Intervención en tribuna de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con su venia, Presidente.
Con la denominación de Consejo Fiscal, el Fondo Monetario Internacional concentra instituciones con nombres y estructuras diversas pero que desempeñan funciones en común: tienen como finalidad compartida la de ser “vigilantes” del cumplimiento de las reglas de balance fiscal y de la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
La iniciativa que presento a nombre propio y del Grupo Parlamentario del PAN, parte de reconocer un hecho innegable: que México necesita un Consejo Fiscal, un órgano técnico que analice los riesgos y temas que podrían comprometer el equilibrio financiero en el mediano y largo plazo; que especifique cuáles son los comportamientos macroecónomicos y de finanzas públicas que México requiere para ser eficiente; que monitoree el cumplimiento de las reglas fiscales y la supervisión de las normas presupuestarias.
Debo señalar que, en 2017, el Poder Legislativo y la Coparmex llevamos a cabo un foro internacional para analizar, debatir y reflexionar sobre la necesidad de impulsar en México la creación de un Consejo Fiscal apartidista, libre de cuotas y cuates, e integrado por reconocidos especialistas.
Incluso, recientemente, el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público manifestó que el gobierno electo buscará una mayor disciplina en las finanzas públicas, respaldando la propuesta de Acción Nacional para crear un Consejo Fiscal, que dependa del Poder Legislativo pero que se sustraiga de su dinámica política mediante la autonomía de gestión, el análisis objetivo, la preeminencia del carácter técnico de este órgano y de una discusión mucho más sustantiva de la política fiscal, de los ingresos, gastos y deuda públicos.
Senadores, hace 10 años la crisis financiera internacional causó descalabros y saldos deficitarios en las finanzas de muchos países, quienes debieron fortalecer la credibilidad de sus marcos macroeconómicos.
Estas crisis financieras centraron el debate en determinar qué es lo que hace el Poder Legislativo dentro del ciclo presupuestario y cuáles son sus funciones relacionadas con el control democrático de los recursos públicos.
En nuestro caso, el contrapeso financiero que la Constitución mandata a la Cámara de Diputados, está verdaderamente superado en la práctica, es un modelo que ya quedó agotado.
Así, el ejercicio comparativo entre lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y lo que gastado conforme a la Cuenta Pública, nos hace ver una lamentable realidad: que el Ejecutivo juega a las apariencias, a una simulación vergonzosa tratándose de las finanzas públicas del país, porque cada año se recibe un proyecto de presupuesto por parte del Ejecutivo y éste, discrecionalmente, modifica la forma en que se propuso gastar los recursos.
El Gobierno federal termina haciendo lo que cree conveniente, sin que el Congreso de la Unión pueda emitir una opinión fundada al respecto, debido a que es la Secretaría de Hacienda quien tiene “el monopolio” de las decisiones financieras del país, sin que los legisladores federales podamos revisar datos o estadísticas propios, apartados del sesgo gubernamental.
En 2017 el Gobierno federal gastó 10 por ciento más de lo que le fue aprobado en el Presupuesto de Egresos; un incremento que, desde luego, no se reflejó en mayores recursos para programas sociales, sino en mayor gasto para comunicación social, nómina del Gobierno federal e intereses de la deuda pública.
El Senado debe observar que este tipo de gastos han sido financiados, en forma recurrente, con los excedentes de los ingresos; es decir, que como en los casinos, la casa siempre gana, porque la Secretaría de Hacienda estimó a la baja los ingresos que pudieran obtenerse, limitando el margen de decisión que el Poder Legislativo tiene respecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
Por eso, es necesario que el Poder Legislativo tenga a su disposición información técnica, bien sustentada y ajena de la posición del partido en el poder, así como independiente de los pronósticos elaborados en Hacienda, para que los legisladores tengamos una postura propia en la discusión del paquete económico.
Pronto se entregará el Paquete Económico 2019 y, como ya fue adelantado en las noticias, tendrá un incremento en términos reales de 4 por ciento respecto del PEF; si no establecemos controles legislativos e institucionales para asegurar la sostenibilidad financiera, seguiremos observando que el Gobierno federal ajustará discrecionalmente el gasto público.
Por eso, es imperativo que los recursos públicos de los mexicanos sean direccionados al desarrollo sostenible de la economía nacional, que se dirijan al abatimiento de las condiciones de pobreza y desigualdad, y que se oriente a hacernos una sociedad cada vez más incluyente.
Senadoras y senadores, es momento de democratizar la conducción de las finanzas públicas de este país.
Es hora de que los criterios de recaudación de ingresos, de asignación de recursos mediante programas presupuestales, de contratación de deuda pública, de cumplimiento de reglas fiscales y de sostenibilidad financiera a largo plazo, no sean competencia exclusiva del Ejecutivo y de la Secretaría de Hacienda y de que existan otras voces institucionales que puedan ofrecernos una perspectiva diferente.
Recordemos que la relación entre finanzas públicas y combate a la corrupción es más fácil y común de lo que pareciera, porque cada peso del erario que se gastó de más o que se gastó mal, implica corrupción, pues hay un beneficio económico o personal para alguien y, lo peor, es que el sistema presupuestario se vuelve ineficiente en su conjunto.
Es cuanto, senador Presidente.
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