Intervención del senador Ismael García Cabeza de Vaca, al presentar una iniciativa que reforma el artículo 22 y la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, en materia de extinción de dominio.
Con tu permiso, Presidenta.
Muy buenas tardes, senadoras y senadores.
El día de hoy hago uso de la tribuna para presentar, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, esta iniciativa que reforma el artículo 22 y la fracción 21 del artículo 73 de nuestra Carta Magna, en materia de extinción de dominio.
El objetivo de esta reforma constitucional, en primer término, es establecer las disposiciones que permitan fortalecer la institución de la extinción de dominio; segundo, otorgar facultades al Congreso para emitir la Ley General en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, por último, la legislación única sustantiva y procedimental en materia de extinción de dominio y administración de bienes objeto de dicha figura, que regirá en el país en el orden federal y en el fuero común.
Comenzaré por señalar que la extinción de dominio se incorporó a nuestra Constitución por reforma a su artículo 22, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, con tres objetivos fundamentales.
Uno. Proporcionar a las instituciones de fiscalización, administración y procuración de justicia, un instrumento legal para atacar frontalmente la comisión de delitos.
Dos. Permitir a la autoridad judicial determinar la pérdida de dominio de bienes de procedencia ilícita a favor de la Federación.
Y tercero. Facultar a las autoridades a actuar directamente sobre los bienes resultado de actividades ilícitas y así afectar la economía de los delincuentes.
El problema es que la realidad ha superado esa reforma inicial, y hoy en día la corrupción también ha dado origen a que existan fortunas, bienes mal habidos, y que las personas que los obtienen ilegalmente los disfruten, sin que se les pueda quitar mediante una disposición legal.
A partir de lo anterior, se considera que la extinción de dominio se justifica en caso de que exista un incremento patrimonial infundado, no se compruebe el origen lícito de los bienes o mercancías y que aun cuando dichos bienes sean de procedencia lícita, se utilicen para actividades ilícitas.
Tomando en consideración lo anterior, el Partido Acción Nacional propone que la extinción de dominio sea retrospectiva e imprescriptible, es decir, se toman en cuenta los hechos y acciones del pasado para poder (inaudible) a la acción y a la extinción, que esta acción no prescriba por el paso del tiempo.
Ligado al tema de la extinción de dominio se encuentra la corrupción y las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Podemos afirmar que la corrupción es el segundo delito que más fondos genera para el lavado de dinero en México, tan sólo superando por los recursos que el crimen organizado tiene a través del tráfico de drogas y de personas.
Pero las autoridades de nuestro país no contemplan este delito como un factor determinante en el lavado de activos. Las operaciones de procedencia ilícita son una forma típica y antijurídica de delinquir organizadamente, dando como consecuencia que las ganancias producidas por el delito se transformen en ingresos aparentemente bien habidos, que son manipulados por instituciones financieras (inaudible), por otros tipos de empresas, como si fueran ganancias lícitas.
Me voy a tomar un poco más de tiempo para terminar, Presidenta.
Es por ello que en esta iniciativa Acción Nacional propone que la acción de extinción de dominio se ejercite a través de un procedimiento jurisdiccional, adversarial, oral y autónomo de la materia penal, sobre bienes de cualquier naturaleza que sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción u otras actividades ilícitas, en perjuicio grave del orden público en los términos que señale la ley.
De igual forma, como Grupo Parlamentario proponemos dos puntos principales en esta iniciativa. El primero, otorgar la facultad al Congreso para emitir la Ley General en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Segundo, otorgar la facultad al Congreso para emitir legislaciones únicas en materia sustantiva y procedimental de extinción de dominio y administración de bienes que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
Para el Partido Acción Nacional, la corrupción es uno de los principales flagelos del México contemporáneo y, junto con ella, la deformación jurídica que le da origen a la impunidad.
En el PAN tenemos muy claro que a la corrupción se le combate con base en el cumplimiento irrestricto de la ley, en la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.
Sin embargo, también tenemos claro que el modelo de combate a la impunidad debe pasar por una reforma profunda al sistema de procuración, administración e impartición de justicia, muy de la mano con la modernización de las leyes y procedimientos.
Es cuanto, Presidenta.
ooOoo