Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís presenta iniciativa a nombre del PAN sobre la libertad de expresión

Intervención en tribuna del senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, a nombre propio y de las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libertad de expresión.

 

Gracias, con su permiso Presidente.

México es hoy en día el país más inseguro del mundo sin estar en guerra.

México es hoy en día el país sin guerra más peligroso del mundo, y para ejercer el periodismo para nada es la excepción.

De acuerdo con la Organización de Reporteros Sin fronteras Artículo 19 afirma que en México lamentablemente muere un periodista cada 26 días; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta que tiene hoy 92 expedientes abiertos relacionados con agresiones a periodistas; Artículo 19 ha señalado en su Informe sobre la situación de violencia contra libertad de expresión en México que el 52 por ciento de las agresiones cometidas en contra de periodistas provienen directamente de servidores públicos de diferentes niveles de gobierno.

Sin embargo, argumenta Artículo 19 que en el 81 por ciento de esas agresiones están involucrados servidores públicos, ya sea por error o por omisión; para colmo, hoy observamos un nuevo clima, más enrarecido, polarizado e intolerante hacia el ejercicio pleno de la libertad de expresión, mediante descalificaciones y señalamientos directos, como “medios fifís”, “chayoteros”, “conservadores”, “radicales”, hasta amenazas veladas en cuanto un poco claro el manejo del presupuesto de comunicación oficial, y un extraño llamado de futuros funcionarios y seguidores del presidente electo, que piden que los medios de comunicación revelen explícitamente su filiación político partidista.

En una democracia, los medios de comunicación y los periodistas requieren de condiciones de certeza y de garantías para ejercer con plena libertad su oficio, su menester; en democracia, los medios pueden tomar partido si así corresponde a su valoración ética, y pueden hacerlo saber a sus lectores y a sus audiencias para que ellos tomen las mejores decisiones.

Lo que no sucede en democracia, y es inaceptable, es que el del poder público se les descalifique, es que desde el poder público se les exija una definición sobre su filiación político partidista; el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental en nuestro país, que ha sido incluido en nuestra Carta Magna; sin embargo, el Estado mexicano no ha logrado garantizar la seguridad, la integridad y la vida de las personas que ejercen libremente el periodismo.

Las senadoras y senadores del PAN sostenemos que las amenazas, las descalificaciones y, peor aún, la grave represión y limitación de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información que vive nuestro país, son inaceptables porque lastiman profundamente el desarrollo y la convivencia democrática de la nación.

El gobierno mexicano ha recibido en reiteradas ocasiones recomendaciones de instancias nacionales e internacionales, con llamados enérgicos a la Federación y a los estados de la República para que implementen políticas encaminadas a garantizar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, hacia los medios, hacia los comunicadores en general.

Estamos convencidos que la libertad de expresión no solamente consiste en garantizar al gremio periodístico el ejercicio pleno de sus derechos, sino que también es condición indispensable para la consolidación de una sociedad democrática, participativa y tolerante.

Los cobardes homicidios de Javier Valdez, de Miroslava Breach, pusieron lastimosamente a México bajo la lupa de la comunidad internacional en 2017, relatores han ido y venido, pero la impunidad sigue intocada.

Actualmente, el 99.7 por ciento, es decir prácticamente todas las agresiones contra periodistas, quedan impunes; de las más de 800 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, solamente se han emitido tres sentencias.

Urgimos a esta Cámara a crear un sistema de protección, pero también de prevención y establecer además las bases para la creación de un andamiaje legal e institucional en los estados de la Federación para la eficaz protección de la defensa de estos derechos, por medio de una sana distribución de competencias, orientados a hacer valer su exigibilidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de la recomendación general 24, ha exhortado ejercer en el caso de la Procuraduría General de la República, la facultad de atracción en beneficio de las víctimas; esta facultad es conferida por la Constitución en artículo 73, pero en los hechos vemos que la PGR no ejerce esta atracción y los delitos siguen quedando en la absoluta impunidad.

La Cámara de Senadores debe asumir un papel y una responsabilidad histórica ante la acumulación escandalosa de agresiones, asesinatos y demandas de protección al medio periodístico.

Debemos escuchar y dar respuesta al reclamo de las organizaciones sociales que representan al gremio, así como de las víctimas del periodismo. El Senado debe llevar a cabo los cambios necesarios en la legislación, para garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita mediante una autoridad especializada.

En el PAN hemos luchado de 1939 por lograr que las ideas y las opiniones puedan expresarse con plena libertad, porque resulta requisito esencial, indispensable para una democracia defender la libertad de expresión ante cualquier régimen autoritario y totalitario.

Desde el año 2000 en México tuvimos avances significativos en cuanto al ejercicio pleno la libertad de expresión.

Hay una conquista histórica del PAN en estos avances; es un derecho irrenunciable de todos los ciudadanos poder opinar y criticar abiertamente al Presidente de la República o a cualquier actor en el poder, sin tener miedo a represalias, sin tener miedo a ser censurados, sin tener miedo a ser violentados.

Llamamos al presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a las nuevas autoridades que lo acompañan en su gobierno, a serenar su ímpetu defensivo, a poner en práctica la tolerancia que durante tantos años en la oposición reclamaron. Los demandamos a la apertura que ofrecieron en su campaña electoral; les demandamos evitar descalificaciones a los medios de comunicación y a la prensa, al escrutinio periodístico y a las opiniones críticas.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción primera, 164, 179 y 172 del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan los artículos 773, fracción 21 y fracción 52, y 102 apartado A, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contemplan elevar a rango constitucional la confidencialidad de las fuente de los periodistas; elevar a rango constitucional la facultad de atracción de la futura Fiscalía General de la Nación en delitos cometidos contra periodistas; incorporar una Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas; garantizar la protección de los derechos de libertad de expresión e información, difusión y derechos digitales facultando al Congreso para expedir la ley general en la materia.

Un régimen democrático necesita de la participación crítica de los medios de comunicación y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la vida, la seguridad, el patrimonio y la pena de libertad de las personas que ejercen el periodismo.

Por su atención, muchas gracias.

Es todo, Presidente.

 

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