jueves, marzo 28, 2024

Lograr la preservación de los recursos pesqueros del país, solicita Saldaña Cisneros al próximo Gobierno Federal

La senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros exhortó a la próxima administración pública federal a que, ante la falta de resultados de la administración actual, modifique las políticas públicas y los programas en materia de inspección y vigilancia pesquera, a fin de lograr la preservación de los recursos pesqueros del país, así como dar cumplimiento con lo dispuesto en la legislación nacional y los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.

Al presentar un punto de acuerdo, la legisladora por Baja California Sur también pidió a los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Marina, y al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, cumplan su mandato y ejerzan sus atribuciones de inspección y vigilancia pesquera.

“Es necesario que se atienda y no se tolere el problema de la pesca ilícita en el país y que, en la temporada de camarón de altamar en el litoral del Océano Pacífico, se aplique un programa emergente de inspección y vigilancia en los litorales de Baja California Sur, para evitar los problemas recurrentes de pesca ilegal, principalmente por los barcos camaroneros que arrastran en esa región”, señaló.

Además, conminó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en la discusión y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, sea considerado un incremento sustancial y etiquetado de los recursos destinados para la inspección y vigilancia pesquera, para que se cuente con las condiciones económicas suficientes para efectuar los actos de autoridad necesarios en el combate de la pesca ilegal.

Indicó que la pesca es una actividad fundamental para el desarrollo de nuestro país, sobre todo porque es generadora de alimento y fuente de empleos permanentes y eventuales, que se distribuyen en las diferentes etapas de la cadena productiva, lo cual, agregó, contribuye significativamente a mejorar el nivel de vida de quienes se dedican a ella.

No obstante la importancia social y económica de la pesca, aclaró, ésta enfrenta múltiples problemas, entre los cuales destaca el de la pesca ilegal en todo el territorio nacional.

“Este problema ha ido creciendo como parte de los problemas de corrupción e impunidad que enfrenta nuestra nación, pero también en gran medida por la ineficiencia y la falta de atención de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, responsable de esta tarea por disposición de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables”, señaló.

Saldaña Cisneros manifestó que la pesca furtiva o ilegal ocasiona sobreexplotación, la captura de ejemplares juveniles, la utilización de artes de pesca prohibidas, entre otros efectos adversos, lo cual se traduce en fuertes pérdidas económicas y una amenaza para la sostenibilidad a largo plazo de la pesca y la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos.

“En la Constitución, en los acuerdos internacionales que México ha suscrito y en su propia legislación interna, se establece la obligación de llevar a cabo la inspección y vigilancia como parte de las medidas gubernamentales para la aplicación efectiva de la legislación relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales”, resaltó.

Refirió que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables señala como objeto de la misma garantizar la conservación, la preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros y establecer las bases para su adecuado fomento y administración.

Afirmó que a pesar de la falta de información sobre los efectos adversos de la pesca ilegal, la FAO planteaba hace algunos lustros que ésta significaba en México el 30 por ciento de las capturas totales, mientras que las organizaciones del sector pesquero mencionan que puede constituir más del 40 por ciento.

“Este problema no ha decrecido, por el contrario, sus repercusiones negativas en la sustentabilidad pesquera y en la competitividad de la pesca nacional se han ido agravando en los últimos años; la disminución de algunas especies pesqueras encuentra su explicación más clara, además de los fenómenos climáticos, en la elevación de los índices de la pesca ilícita”, subrayó.

El punto de acuerdo de la senadora de Acción Nacional se turnó a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, para su análisis y dictaminación.

 

 

 

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