El Grupo Parlamentario del PAN consideró que el procedimiento para elegir al Titular de la Fiscalía General de la República estuvo viciado de origen y lamentó que no se haya logrado nombrar a una persona independiente y totalmente autónoma al frente de esta institución.
“Estamos buscando una Fiscalía autónoma e independiente y se luchó por años para evitar un fiscal carnal, y hoy se está llegando aquí a lo mismo que se criticó en el pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador abiertamente ve a la Fiscalía General como una dependencia del Gobierno. Lo ha dicho, no cree en la autonomía e independencia como tal”, señaló el senador Damián Zepeda Vidales, al expresar la postura de la bancada panista.
Insistió en que los tres candidatos propuestos son miembros del equipo político-jurídico del presidente y no garantizan independencia y autonomía respecto al Poder Ejecutivo.
Indicó, además, que durante sus comparecencias los tres candidatos se negaron a asegurar que de ser electos como fiscal general no nombrarían a un miembro del partido en el Gobierno o del equipo político del Presidente al frente de las fiscales especializadas en materias de anticorrupción, electoral o de derechos humanos.
“Entonces, mañana no se sorprendan si un militante de Morena o miembro del equipo político del Presidente es el fiscal Anticorrupción o el fiscal de Delitos Electorales o el fiscal de Derechos Humanos”, dijo.
El mensaje que se está mandando a los estados es que cada gobernador puede nombrar a un incondicional en la Fiscalía, lamentó.
Asimismo, hizo un llamado al partido en el Gobierno a no perder la oportunidad de hacer las cosas distintas, pues, dijo, la gente que votó por Morena porque le prometieron que las cosas se harían diferentes. “Este es el momento de demostrarlo”.
Previamente, durante la comparecencia de los aspirantes ante el pleno, el senador Víctor Fuentes Solís reconoció públicamente la trayectoria de los tres aspirantes; sin embargo, dijo, el nombramiento “encuadra perfectamente en el nombramiento de un fiscal carnal”.
Ante ello, aseveró que “es una demanda de la sociedad mexicana una Fiscalía autónoma e independiente, que no se está logrando en este ejercicio”.
El senador por Nuevo León cuestionó a Bernardo Bátiz Vázquez si estaría de acuerdo –de ser necesario– en investigar al Presidente y cuál es su visión de la política de amnistía a los delincuentes.
Por su parte, al cuestionar a Eva Verónica De Gyves Zárate, el senador Marco Antonio Gama Basarte sostuvo que “el presente modelo de la Fiscalía General ha quedado, sin duda, subordinado al poder político, concretamente de la Presidencia de la República”.
Para Acción Nacional, afirmó, es preocupante que no exista una Fiscalía autónoma en su actuación, ya que eso podría interferir en momentos clave de definición en los asuntos relacionados con la impartición de justicia.
Por otro lado, Gama Basarte demandó a De Gyves explicar su propuesta para una efectiva coordinación y comunicación entre la futura Guardia Nacional y la FGR, de modo que se garantice eficiencia en sus funciones.
Durante la comparecencia de Alejandro Gertz Manero, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz reiteró la preocupación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional respecto a la autonomía de la Fiscalía y la necesidad de que el nombramiento de los fiscales especiales en materia de anticorrupción, de delitos electorales, de derechos humanos y de asuntos internos sea acompañado por la sociedad civil.
“Nos preocupa mucho el hecho de que la Fiscalía no sea autónoma. Nosotros queríamos una Fiscalía autónoma; peleamos por una Fiscalía autónoma. Nos interesa mucho que las fiscalías queden atrapadas a un militante de un partido político; que la selección de las fiscalías especializadas se lleve a cabo acompañado de la sociedad civil”.
En ese sentido, preguntó al compareciente si estaría dispuesto a que la titularidad de estas distintas fiscalías, en especial la de delitos contra la corrupción, pudiera surgir de un proceso de nombramiento acompañado por el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de garantizar la imparcialidad de quienes las encabecen.
Asimismo, cuestionó al aspirante si, en caso de ser designado fiscal general, estaría de acuerdo con el titular del Ejecutivo federal en someter a consulta la investigación a expresidentes o exfuncionarios por posibles delitos de corrupción o si deberían ser perseguidos de oficio.
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