Propone GPPAN que extinción de dominio se aplique también al delito de extorsión

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) propuso una iniciativa de reformas constitucionales, para incluir el delito de extorsión en la lista de ilícitos a los que se les debe aplicar la figura de extinción de dominio, con el fin de poder incautar a los delincuentes los bienes obtenidos de manera ilegal, como dinero en efectivo, autos o propiedades.

Al presentar la propuesta ante el pleno, el senador Ismael García Cabeza de Vaca explicó que como parte de la lucha constante contra la delincuencia, es vital contar con todos los instrumentos posibles para combatir a los criminales en donde más les afecta: los recursos.

Se pretende, dijo, contribuir y hacer frente a la delincuencia disminuyendo los recursos de los extorsionadores y, con ello, su capacidad operativa; combatir las prácticas más comunes de la delincuencia organizada, como buscar testaferros para mezclar bienes lícitos e ilícitos, a fin de ocultar el origen prohibido de sus recursos, y, atender el interés ciudadano en materia de reparación del daño.

García Cabeza de Vaca recordó que en la reforma constitucional de 2008 en materia de extinción solo se incluyeron delitos como delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito para hacer aplicable esta figura.

Sin embargo, se dejó de lado el delito de extorsión, el cual, lamentablemente, cada vez más común, dijo.

“Por medio de la extorsión, se amenaza a una persona con el propósito de obtener un beneficio, generalmente económico, pero que en muchas ocasiones ha llegado a quitarles sus propiedades, y negocios, a ceder sus escrituras a los delincuentes, dejándolos sin su patrimonio y obligándolos incluso a cambiar de lugar de residencia”, expuso.

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Inseguridad (ENVIPE), 2015, el delito de extorsión es el segundo más frecuente, con un 24.2% por lo que se requiere de manera urgente legislar en la materia, ilustró.

Indicó que de acuerdo con las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, que comparan el primer trimestre de 2017 con el mismo periodo de 2016, reportan un incremento del 29.55% en las extorsiones y destacó que de lo reportado en las cifras oficiales sobre el delito de extorsión, se tiene una cifra negra de más del 97%.

“El delito de extorsión, es considerado como un delito patrimonial, ya que obliga a una persona a dar dinero o alguna cosa, causándole entre otros, un perjuicio económico, y por ello representa grandes ingresos a la delincuencia, lo que les permite operar y seguir cometiendo ilícitos”, abundó.

Señaló que lo que se pretende con esta reforma, que busca modificar el artículo 22 constitucional, es contribuir a la desarticulación de las organizaciones criminales, que están perfectamente estructuradas y que tienen a sus servicios a jóvenes y personas de todas las edades, encargadas de recabar recursos e información para extorsionar a la población.

ooOoo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *