La Constitución establece la Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo y señala los requisitos para ser Fiscal General por nueve años.
La autonomía del Fiscal es producto de la reforma constitucional de 2014, que sin embargo resultó insuficiente, ya que los requisitos de elegibilidad establecidos son mínimos y no garantizan la independencia del fiscal respecto del Presidente en turno, como era el propósito de la reforma.
Es por ello que desde su aprobación, diversos colectivos y organizaciones de la sociedad, académicos y partidos políticos, entre ellos el Partido Acción Nacional (PAN) manifestamos la necesidad de una reforma constitucional complementaria que asegure la autonomía. Esto dio lugar al movimiento legislativo en Cámara de diputados en septiembre de 2017, que al grito de #NoAlFiscalCarnal, impidió que el entonces procurador en funciones pasara de manera automática a Fiscal General de la República.
Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto no fue posible lograr la mayoría legislativa para concretar la reforma constitucional y al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que el nuevo gobierno sí podía haberla llevado a cabo, no hubo voluntad política y en cambio optó por una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Ya durante la campaña electoral, el Presidente López Obrador pasando por alto las disposiciones constitucionales, anunció junto con el resto de su gabinete a quienes serían sus candidatos para la Fiscalía General, los que desde luego participaron en días pasados en el trámite de selección.
Hoy el Senado tiene la responsabilidad de elegir al Fiscal General de la República y no contó en este proceso con reglas claras y suficientes para asegurar una auténtica autonomía del titular respecto del Presidente.
La terna propuesta incluyó a destacados integrantes del equipo político del Presidente López Obrador como la Doctora Verónica de Gyves, el Maestro Bernardo Bátiz y el Doctor Alejandro Gertz Manero. Finalmente en el resultado de la votación no hubo sorpresas, se designó a este último como ya se había anticipado.
Si bien todos ellos cumplieron con los requisitos constitucionales y cuentan con una trayectoria y capacidad técnica reconocida, en Acción Nacional lo que buscamos fue no tomar decisiones con base en consideraciones personales, sino garantizar que el Fiscal General no sea un subordinado ni empleado del Presidente, aspiramos a un Fiscal General que sirva a toda la nación.
Siendo la inseguridad y la impunidad uno de los principales problemas en nuestro país, es imperioso contar con un Fiscal que investigue los delitos, sí de manera eficiente, pero también sin compromisos ni lealtades con ningún grupo político.
Por estas razones los senadores de Acción Nacional mayoritariamente no avalamos el proceso de designación, en congruencia con nuestra convicción y lo que ha sido nuestra lucha política desde hace varios años.
Buscamos garantizar a la sociedad que el Fiscal, nunca más, sea el instrumento político del Presidente en turno para perseguir a sus adversarios. Por el bien de la República, no queremos un Fiscal a modo.
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Publicado por Diario de Querétaro, 23 de enero de 2019