Intervención en tribuna del senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, al presentar, con aval del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal.
Con el permiso de la Presidencia.
Hago uso de esta tribuna, para presentar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con aval del Grupo que reforma y adiciona, diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, para establecer la inhabilitación definitiva o la muerte civil por actos de corrupción.
La corrupción en el país es algo que como legisladores nos debe de preocupar, pero más que preocuparnos nos debe de ocupar.
Según el índice de percepción de la corrupción del año 2017 realizado por Transparencia Internacional, nuestro país está calificado en una escala de cero a 100, con 29 puntos, donde cero es altamente corrupto y 100 es muy limpio, posicionándolo en el número 135 de 180 junto con países como Honduras, Paraguay y Rusia.
Los supuestos avances que se han dado en materia de combate a la corrupción en nuestro país no existen, la mejor calificación que tuvo México desde el año 2012 en el índice de Transparencia Internacional, fue con 35 puntos en el año 2014, a partir de ahí hemos descendido hasta llegar a la actual calificación de 29 puntos.
Sin duda, el Gobierno federal en turno, hizo casi nada para sacarnos de esta posición o más bien trabajaron duro para mantenernos en la parte final de la tabla. En México 4 de cada 10 mexicanos ha pagado un soborno para tener acceso a la educación, a la salud, a los trámites de documentos y también igual a los servicios públicos. Esas cifras no son propias de un país que se jacta democrático, muchas de las instancias públicas se encuentran envueltas por la corrupción, por el mal uso precisamente y sobre todo de los funcionarios, pero que no sólo afecta precisamente la corrupción, sino que también afecta la vida administrativa pública.
También la impunidad que cobija a esos personajes que se trasladan de una dependencia a otra, beneficiando únicamente su patrimonio, y el de sus familias y amigos más cercanos, sin ninguna consecuencia. En algunos casos se inhabilita temporalmente a servidores de menor rango, creyendo que con esto es suficiente.
La corrupción menoscaba la capacidad de los gobiernos, para proporcionar a los ciudadanos recursos y servicios básicos, por ello es que el sistema de responsabilidad administrativa debe de proveer la “muerte civil” para los servidores públicos y particulares que estén involucrados en actos de corrupción.
Los efectos de la “muerte civil” para los servidores públicos o particulares que cometan faltas administrativas graves o delitos en materia de corrupción, será no volver a tener ningún puesto público en toda su vida y no participar en adquisiciones, arrendamientos servicios u obras públicas en definitiva, tanto para los servidores públicos y por supuesto también para los empresarios que comentan actos de corrupción. Esto se logrará contemplando a la sanción de inhabilitación definitiva de la Ley General de Responsabilidad Administrativa y en el Código Penal Federal, diferenciándola de la inhabilitación temporal.
Por ello, se propone eliminar el supuesto de inhabilitación temporal de 10 a 20 años cuando el monto de la afectación de la falta administrativa grave exceda las 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y suplirlo por la sanción de inhabilitación definitiva.
Especialistas mencionan que la corrupción podría costar el 5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, cerrando en una cifra de 900 mil millones de pesos.
Adicional a esto, recordemos el caso del hermano de un ex presidente que amasó una fortuna de 120 millones de dólares, resultando en actos de corrupción, cantidad que según lo estimado por el Banco Mundial, bastaría para costear a valores actual per cápita, los servicios que atienden a la salud a más de 594 mil ciudadanos mexicanos durante un año.
Es verdad que la corrupción es un mal que afecta a todos los sectores del gobierno y a muchos de la sociedad, sin embargo las instituciones no son corruptas, sino sí mismo por los servidores públicos, sin ser generales, lo que lleva a cabo las malas prácticas en el ejercicio de sus funciones y que deriva en actos de corrupción qué afecta el patrimonio de las dependencias, en muchos casos que transgrede en violaciones de los derechos humanos de las personas.
En esas medidas en materia de combate a la corrupción, traería aparejado consecuencias en edificios en materia del crecimiento económico. Los países que combaten la corrupción y que afianzan el imperio de la ley, podrían aumentar sus ingresos nacionales en un 400 por ciento; por ello es que nuestro ordenamiento jurídico debe contemplar la “muerte civil” para los servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en actos de corrupción y así depurar las instancias de las personas que afectan, por supuesto, el ejercicio de la función administrativa y por tanto lograr poco a poco una mayor eficacia en el goce de los derechos humanos esenciales que deba ser garante de los Estados democráticos.
Es cuanto, señor Presidente.
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