Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, al participar en la discusión de diversos dictámenes de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana

 

Intervención de la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, al participar en la discusión de diversos dictámenes de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

 

 

Con el permiso de la presidencia de la Mesa Directiva.

Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.

Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional e integrante también de la Comisión Anticorrupción, quiero hablar a favor de estos dictámenes que se han votado en la Comisión.

Respaldamos, desde luego, la intención de estas proposiciones con punto de acuerdo, las cuales buscan exhortar a diferentes organismos e instituciones que utilizan o se les ha otorgado recurso público para el cumplimiento de sus funciones, así como el tema de contratos y licitaciones que otorga el sector gubernamental a transparentar la ejecución de este recurso o sus procedimientos.

Todos estamos de acuerdo y hemos reconocido que la corrupción es sin duda uno de los males que más costo le generan a nuestro país, ya que representa también un freno para el desarrollo.

Todos hemos mencionado que la corrupción es un lastre y un mal que debe ser mitigado, muchos de los que estamos aquí presentes hemos alzado la voz diciendo que no permitiremos casos de corrupción; inclusive, se han presentado propuestas de diversos grupos parlamentarios para que el delito de corrupción sea considerado como delito grave.

Desde esta tribuna, se ha alardeado de principios elementales que tienen las democracias modernas como la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Pero hay que reconocer que lo hemos hecho de dientes para afuera, debemos de poner el ejemplo en este Senado, porque el tema del combate a la corrupción siempre se ha utilizado para posicionarse sólo mediáticamente.

Por otro lado, contamos con un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual fue creado a través de una Ley General que fue publicado en 2016 y que originó cambios significativos: se crea un Comité de Participación Ciudadana, se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un Sistema Nacional de Fiscalización, el cual es el encargado de crear un modelo electrónico para ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de recursos federales y locales, entre otras cuestiones.

Ante esto, la corrupción sigue imperando en nuestro país, por lo tanto nos debemos preguntar ¿qué nos asegura que una estructura burocrática nueva, con mayores atribuciones en el ámbito de rendición de cuentas no tome el mismo destino que han tenido todas las estructuras anteriores que tenían el mismo fin?

¿Qué es más redituable, dotar a las estructuras burocráticas actuales para combatir la corrupción de instrumentos y facilidades que requieran para llevar a cabo su trabajo o lo políticamente correcto, de que la propuesta principal en cada elección sea acabar con la corrupción?

El 13 de septiembre el Comité del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó los formatos de declaración patrimonial y de intereses para crear el nuevo Declaranet, plataforma que empezará a programar de inmediato y que se busca que estuviera lista antes del 1 de diciembre, o a más tardar el 30 de abril del siguiente año, por lo que los servidores públicos salientes y entrantes  no utilizarán el formato nacional en sus declaraciones de conclusión e inicio de cargo.

La ciudadanía tiene derecho de saber con qué y con cuánto se van los funcionarios del sexenio que acaba de terminar, se debe tener información confiable de la situación patrimonial de los servidores públicos, con el objeto de detectar variaciones significativas en sus bienes.

Compañeras y compañeros legisladores:

Insisto, estamos a favor de la buena voluntad de estos dictámenes, pero también hay que ser realistas, que la corrupción no se resuelve porque no se avanza en el Sistema Nacional Anticorrupción, porque no se castiga al corrupto y porque se siguen encubriendo casos de corrupción, aquellos representantes populares o servidores públicos que promueven la transparencia y la rendición de cuentas, pero al mismo tiempo no castigan o no investigan casos de corrupción, por ese simple hecho se convierten en cómplices.

Es cuanto. Muchas gracias.

 

–ooOoo–

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *