De los Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a respetar el pacto federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL PRESIDENTE ELECTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A RESPETAR EL PACTO FEDERAL Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE AUTONOMÍA Y SOBERANÍA ESTATAL.

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE

Senador de la República a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador a respetar el pacto federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de establecer Coordinadores Estatales o Delegados de Programas Integrales de Desarrollo en los Estados de la República; y a impulsar acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello implique la creación de figuras con características político-electorales, que atropellen la esencia del pacto federal. Lo anterior, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Senado de la República es la casa del Federalismo, ésta institución que representa el pacto federal debe ser garante de los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal.

En 1823 se convocó a un Congreso Constituyente, en el que fue cobrando fuerza la idea de que el Poder Legislativo debería estar compuesto por dos Cámaras: una integrada con base en el número de habitantes y otra formada por igual número de representantes de los nacientes estados. Diputados y Senadores, respectivamente.

Fray Servando Teresa de Mier difundió la importancia del Senado y fue Miguel Ramos Arizpe quien contribuyó en forma decisiva al establecimiento del bicameralismo en México, formulando el proyecto de Acta Constitutiva de la Federación que contenía las bases a las que debía ceñirse el Congreso para redactar la Constitución. Esta primera Ley fundamental mexicana fue el anticipo de lo que vendría a ser la Constitución de 1824.

El Acta y la Constitución de 1824 establecieron la división y separación de los poderes públicos, la organización del Legislativo y el Judicial como entidades fuertes y autónomas, y la independencia de los estados limitada por el interés superior nacional.

En octubre de 1835 la Constitución de 1824 fue abrogada y sustituida por las Leyes Constitucionales que, con un sistema centralista, mantuvieron la existencia de la Cámara Alta, pero deformada en un organismo aristocratizante y nulo. La Constitución de 1857 fue terminante y llevó a la supresión del Senado, teniendo estipulado en su artículo 51 que el poder legislativo fuese unicamaral.

En 1867 el presidente Benito Juárez propuso al Congreso nuevamente el restablecimiento de la Cámara de Senadores para propiciar un equilibrio adecuado del poder en un sistema federalista, sin que su planteamiento prosperara.

Pasaron once años para que, durante el Gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, nuevamente se presentara la propuesta. Afirmaba que en una República Federal son necesarias dos Cámaras que combinen en el Poder Legislativo los elementos popular y federal. La Cámara de Diputados, por su elección en número proporcional a la población representa por sí mismo el «elemento popular», y un Senado, compuesto de igual número de miembros como estados existen, vendría a representar el «elemento federativo».

Estos argumentos rindieron sus frutos cuando el 13 de noviembre de 1874 el Senado de la República fue restaurado .A partir de entonces la función del Senado ha tenido diversos cambios, la revolución de 1910 llevaría de nueva cuenta a una reorganización del poder político, pero en la conformación del Congreso Constituyente de 1917, se reafirmó la necesidad de contar con un Poder Legislativo Bicamaral y con ello, se validó la existencia del Senado de la República, es por ello que estamos en este recinto representando a nuestras entidades federativas y es nuestra responsabilidad cuidar ese pacto federal.

Debemos tener presente la interpretación armónica de las disposiciones constitucionales que le han dado vida al federalismo:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.”

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias”

En los primeros días del mes de julio, Andrés Manuel López Obrador presentó a los 32 coordinadores estatales que estarán encargados de vigilar los programas federales de desarrollo y que, a su vez, sustituirán a los delegados de las dependencias federales. El propósito, según el presidente electo, es eliminar la corrupción y la discrecionalidad actual de los gobiernos estatales en la aplicación de los recursos federales. En las palabras parece loable, sin embargo tal como se ha anunciado constituye el inicio de una autoridad intermedia entre los estados y la Federación.

Es evidente que se trata de la creación de un poder paralelo a los gobernadores en las entidades del país. En los hechos, es un riesgo de gobernanza para los próximos años, es una autoridad que confrontará con la legitimidad democrática de los ejecutivos estatales en lugar de armonizar los órdenes de gobierno, podría sembrar la disputa política y fricción.

Tampoco se puede ocultar que hay un claro propósito político electoral en la medida anunciada, los 32 coordinadores propuestos son políticos con aspiraciones en las entidades que representarán: 40 por ciento tiene experiencia legislativa, 30 por ciento ha tenido encargos en gobiernos locales, 11 han sido dirigentes estatales de Morena y 11 han militado en otros partidos políticos. Cinco de ellos compitieron recientemente por la gubernatura ahí donde serán designados. [*]  En la reciente reunión que sostuvo el Presidente electo con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), uno de los gobernadores electos propuso al futuro Presidente que los coordinadores estatales fueran de otras entidades como una señal de que no van a hacer trabajo político, ante lo cual, el próximo titular del Poder Ejecutivo se pronunció por “recoger las ideas para seguir platicando».

Los coordinadores estatales se llamarán Delegados de Programas Integrales de Desarrollo y serán coordinados por el secretario de Organización del Partido Morena, Gabriel García Hernández, quien anunció ya el levantamiento de un censo, casa por casa, para conocer las necesidades de cada familia y asignar con mayor eficacia los apoyos sociales requeridos. [*]

En este sentido, pareciera que el presidente electo pretende retornar al esquema ya utilizado por Carlos Salinas de Gortari y sus delegados del Programa Nacional de Solidaridad ( PRONASOL) en los estados, instrumento fundamental para el reposicionamiento del PRI en aquél sexenio.

En la práctica, la estructura de García Hernández adquirirá un poder intermediomucha influencia pues ahí se decidirán los recursos para cada programa federal en las entidades. Ya no habrá oportunidad para el análisis entre los gobernadores y los secretarios del ramo. Los coordinadores, o delegados tendrán el control de los recursos económicos, lo cual, sumado a su perfil de operadores políticos, relegará, en los hechos a los gobernadores electos democráticamente de cada entidad.

Asumamos el análisis que al respecto ha hecho el politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez:

“Con el sometimiento de los poderes locales, el presidente López Obrador no solamente fortalecerá su poder, sino que habrá instaurado un principio de confusión y de irresponsabilidad muy peligroso para la marcha de la gestión pública. ¿Quién rendirá cuentas cuando las cosas vayan mal? Habrá dado también un golpe severísimo al sistema federal al someter a las autoridades electas al imperio de un delegado que solamente responde al Presidente de la República”. [*]

Se puede coincidir en que la burocratización de las delegaciones del gobierno federal las ha tornado ineficientes y que muchas veces son espacios de control político, de construcción de alianzas de secretarios de Estado y también espacios de corrupción, sin embargo la forma adoptada y el espíritu partidista que la anima es peor que el mal que se pretende cambiar.

Como bien señala Luis Carlos Ugalde:

El problema radica en el rol político que tendrían los coordinadores estatales. Si se trata de contar con facilitadores administrativos que ayuden a coordinar proyectos entre la Federación y las entidades, entonces lo que procede es nominar personal con ese perfil: administradores con experiencia gerencial y burocrática que ayuden a destrabar procesos. Su labor sería quitar obstáculos. [*]

Nada justifica extender el Poder del Ejecutivo Federal y controlar las entidades federativas a costa de la soberanía y la autonomía de los estados. No podemos, no debemos permitirlo. Las señales que Andrés Manuel López Obrador envía al impulsar la creación de la figura de coordinadores estatales de programas de desarrollo son sumamente preocupantes porque atentan contra el federalismo, citando a Diego Valadés se debe cuidar que no surjan diarquías en los estados, rodeados de sendas cortes, lo que agravaría el patrimonialismo y por ende la corrupción.

En Acción Nacional “Seguiremos siendo los primeros en señalar todas aquellas decisiones e intenciones injustificables del gobernante en turno, pero también seremos los primeros en apoyar todas aquellas acciones que representen beneficios para todos los mexicanos. El poder, en cualquiera de sus medidas, debe ejercerse con responsabilidad”. [*]

Ninguna mayoría tiene mandato para violentar el pacto federal. La mayor tragedia – y no dudamos en calificarla así- de nuestra Constitución es hablar de federalismo cuando en la realidad, con la designación de los coordinadores estatales, se da un brutal y descarnado centralismo. Acción Nacional reitera que la libre voluntad y el compromiso político de los estados federados son la fuerza del Estado Federal, que el Federalismo implica convivencia armónica, cooperación y corresponsabilidad.

La legitimidad del pacto federal consiste en mantener un equilibrio justo, que coordine el desarrollo nacional y distribuya equitativamente los recursos y facultades hacia los estados y municipios, por lo anterior exhortamos a esta Soberanía a aprobar la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador a respetar el pacto federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de establecer Coordinadores Estatales o Delegados de Programas Integrales de Desarrollo en los Estados de la República.

SEGUNDO.- El Senado de le República, casa del Federalismo, exhorta al Presidente electo a impulsar acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello implique la creación de figuras con características político-electorales, que atropellen la esencia del pacto federal.

Senado de la República, 4 de septiembre de 2018.