Intervención del senador Gustavo Madero Muñoz, al presentar un punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que en el pronunciamiento respecto de la controversia constitucional 183/2018, formulada por el titular del Poder Ejecutivo federal en contra del gobierno y del Poder Judicial del estado de Chihuahua, considere los esfuerzos que realizan los gobiernos de las entidades federativas en el combate a la corrupción y a la impunidad, así como el clamor de justicia de los ciudadanos.
Con el permiso de la Presidencia.
El gran triunfo de Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio se debe a muchas razones, pero una muy fundamental es por el hartazgo de la población frente a la corrupción política.
De igual manera, en el estado de Chihuahua, en 2016, los ciudadanos también votaron con esos mismos motivos por Javier Corral; el gobierno de Javier Corral emprendió una lucha para investigar los actos de corrupción, y de ahí surgió el caso de la operación “Zafiro”; se logró detener a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, por el desvío de 250 millones de pesos, el 20 de diciembre del año pasado.
Ahí fue donde las cosas empezaron a volverse realmente inusuales, por llamarlo de alguna manera; el secretario de Hacienda condicionó la entrega de los recursos al estado de Chihuahua, el gobierno del estado de Chihuahua, del Fortafin a cambio de conocer las carpetas de investigación.
Tal fue la indignación que de ahí surge la famosa Caravana por la dignidad, que empezamos en Ciudad Juárez, en la frontera, y terminamos después de un gran recorrido aquí, en la Ciudad de México.
Fue una Caravana que tenía dos banderas: la extradición de César Duarte y la recuperación, la entrega, de estos 700 millones al gobierno del estado de Chihuahua.
Después de esto, la defensa de Alejandro Gutiérrez solicitó que las autoridades federales fueran declaradas competentes para conocer de la causa, y los jueces federales concedieron esta solicitud.
Sin embargo, la PGR no actuó y después solicitó extrañamente que se sobreseyera el caso debido a que no había materia, y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público se declaró como no afectada por este delito y de este desfalco.
En la pasada visita que tuvo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al estado de Chihuahua, en presencia del gobernador le ofreció que de acuerdo con la ley, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitaría la extradición de César Duarte, en su reciente visita, el 20 de octubre.
Sin embargo, el pasado 11 de octubre, en un acto totalmente inusual, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tocó la puerta de la Suprema Corte de Justicia pidiendo amparo, pidió, a través de una controversia constitucional, la suspensión de todos los actos de investigación que estaba haciendo el gobierno del estado de Chihuahua.
Éste es un acto totalmente inusual, en el que solicita que la Corte declare que el gobernador del estado se desista de intervenir directa, indirectamente, pública o privadamente en las investigaciones actuales o inminentes, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
Ése es un caso totalmente extraño, el gobernador del estado le llamó a este recurso un “amparo buscador”, ¿qué significa esto?, que lo que está de fondo es que el Gobierno federal, la administrador saliente está preocupada por el alcance de estas investigaciones y quiere tener conocimiento de a quiénes pudiera llegar a involucrar.
De prosperar este recurso, haría nugatorios cualquier acto de investigación de una entidad local contra un delito de una administración federal por actos de corrupción.
Por eso, sometemos a esta soberanía este punto de acuerdo, este resolutivo para exhortar a la Suprema Corte de manera respetuosa para que en su pronunciamiento tome en cuenta estos antecedentes y apoyen a todas las personas que estamos buscando combatir la corrupción y la impunidad.
Por su atención, muchas gracias.
Pido, Presidente, si puede ser considerado de urgente y obvia resolución.
Gracias.
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