- Tijuana requiere el máximo apoyo posible ante el próximo arribo de más de 8 mil 373 migrantes, resaltó
- El Gobierno federal abre la puerta a nuestros hermanos migrantes, pero luego deja toda la responsabilidad en ayuntamientos y estados, indicó
El senador Marco Gama Basarte demandó al Gobierno federal respaldar a los municipios de todo el país por donde transitan las diferentes caravanas migrantes, en especial al Ayuntamiento de Tijuana que en los próximos días recibirá a más de 8 mil 373 centroamericanos.
El senador panista por San Luis Potosí consideró urgente establecer una política articulada entre los tres niveles de gobierno para brindar una atención integral a los migrantes que transitan por el territorio nacional.
El también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe se refirió en especial a la situación que enfrenta Tijuana, toda vez que es el punto donde se concentran nuestros hermanos centroamericanos y generan una mayor presión a sus autoridades por los largos periodos de estancia que registran.
Manifestó respetar la decisión del Gobierno federal de brindar acceso seguro a nuestro país a los grupos de centroamericanos; sin embargo, consideró igual de importante apoyar presupuestalmente a los municipios por donde pasan y a donde llegan, como es el caso de Tijuana.
“Varios alcaldes nos han hecho saber que ellos no tienen recursos para brindar alojamiento, alimentación, servicios de salud, seguridad y todo lo que requieren las mujeres, niños y hombres que integran cada contingente”, sostuvo Gama Basarte.
Citó el caso de Tijuana, donde el alcalde Juan Manuel Gastélum ha estado atendiendo sin colaboración del Gobierno federal a las distintas caravanas.
“Cabe recordar que en noviembre pasado recibieron a poco más de 8 mil migrantes y en este momento el grupo que transita hacia la frontera supera las 8 mil 373 personas, entre los cuales hay mil 800 menores de edad, según datos del Instituto Nacional de Migración”, agregó.
El senador sostuvo que el Gobierno federal es el primer responsable de brindar atención y garantizar los derechos humanos de los migrantes centroamericanos a su paso por territorio nacional y, por ende, no puede ni debe desentenderse de dicha obligación y descargarla en los ayuntamientos.
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