Senadora Kenia López Rabadán, con aval del PAN, al presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 35 de la Constitución

Intervención en tribuna de la senadora Kenia López Rabadán, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y X al artículo 35 de la Constitución.

 

 

Con su venia, señora Presidenta.

Vengo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, porque durante los últimos meses hemos escuchado la palabra consulta de forma consuetudinaria. Sin lugar a dudas la consulta ciudadana que más especulación ha generado es la relativa al Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ya que aunque se ha anunciado que se instalarán mesas de recepción del 25 al 28 de octubre en plazas públicas, en 538 municipios del país, y con posterioridad habrá una encuesta, dicho anuncio generó más dudas que certezas.

¿Bajo qué parámetros se diseñó la pregunta? ¿Por qué en esas fechas? ¿Por qué 4 días? ¿Quiénes recibirán la votación y realizarán el escrutinio y cómputo de las opiniones de las y los mexicanos?

Es importante señalar que la consulta ciudadana no se encuentra reglamentada a nivel federal en ningún ordenamiento. Lo más parecido que existe es la consulta popular, sin embargo, este instrumento de participación ciudadana tiene fines y alcances muy diferentes a lo que está buscando actualmente el presidente electo.

Como habitante de la Ciudad de México debo señalar que el Presidente electo, López Obrador, nos tiene acostumbrados a sus ocurrencias, en cuanto a consultas se refiere. Ejemplo de lo anterior se dio en el año 2001, cuando mediante un escueto sondeo telefónico supuestamente preguntó a los capitalinos si estábamos de acuerdo con el horario de verano. Y como teóricamente no estuvimos de acuerdo decidió enfrentarse con el entonces presidente Fox e intentó no aplicar el horario de verano.

Otro caso tristemente recordado se dio ese mismo año, ya que decidió preguntar vía telefónica si los capitalinos estábamos de acuerdo en aumentar el precio del boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y como el supuesto resultado arrojó que más del 60 por ciento estaba de acuerdo pues entonces aumentó el precio del Metro.

Desde Acción Nacional puntualizamos que no existe un parámetro para decidir qué acciones del gobierno van a consulta y cuáles no. ¿Si el aeropuerto va a consulta, por qué el Tren Maya No? ¿Si el aeropuerto va a consulta, por qué la construcción de las nuevas refinerías no? ¿Si el aeropuerto va a consulta, por qué el corredor transístmico que propone no? ¿Si el aeropuerto va a consulta, por qué el precio de la gasolina no?

Consideramos que la propuesta más pulcra para llevar a cabo todas esas consultas es que el Congreso de la Unión incorpore ciertos instrumentos de democracia participativa, como lo es el plebiscito y el referéndum. Evidentemente necesitamos eso en nuestro sistema legal mexicano.

El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual el Poder Ejecutivo somete a consideración de los ciudadanos y ciudadanas, para su aprobación o rechazo y de manera previa su ejecución, los actos o decisiones que a su juicio son trascendentes para la vida pública.

Igualmente se debe legislar para implementar la figura de referéndum, ya que dicho instrumento es el idóneo para consultar a la ciudadanía sobre la creación, reforma, derogación o aprobación de leyes.

Necesitamos certeza sobre la forma en que debe hacerse la pregunta, los tiempos en que debe realizarse, la forma en que serán vinculantes los resultados del ejercicio e inclusive los medios de impugnación que proceden a alguna controversia que exista.

En la presente iniciativa se propone que sea el Instituto Nacional Electoral la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento y acreditación de los requisitos para que se lleve a cabo cualquier plebiscito o referéndum. Garantizará la equitativa difusión de las opciones que se presentan a la ciudadanía y será esta institución la responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

Se establece que los resultados de plebiscito y referéndum tengan carácter vinculatorio cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y haya participado al menos la tercera parte del listado nominal de electores.

Igualmente se propone que las decisiones en las materias de derechos humanos, penal o tributaria no sean sometidas a plebiscito o referéndum.

Concluyo, Presidenta. Asimismo, durante los procesos electorales no podrá convocar sea plebiscito referéndum e igualmente no podrá realizarse más de un procedimiento de plebiscito o referéndum al año.

Se establece que las controversias relativas a plebiscito o referéndum sean resueltas por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de conformidad con la ley.

En nuestra opinión, si el gobierno electo sigue promoviendo consultas piratas únicamente será para justificar una decisión que podría ya estar tomada.

En el PAN decimos: consultas sí, manipulaciones no.

Muchísimas gracias.

 

 

ooOoo

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