Mucho se ha dicho que el Presupuesto de Egresos de la Federación es el reflejo en términos financieros de la intención política del gobernante y del control que pretende ejercer sobre los recursos públicos.
En este sentido, el PEF 2019 tiene una enorme carga asistencialista, al destinar 252 mil millones de pesos con los que pretende cumplir sus promesas de campaña, entre las que destacan la construcción del tren maya, los proyectos de infraestructura carretera y aeroportuaria, y los programas sociales para jóvenes y adultos mayores, entre otros.
En la discusión de la propuesta presupuestal fue sumamente cuestionada la reducción de recursos a la UNAM, IPN, UAM, así como el incremento marginal destinado a las universidades estatales. Ante los múltiples reclamos la primera reacción del presidente fue de confrontación pública. Esto avivó las quejas del sector educativo y de los legisladores de oposición, al grado de que horas más tarde tuvo que reconocer su “error” y comprometerse a aumentar los recursos a las universidades, por lo menos en el porcentaje inflacionario, tal como lo había prometido.
Asimismo en Cámara de Diputados se dio un acalorado debate entre los legisladores de Morena y de oposición, toda vez que en la Ley de Ingresos se mantuvo el impuesto a las gasolinas (IEPS), aún cuando en campaña hubo un reiterado ofrecimiento de “darle reversa al gasolinazo”.
Otro tema controvertido es la eliminación de recursos para las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, con lo que estarían en riesgo de desaparecer 15 programas destinados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, además de otros apoyos orientados a este sector altamente vulnerable.
Con el argumento de que se debe “hacer más con menos”, no aparecen recursos etiquetados al presupuesto de operación del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual resulta incongruente, toda vez que una de las banderas del actual gobierno es precisamente acabar con la corrupción.
Cabe destacar que se tiene prevista una reducción sensible a los organismos públicos autónomos como la CNDH, COFECE, IFT, INE, INAI, INEE, lo que resulta particularmente delicado, ya que se trata de instancias públicas que representan un límite real al poder Ejecutivo, y que son fundamentales en el esquema de pesos y contrapesos que supone un verdadero sistema democrático.
A pesar de que el Presidente se comprometió a no endeudar más al país, el paquete económico propone un techo de endeudamiento interno de 490 mil millones de pesos y externo de cinco mil 400 millones de dólares, que corresponde al ritmo de endeudamiento del gobierno anterior, que tanto cuestionó.
Compartimos el propósito del nuevo gobierno federal de reducir gastos superfluos e innecesarios, de hacer más con menos, pero desde luego preocupa que estos recortes afecten a áreas prioritarias como universidades públicas, órganos autónomos y que se destinen los recursos públicos preferentemente a programas asistenciales y populistas con alta rentabilidad electoral.
En política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Queda claro que las promesas de campaña son más fáciles de decir que de cumplir. El gran reto que tiene este gobierno no sólo es gastar menos, sino gastar mejor.
Publicado por Diario de Querétaro, 27 de diciembre de 2018