Intervención de la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, en la reunión extraordinaria de las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.
En efecto, el 102 constitucional nos habla de la Fiscalía General como un órgano público autónomo, sin embargo la reforma de 2014 fue insuficiente toda vez que se enfocó solamente a criterios de elegibilidad y de duración del fiscal. Creemos que para que exista una verdadera autonomía, para que contemos con un fiscal general de la República autónomo e independiente es necesario una reforma constitucional.
Sin embargo, la iniciativa que presenta el grupo mayoritario de Morena lo hace a través de una ley ordinaria, de una ley secundaria que no nos permite avanzar realmente con las limitaciones que ahorita tenemos en el 102 constitucional, es por eso que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó en este tema una iniciativa que buscaba reformar el 102 para lograr realmente las condiciones de autonomía e independencia, de tal suerte que el nuevo fiscal no estuviera sujeto a presiones de tipo político- partidista, ni a la dependencia como un empleado más del Presidente de la República, pedíamos que fuera una persona que entre los requisitos de elegibilidad acreditara que no ha desempeñado un cargo en el partido político o de representación popular del partido político que lo está proponiendo durante los últimos seis años a su nombramiento, situación que no ha sido posible y consideramos que las condiciones de hacerlo a través de una ley secundaria nos deja con las mismas limitaciones que queríamos tratar de superar a través de la reforma constitucional.
Finalmente, creemos que esta iniciativa se presenta por el grupo de Morena, pues el fiscal general sigue siendo un subordinado del Presidente de la República, no es autónomo, no es independiente, no vamos a contar con un fiscal general de la República, sino vamos a seguir contando con el fiscal del Presidente en turno.
Y esto es tan relevante que incluso en el artículo 13 transitorio de esta misma iniciativa, se señala claramente el fiscal convocará al proceso de revisión y de modificación constitucional en un plazo de un año, es decir, hay la conciencia clara de que es necesario y urgente una reforma constitucional pero lo mandan a un año, y una vez que haya sido aprobada esta legislación secundaria, lo cual consideramos que es innecesario e improcedente, pudiéramos haber hoy hecho la reforma constitucional y estar en condiciones también de hacer posteriormente la legislación de tipo ordinaria.
Y por otro lado me parece muy delicado que en el planteamiento de toda la iniciativa partimos de la estructura de la PGR, consideramos que no podemos construir una Fiscalía creíble, no podemos construir un Fiscalía autónoma e independiente a partir de la estructura colapsada de la PGR, que es posiblemente la institución con menos credibilidad en nuestro país.
En el caso de las fiscalías especializadas, dice el proyecto de decreto que gozarán de autonomía técnica y de gestión, eso lo dice, sin embargo en el artículo 26 fracciones 2 y 4, si bien se habla de esta autonomía técnica para llevar a cabo acciones de coordinación internacional o solicitar información a instancias también internacionales, en todos los casos debe dar aviso a la coordinación general.
Igualmente el artículo 19 fracción 8 establece como atribución del fiscal, el que va a nombrar no solamente a los titulares sino también a todo el personal de la Fiscalía, así de esta misma manera pues la asignación del presupuesto y de los recursos materiales y financieros.
Luego entonces pues nos preguntamos en dónde puede quedar esta supuesta autonomía técnica y operativa, si el fiscal general designa a los fiscales especializados, al personal escrito y, por supuesto, al presupuesto que se va a asignar.
Creemos –nuevamente– que mientras no contemos con una reforma constitucional que nos permita contar en este país con una Fiscalía autónoma, apartidista e independiente, no avanzamos respecto de las condiciones en las que actualmente nos encontramos, y en ese sentido el voto de la fracción del Partido Acción Nacional será en contra de la iniciativa presentada.
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