Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, al presentar una iniciativa en materia de Fiscalía General de la República

 

Intervención en tribuna de la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez al presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Fiscalía General de la República.

 

 

Versión de la intervención en tribuna de la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, al presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Fiscalía General de la República

Presidente.

Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, integrantes de la LXIV Legislatura que suscribimos esta iniciativa, sometemos a la consideración de esta Soberanía el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la Fiscalía General de la República.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política con el objeto de que, mediante la modificación al 102 constitucional, poder establecer una Fiscalía General de la República como un órgano público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio.

Sin embargo, en el decreto de esta reforma constitucional se carece de un diseño institucional amplio para la nueva Fiscalía que prevea una estructura mínima, límites y contrapesos a la institución, así como la creación de un servicio profesional de carrera.

La reforma que creó la Fiscalía General estuvo enfocada a criterios de elegibilidad y duración del Fiscal, definición de sus funciones y no así a la estructura de la institución.

Resulta evidente que no podemos crear una Fiscalía autónoma e independiente sobre la estructura colapsada de la PGR.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional considera que la construcción institucional de la Fiscalía mediante una ley secundaria requiere del respaldo constitucional que defina al órgano de investigación y persecución de los delitos, a fin de que responda satisfactoriamente a las necesidades de nuestro país.

No cabe duda que el principal problema que vivimos es la inseguridad; inseguridad que es producto de los altos índices de delincuencia, de corrupción, pero sobre todo de impunidad.

Según datos Inegi 2017, a nivel nacional tenemos índices de impunidad de entre el 96 y 97 por ciento de los delitos cometidos tanto a nivel federal como local.

En México estamos viviendo una crisis de legitimidad que nos afecta a todas las instituciones. Hay enojo social, frustración por los actos de corrupción, pero más aún por la impunidad con la que los servidores públicos actúan. Casos como la Casa Blanca, Ayotzinapan, OHL, Odebrecht, la estafa maestra, Nochixtlán, el Paso Exprés de Cuernavaca, Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua, Borge en Quintana Roo, y más recientemente el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, así como otros más.

Ante todo esto, la sociedad organizada ha alzado la voz y ha dicho: “ya no más, ya basta”. Ha habido una participación abierta y decidida de la sociedad civil a través de diversos colectivos que agrupan organizaciones, académicos, expertos y ciudadanos con el propósito de impulsar una Fiscalía realmente autónoma, realmente independiente y eficaz, que sea la Fiscalía General de la nación y no de una Fiscalía de la Presidencia de la República en turno para perseguir a sus adversarios políticos.

Necesitamos que la Fiscalía investigue delitos, sancione a los responsables y que termine con la impunidad y la corrupción, más aún con la simulación, a través de un sistema de procuración de justicia que sirva y en el que podamos confiar.

Recientemente los medios de comunicación han difundido diversos nombres sobre las personas sobre las que podría recaer la posible designación del Fiscal General de la República. Más allá de las personas mencionadas existe un procedimiento de designación establecido en el artículo 102 constitucional, es norma constitucional vigente y exigimos que se cumpla.

Le decimos al Presidente electo, que lo será de todos los mexicanos: señor Presidente electo, por favor, no al “Fiscal carnal”.

Esta es una preocupación de Acción Nacional. Las propuestas ciudadanas son los pilares fundamentales sobre las que se ha construido esta iniciativa, misma que está basada en los siguientes ejes: se propone como facultad del Senado nombrar y remover al Fiscal General de la República, pero también a los titulares de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción y de derechos humanos. Esta última propuesta de nueva creación.

Se propone crear la figura de un Inspector General como un órgano interno de control, con la facultad de perseguir los delitos que cometan los servidores públicos de esa institución, así como un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros ciudadanos con facultades de opinión, recomendación y evaluación del desempeño, mismos que proponemos sean designados y en su caso removidos por el Senado.

A fin de garantizar la autonomía del Fiscal General frente a intereses políticos se propone incorporar en el artículo 102 de la Constitución, como requisito adicional para ser Fiscal General de la República, el no haber desempeñado cargos de dirección o de representación de algún partido político en los últimos seis años a su designación.

El Fiscal General proponemos dure en su cargo seis años improrrogables. Los fiscales especializados cinco años. Esta reducción en el tiempo del encargo respecto de la norma constitucional que hoy nos rige resulta justificada, si tomamos en cuenta que nuestro país en los últimos 28 años los procuradores generales de la República han durado en su función menos de dos años.

A fin de fortalecer la autonomía del Fiscal, en caso de remoción de éste, el Ejecutivo debe solicitarlo al Senado de la República y ser aprobado por votación de dos terceras partes de los miembros presentes.

Aún más, se propone que en un ejercicio de equilibrio de Poderes el 33 por ciento de los senadores pueda solicitar su remoción.

El Fiscal General, los fiscales especializados, el Inspector General, este Consejo Ciudadano Consultivo para la rendición de cuentas están obligados a presentar un informe anual al Senado.

Se propone, asimismo, la creación de un sistema de servicio profesional de carrera que regule el ingreso, reclutamiento, ascensos, estímulos, recompensas del personal adscrito a la Fiscalía General de la República bajo los principios de igualdad, idoneidad y méritos.

En suma, en el contexto general de inseguridad y criminalidad que predomina en México, tomando en cuenta el paradigma de los derechos humanos implementado en la reforma constitucional de 2011, el nuevo sistema de justicia penal, la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace indispensable a nuestro juicio una reforma de gran calado, con soporte constitucional, para la Fiscalía General de la República, misma que hoy sometemos a la consideración de esta honorable Soberanía.

Señoras y señores senadores, estos son algunos de los elementos más importantes que contiene esta iniciativa de reforma constitucional que las senadoras y los senadores de Acción Nacional esperamos que cuente con la valoración positiva por parte de todos ustedes.

Es cuanto, muchas gracias.

ooOoo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *