Senador Ismael García Cabeza de Vaca, al presentar iniciativa en materia de seguridad privada y nacional

Intervención del senador Ismael García Cabeza de Vaca, al presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva.

Compañeras y compañeros senadores:

El día de hoy subo a esta tribuna a presentar esta iniciativa a nombre propio y a nombre de la senadora Kenia López Rabadán.

En obvio de tiempo, no daré lectura al texto de la iniciativa por lo que solicito se incluya de manera íntegra en el Diario de Debates.

Como respuesta a los altos índices de inseguridad que vivimos a diario, es cada vez más común que la sociedad se auxilie de los servicios de seguridad privada, para realizar sus actividades cotidianas, para su protección personal y sus bienes inmuebles.

Si bien es cierto que la normativa actual ha concretado algunos avances que otorgan certeza a la sociedad, como contar con una base de datos de los prestadores de servicios de seguridad privada, información del personal que labora en su interior, así como un registro de empresas sancionadas, antecedentes laborales y judiciales, en su caso, y el armamento con el que éstas cuentan, aún falta mucho por hacer.

De acuerdo con la dinámica actual, la delincuencia requiere adecuaciones constantes de nuestro marco normativo, a fin de ir un paso más adelante y cerrarle los espacios para impedir que puedan operar al margen de la ley.

Por ello, es indispensable contar con mejores medidas de control y regulación para las empresas de seguridad privada que operan, y en los ejes de su…, fundamental.

Primero, a través de su capacitación; y, segundo, con la certificación en control de confianza, emitida por las instancias públicas o privadas, que a su vez se encuentran avaladas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Lo anterior como uno de los muchos pasos que se tienen que dar para evitar que estos servicios puedan convertirse en refugios de ex policías con antecedentes penales, adicciones o sanciones, personal no capacitado que porta armas de fuego, e incluso a quienes se aprovechan de la figura de guardias de seguridad para delinquir, sobre todo si se considera que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que los servidores de seguridad privada son auxiliares en la función de la seguridad pública y que sus integrantes coadyuvarán con las autoridades e instituciones en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los estados y sus municipios.

Por lo cual, se propone complementar la obligación de los prestadores de servicios de seguridad privada en aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a su personal operativo, a fin de que se realicen todas las evaluaciones que contempla el Modelo nacional de evaluación de control de confianza para la seguridad pública, lo cual son cinco: toxicológico, médico, psicológico, polígrafo y de investigación socioeconómica.

Lo anterior con el propósito de homologar los criterios de esta certificación.

Cabe señalar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó desde 2012 la existencia de 2 mil 992 empresas de seguridad privada autorizadas; 960, con autorización federal; y 2 mil 32, con autorización local.

De acuerdo con los datos del Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Gobernación, tan sólo en el último año se expidieron 97 autorizaciones más a empresas privadas, por lo que las autorizaciones federales se incrementaron, en sólo cinco años, más de 23 por ciento, al pasar de 960 empresas en 2012, a mil 256 en 2017.

Finalmente, esta iniciativa establece que en el plazo no mayor a un año para que estas empresas cuenten con el personal certificado y acreditado en control de confianza.

Es cuanto.

 

 

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