Versión de la intervención en tribuna de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley

Versión de la intervención en tribuna de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

 

Con su venia, senadora Presidenta.

Senadoras y senadores, el gasto público es el instrumento más valioso que tiene el Estado para modificar la realidad social y atender las necesidades de la población, asegurándoles niveles mínimos de bienestar.

En este contexto, la Ley General de Presupuesto es la columna vertebral que sostiene la acción del gobierno en materia de gasto y crecimiento.

Esta ley busca procurar una regla de oro completamente olvidada por esta administración: el equilibrio presupuestal; es decir, que los gastos no excedan a los ingresos, pero no nos adelantemos, no se trata simplemente de la llevada y traída austeridad, ésa que desde la virtual Presidencia electa se pretende imponer a los otros Poderes de la Unión. No.

De lo que se trata esta iniciativa es de ajustar el marco normativo en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria a la realidad económica del país y de sentar bases para un mayor desarrollo en México.

Basta con analizar los últimos presupuestos de egresos para darnos cuenta de que el gobierno no ha tenido la capacidad de destinar recursos a la inversión pública productiva y que, en cambio, prefiere hacer las cuentas alegres que escuchamos a diario en los spots donde se pretende convencernos de una realidad distinta de la situación de nuestras finanzas públicas.

Tratándose de los recursos públicos, el reclamo unánime de los ciudadanos es que las decisiones de asignación presupuestal deben estar plenamente justificadas.

En julio pasado, los escándalos de corrupción, el despilfarro, la opacidad y la impunidad impactaron la conciencia del electorado, quien no sólo optó por la alternancia en el gobierno, sino también por la mayoría legislativa para un Grupo Parlamentario; no obstante, esa confianza del electorado, esos 30 millones de votos depositados en las urnas de ninguna manera pueden significar un cheque en blanco y al portador, porque este país no puede esperar a que por simple voluntad política las cosas cambien y porque esta idílica cuarta transformación no debe hacerse por medio del mayoriteo y sin la participación de la oposición parlamentaria.

Los hombres pasan y las instituciones quedan y México no necesita ajustar el reloj de la historia a la hora que mande el señor Presidente electo.

¡No, senadores! Se necesita que esta soberanía establezca en ley los mandatos y principios que regirán a las instituciones gubernamentales, políticas y jurídicas.

Todas las agendas legislativas de los grupos parlamentarios aquí presentes coinciden en que el gasto público requiere de mayores controles, de mayor transparencia, de mayor rendición de cuentas y de menores dispendios y despilfarros.

Y esas inquietudes fueron recogidas en la propuesta de iniciativa que hoy les presento, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Así como también fueron acogidas más de 50 iniciativas presentadas por legisladores ante las cámaras del Congreso de la Unión en las dos legislaturas anteriores, planteamientos de la sociedad civil organizada y recomendaciones legislativas de la Auditoría Superior de la Federación contenidas en sus informes ante la Cámara Baja.

Compañeros legisladores, la naturaleza de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria corresponde a un instrumento jurídico dinámico que debe actualizarse en virtud de los entornos económicos internos y externos que superan a los prevalecientes desde su modificación más amplia en el 2005.

No podemos, como país, seguir gastando mucho y gastando mal. Requerimos establecer claras medidas de austeridad, de rendición de cuentas y de un control efectivo que combata la corrupción en materia de gasto público.

Éste es el momento para impulsar una nueva generación de normas en materia de transparencia y responsabilidad hacendaria.

La importancia y trascendencia de esta reforma no es menor. Por décadas el Congreso de la Unión ha sido marginado en el proceso de elaboración de las políticas públicas, cuyo principal instrumento de participación y vinculación es precisamente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La propuesta consta de mejorar 21 temas, entre los cuales tenemos:

Transparentar el proceso presupuestario para que la ciudadanía conozca cuál es el destino y ejercicio de cada peso aprobado en el Presupuesto de Egresos.

Regular los donativos públicos: informar de los donativos que se otorgan, pero también de los que se reciben y, por supuesto, ni un peso más al altruismo con tintes políticos, ni un peso más a empresas fantasma.

Transparentar los fideicomisos con datos abiertos.

Cuantificar la totalidad de la deuda, incluidos gastos y comisiones que implican su manejo.

Reducir costos y compactar estructuras para eficientar el gasto y mejorar funciones del servicio público sin que esto implique que Acción Nacional avale la vulneración de los derechos laborales de los servidores públicos; al contrario, un respeto pleno.

La participación de la Cámara de Diputados en las reglas de operación de los programas presupuestales a fin de evaluar su efectividad.

Regular las adecuaciones presupuestarias para que no haya recortes discrecionales, a capricho o, incluso, por consulta popular, sino en función de indicadores claros de desempeño.

El ideal de democracia por el que votaron los mexicanos demanda transparencia en la administración de los recursos públicos y eficiencia en los programas y las acciones de gobierno, pero no olvidemos que también demanda la erradicación de la corrupción, de la arbitrariedad y del autoritarismo.

No podemos seguir postergando esta discusión. Reconozcamos la inmensa deuda con los mexicanos que no es sólo de naturaleza económica, sino también social. Acabemos con la dinámica de la discrecionalidad y del subejercicio que han venido nulificando las aspiraciones de millones de mexicanos a una mejor calidad de vida.

Seamos responsables ahora que estamos ante la gran oportunidad de definir el papel que implica nuestra participación en este cambio.

Vale destacar que esta iniciativa no tiene un impacto presupuestario y que será una importante ley que, sin duda, acompañará permanentemente al Sistema Nacional Anticorrupción.

Hago un llamado a los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado y al gobierno electo para que asuman el compromiso de aprobar e instrumentar esta reforma necesaria para nuestro país, que va a incidir en mejores niveles de eficiencia y bienestar, haciendo prevalecer el interés superior de México.

Es cuanto, senadora Presidenta.

ooOoo

 

 

 

 

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