Intervención del senador Julen Rementería del Puerto, al presentar una iniciativa que reforma los artículos 137,141, 144,145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal
Con la venia de la Mesa, Presidenta.
La corrupción no es propia de un país, no es exclusiva del gobierno y por supuesto, tampoco se encuentra en toda la población, no se comete de una sola manera, pues involucra una serie de formas, mecanismos, organizaciones en las que intervienen elementos muy variados, conductas reguladas por la Ley de Responsabilidades Administrativas y en el Código Penal Federal, en nuestro país dan una muestra clara de ello.
Puede presentarse tanto en regímenes autoritarios como en democráticos y no es exclusiva del sector público, ya que afecta reglas, instituciones y costumbres que envuelven el intercambio en la economía, en las relaciones políticas y sociales, así como simplemente en la vida cotidiana.
De acuerdo a Transparencia Internacional, este fenómeno puede clasificarse en corrupción a gran escala, a menor e incluso dentro de la política, así lo establece según la cantidad de todos los fondos perdidos y el sector y los daños en donde se generen. México seguro ha sido víctima de todos estos tipos de corrupción, de estos tres y de algunos más que ni siquiera menciona Transparencia Internacional.
La experiencia reciente ha demostrado que la corrupción ha sido un mal cometido de forma indistinta, por servidores públicos de todas las entidades federativas y de los múltiples partidos.
Hay que recordar cómo ha venido sucediendo y cómo se ha señalado, incluso aquí en esta tribuna, en fechas muy recientes, los actos de corrupción que no han podido ser castigados, como la sociedad lo está demandando y eso tiene que ver con lo que se viene a proponer en esta iniciativa, en la reforma que se propone, para poder evitar que haya estas facilidades en los beneficios de preliberación de aquellos servidores públicos ya sentenciados.
Lo cierto es que es un sistema de estructuras gubernamentales que no están operando de manera adecuada, y en tal sentido su combate, existe una oportunidad para crear y fortalecer instituciones encargadas de su prevención y erradicación, de eso se trata esta iniciativa.
Lo anterior motivó que el 27 de mayo el 2015 se llevará a cabo la promulgación del tan famoso Sistema Nacional Anticorrupción, pero en el cual existen algunas lagunas, que por supuesto hay que mejorar para hacer este combate a la corrupción más efectivo, más cercano a lo que la población, lo que el ciudadano quiere allá, en cualquier lugar del país y no importa de qué ideología se trate, todos al final de cuentas eso es lo que están pretendiendo que se logre.
La sociedad demanda medidas más duras contra los funcionarios corruptos, quienes manejan recursos públicos que deben de estar sujetos a un estricto control mucho más severo en materia penal. Por ello, la medida planteada tiene como propósito fortalecer el aparato institucional para recuperar la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas y con ella hacer frente al fenómeno de la corrupción.
En concreto, de lo que se trata en esta iniciativa es de poder reformar los artículos 137, 141, 144, 145 y 146 de la ley ya referida, a fin de eliminar la posibilidad de obtener beneficios de preliberación como lo son la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución de penas, los permisos humanitarios y la preliberación por criterios de cualquier política penitenciaria.
A los sentenciados por delitos, por hechos de corrupción, establecidos en el Código Penal Federal y en las legislaciones sustantivas penales de las entidades federativas, no se les debe permitir esta condición de preliberación.
Aquí, decía hace un momento, hace unos cuantos días en esta misma tribuna, pasaron compañeros senadores y senadoras, precisamente a exponer su inconformidad respecto de la preliberación que pueden llegar a alcanzar personas que hoy están ampliamente señaladas por corrupción, y me refiero para no poner ejemplos en otros lados, a mi estado, a Veracruz, en donde el exgobernador hoy va a obtener seguramente una condición muy favorable, al simplemente acogerse a medidas que le van a permitir salir mucho antes de lo que la sociedad, de acuerdo a las penas que se han cometido y se han demostrado, debiera merecerles.
Yo exhorto pues, a todos los senadores y senadoras de esta Cámara, a que más allá de ideologías partidarias, podamos estar coincidiendo en esto: que aquel funcionario que por hechos de corrupción se ha sentenciado a un determinado número de años privándole de su libertad, pagando una pena en algún penal del país, no pueda acceder a los beneficios de preliberación.
Es lo menos que podemos hacer por los ciudadanos de este país que pidieron un cambio y que dijeron debe de acabarse la corrupción y debe de limitarse y extinguirse la impunidad.
Es cuanto, senadora Presidenta.
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