro, que es el que tiene que decidir este tipo de temas importantes.

La primera decisión para que un militar fuera juzgado en tribunales civiles, fue la Corte quien decidió ese tema, por supuesto ante la resistencia del Poder Ejecutivo; el caso ABC; el uso lúdico de la marihuana; ¿qué temas vienen?: el tema de vida, el tema de superdelegados, el tema de remuneraciones; por eso, necesitamos garantizar que quien esté en este órgano tenga plena independencia.

Déjenme brincarme a otra arena, la electoral, para ver si puedo ejemplificar; qué importante hubiera sido nombrar bien a los miembros del Tribunal Electoral para cualquier caso que haya quedado un voto de diferencia entre la anulación o no, es lo mismo en esta materia, pero más importante porque es el máximo órgano judicial, cada voto que esté ahí tiene que garantizar su independencia y su objetividad, para que cuando decida lo haga una persona libre y sin ningún tipo de influencia externa, sobre todo ningún tipo de influencia del gobierno en turno.

Hemos dicho anteriormente cómo decidir esto. Parecería hoy aquí escuchando algunos mensajes pues qué somos oficialía de partes, nos mandan una propuesta, se revisa que cumpla con los requisitos de ley y listo, ya no hay nada más que verle, tenemos que votar a fuerzas a una.

No, señores. De hecho, el Constituyente prevé qué pasa si este Senado rechaza la terna, se puede rechazar, ha pasado ya en la vida de este país, cuando el Senado no la considera idónea la rechaza y tendrá el Ejecutivo que enviar otra, y en una segunda vuelta podrá el Ejecutivo nombrar, bajo riesgo de que ese ministro o ministra quede eternamente señalado de parcialidad en cada decisión que tome.

Hoy nosotros proponemos tres análisis: de capacidad, de trayectoria y de idoneidad por su objetividad e independencia. No me meto mucho al tema de capacidad y de trayectoria, que pudieran ser superados, a algunos nos puede haber gustado o no el desempeño de alguna candidata o aspirante en su comparecencia, pero tienen experiencia en la materia, ése no es el tema central hoy aquí.

El tema central es, la pregunta es: ¿esa futura ministra garantiza independencia y objetividad? La respuesta es no, ¿por qué?, porque de los tres casos una con candidatura incluso del partido en el poder; otra, con militancia hasta que inicia el proceso; y otra, con un claro conflicto de interés y señalamientos en el desempeño de función anterior.

Y sí, sí es conflicto de interés, sí es conflicto de interés, señores. Yo sé que pareciera que estamos ofendiendo a alguien decir que existe un conflicto interés, déjenme leerles lo que dice la ley, la ley define el conflicto de interés.

El artículo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dice: “conflicto de interés: la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos, en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. Eso dice la ley, no lo dice Damián, no lo dicen los senadores del PAN, lo dice la ley vigente.

Y, evidentemente, hay conflicto de interés en la propuesta que hoy nos están enviando.

La ONU ha determinado principios básicos para la independencia judicial, y lo que dice es que la independencia judicial es un requisito previo del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. Eso es lo que estamos buscando.

En consecuencia, dice la ONU, “el juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial, tanto en sus aspectos individuales, como en sus aspectos institucionales”. Dice más adelante que “debe de llevar a cabo su labor sin presiones, sin influencias externas”. Y puntualiza que “no debe de tener jamás un juez la influencia del gobierno en turno”.

Dice la propia ONU que la finalidad es “garantizar la realidad de la independencia, así como su apariencia”.

Y aquí hago una pausa, organizaciones mexicanas e internacionales nos han recordado la “teoría de las apariencias”, que ha sido recogida por organismos internacionales. El juzgador no debe sólo ser imparcial, debe de parecer imparcial porque está en juego la certeza de la institución.

Por todos esos motivos es que hoy nosotros les decimos: la obligación moral que tenemos es rechazar la terna, tenemos que proteger a las instituciones, en este caso al Poder Judicial. Y no, no es un tema personal contra alguna de ellas y mucho menos es un tema de mujeres.

Yo nada más quiero recordar que fue el PAN quien argumentó, en la pasada votación, que debía ser una mujer la que integrara la Corte de Justicia de la Nación, y no fue así la decisión de este Pleno.

Muchas miembras del Grupo han luchado por los derechos de la mujer; yo, en lo personal, vengo de una casa donde mi madre es una luchadora por los derechos de la mujer y sé perfectamente bien, por eso, el daño que le hace a la lucha de género este tipo de propuestas, que tienen claramente otros vicios de conflicto de interés que fueran aplicables, sea mujer o sea varón, la persona propuesta.

Hoy nosotros les decimos: rechacemos esta terna, se lo decimos a todos los miembros del Senado, pero principalmente a los miembros de la oposición.

Hagamos juntos esta lucha y defendamos una causa justa, que es garantizar que el máximo órgano de justicia del país sea un órgano autónomo e independiente.

No a la terna de ministras para la Suprema Corte de Justicia la Nación; sí a un Poder Judicial independiente y objetivo.

Muchas gracias.

 

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