Versión de la intervención del senador Gustavo Madero Muñoz, al presentar un punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

6 de septiembre de 2018

Versión de la intervención del senador Gustavo Madero Muñoz, al presentar un punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en su carácter de víctima, presente el recurso de apelación contra el indebido sobreseimiento decretado en favor del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez

 

Con el permiso de la Presidencia, estimadas compañeras y compañeros.

El estado de Chihuahua, indignado por el elevado endeudamiento de la anterior administración y los actos de corrupción, la Fiscalía del estado se dio a la tarea de dar con los responsables del quebranto financiero que heredamos de la pasada administración, un esfuerzo titánico que ha enfrentado muchísimos obstáculos, derivado de estas investigaciones y la actuación de nuestro Fiscalía, se ha podido documentar el modus operandi de una red de corrupción político electoral, que ha triangulado a través de empresas fantasmas, reconocidas por el propio Sistema de Administración Tributaria, la prestación de servicios que nunca se otorgaron y poder (inaudible) recursos a campañas electorales.

A la fecha, con estos esfuerzos se han logrado 46 vinculaciones a proceso, 44 órdenes de aprehensión, 14 en contra del propio ex gobernador César Duarte, y 7 sentencias condenatorias, pero un suceso en diciembre del año pasado, la detención de Alejandro Gutiérrez, que cimbró y alarmó a nivel nacional por la presencia y por la potencial repercusión e involucramiento de otros actores de primer nivel, y el Gobierno federal activó distintos mecanismo y estrategias para contener esta acción.

La primera fue el propio mes de diciembre del año pasado, cuando el secretario de Hacienda vinculó la entrega de 700 millones de recursos del Fortafin a la investigación de Alejandro Gutiérrez, de ahí surgió precisamente “La marcha de la dignidad”, con la que logramos recuperar esos 700 millones de pesos.

Después se le trató de trasladar a un penal federal del Estado de México y también se logró que no prosperara esa intentona, pero el último intento es el federalizar el delito, el decir que estos recursos el pueblo de Chihuahua y el gobierno de Chihuahua no son los agraviados, que el agraviado es el Gobierno federal y más específicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así lo dirimió los jueces federales y accedieron a la pretensión de la Procuraduría General de la República para establecer como víctima a la Federación y decir que el gobierno de Chihuahua no tiene competencia y que lo excluyen para poder intervenir en la investigación y en el proceso.

Por eso, a partir del 6 de abril la investigación contra Alejandro Gutiérrez quedó a cargo única y exclusivamente en manos de la Procuraduría General de la República, y desde entonces se detuvo primero y después se desechó las pruebas que ya habían sido valoradas por distintos jueces penales y jueces federales, cuando habían otorgado las órdenes de aprehensión, vinculación a proceso y distintos amparos presentados por la defensa…

En este entramado de que le quitan al gobierno del estado de Chihuahua la posibilidad de intervenir, lo atrae la Federación y la Federación actúa y después se presenta y solicita el sobreseguimiento por falta de pruebas, ahí estamos parados, ahí estamos atorados. Es falsa la argumentación que esgrime la Procuraduría General de la República de que no se le han otorgado de manera correcta el expediente; todas evidencias se encuentran en la carpeta de investigación, y adicionalmente ellos cuentan con una serie de atribuciones para realizar más diligencias, obtener más datos, pruebas, entonces simplemente no las quisieron ver ni realizar, esa es la realidad y lo afirma nuestro fiscal, César Peniche.

La carpeta de investigación que realizó la Fiscalía no sólo contiene las declaraciones y testimoniales los documentos, archivos, actas, facturas, contratos y otros elementos que señalan la ilegalidad con la que actuó para desviar recursos públicos de Chihuahua en las campañas del PRI.

En ese contexto, sólo tenemos un recurso, si la Federación logró federalizar el recurso, solicitamos que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que presente a la brevedad el recurso de apelación correspondiente con el carácter de víctima para que se pueda continuar con el juicio y las pruebas aportadas.

El acuerdo político es de turnar esto a comisiones, todos los puntos de acuerdo, el tema es que no están en las comisiones instituidas, y si esto se turna la Comisión de Justicia, para cuando se resuelva se va a declarar improcedente por falta de materia porque será cosa juzgada.

Aquí tenemos lo que aparece el día de hoy en los periódicos nacionales, son la exclamación, la demanda de las distintas organizaciones empresariales y de la sociedad civil pidiéndole al Gobierno federal que asuma su carácter de víctima y actúe en consecuencia.

Esta soberanía nos puede ayudar a honrar diciéndole a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que proceda realizar a la brevedad el recurso de apelación correspondiente con el carácter de víctima para que se concluyan las investigaciones y que no concluya esto en un pacto de impunidad.

Por el pueblo de Chihuahua, por la justicia y corrupción. Muchas gracias.

 

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