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La extendida corrupción en la obra pública federal obliga a una exhaustiva revisión de contratos: Fernando Herrera Ávila

  • Ha faltado voluntad política al Gobierno federal y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), para aprobar la nueva legislación en materia de contrataciones de obras públicas, afirmó el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN).
  • Los grandes proyectos de la presente administración han generado dudas por su falta de transparencia, dijo.

 

25 de marzo de 2018.- La obra pública federal debe ser sometida a una exhaustiva revisión ante las dudas generadas sobre el manejo transparente de grandes proyectos de la presente administración, como el nuevo aeropuerto capitalino, demandó el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila.

 

“La extendida corrupción en la contratación pública explica por qué iniciativas para erradicar ese flagelo, como la nueva legislación en materia de obras públicas, han sido frenadas en el Congreso de la Unión por el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados”, dijo.

 

A lo anterior, observó, se agrega el hecho de que casos, como el de Odebrecht, la llamada Estafa Maestra y del paso exprés de Cuernavaca, se mantienen cubiertos por el velo de la impunidad.

 

Herrera Ávila señaló que la corrupción es el segundo problema que más afecta al país, después de la inseguridad.

 

De acuerdo con registros del INEGI, la corrupción costó a los mexicanos más de 7 mil millones de pesos en 2017, cifra 12.5 por ciento superior a la reportada dos años antes.

 

El senador por Aguascalientes dijo que la bancada panista ha insistido en la aprobación de la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, cuyo propósito es erradicar la corrupción que prevalece en el sector, al establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que anulen espacios de discrecionalidad y opacidad, y fomenten procedimientos de contratación competitivos e imparciales, indicó.

 

El proyecto fue presentado en febrero pasado por senadores de Acción Nacional, conjuntamente con senadores de otras fuerzas políticas, y entre otros de sus objetivos están el asegurar la competencia, dar equidad y eficiencia en los procesos de contratación de obra pública, y armonizar la legislación mexicana con las mejores prácticas internacionales, expuso.

 

Herrera Ávila apuntó que se trata de un instrumento que busca cerrar espacios a la ilegalidad, a aquellos márgenes que algunos utilizan para medrar, no sólo con los recursos públicos, sino con algún otro tipo de prestaciones y canonjías.

 

ooOoo

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Miércoles 6 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-63/77494

 

Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS HACIENDA Y CRéDITO PúBLICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EN MATERIA DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES O CONGÉNITAS, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la salud es un derecho humano. La salud no se limita a la inexistencia de afecciones o enfermedades, sino a un umbral mucho más amplio de protección de la dignidad de la persona y de bienestar social. [*] No es solo un problema de derechos humanos, sino uno de los elementos fundamentales del desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la prosperidad económica. [*]

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se reconoce que, “[t]oda persona tiene derecho a la protección de la salud”. [*] Dicha protección estará sujeta a las bases y modalidades de acceso y concurrencia que establezca la ley. [*] Sin embargo, las disposiciones normativas deberán cumplir en todo momento lo dispuesto por el artículo 1 de la CPEUM que prohíbe “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” [*] (Énfasis añadido.)

A nivel internacional, el Estado mexicano se ha obligado en diversos instrumentos a garantizar el disfrute del más alto nivel de salud posible. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) se reconoce el derecho a la salud y los Estados deberán adoptar las siguientes medidas con el fin de garantizarlo: (1) reducción de mortalidad, particularmente infantil; (2) mejoramiento de la higiene laboral y medio ambiente; (3) prevención y tratamiento de enfermedades; y (4) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. [*]

De igual forma, se encuentra reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que la niñez deberá disfrutar del “más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud”. [*] También se reconoce en otros instrumentos como en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEFDM). [*]

A nivel regional, el derecho al disfrute más alto del bienestar físico, mental y social lo encontramos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se reconoce que, para hacerlo efectivo, los Estados parte deberán adoptar las siguientes medidas: (1) atención primaria de salud; (2) la extensión de los beneficios de salud a todas las personas sujetas a la jurisdicción estatal; (3) total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; (4) prevención y tratamiento de enfermedades; (5) educación a la población sobre prevención y tratamiento de los problemas de salud; (6) satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. [*]

Como se observa, el derecho a la salud implica el “disfrute del más alto nivel de salud que permita vivir dignamente”. [*] De igual forma, vale la pena enfatizar que el derecho a la salud tiene una condición de interdependencia con otros derechos humanos, inter alia, el “derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación”. [*]

Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: respetar, proteger y cumplir. [*] Estas obligaciones podrán ser de efecto inmediato o progresivo. [*] Es una tentación circunscribir a los derechos económicos, sociales y culturales bajo la progresividad que se encuentra en el párrafo 1 del artículo 2 del PIDESC. Sin embargo, existen elementos de aplicación inmediata en los términos que se aluden en otros instrumentos, notablemente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Desde un punto de vista integral del derecho a la salud, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha interpretado que el ejercicio efectivo de este derecho se puede lograr a través de diversos procedimientos complementarios, por ejemplo: “la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos”. [*] Las medidas y procedimientos complementarios deberán contar con los siguientes elementos esenciales: (a) disponibilidad; [*] (b) accesibilidad; [*] (c) aceptabilidad; [*] y (d) calidad. [*]

De hecho, así se reconoce en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al señalar que, “[p]ara promover la salud y el bienestar físico y mental y prolongar la esperanza de vida de todas las personas, debemos lograr que la cobertura sanitaria y el acceso a una atención médica de calidad sean universales, sin excluir a nadie. [*]

En los Objetivos sobre el Desarrollo Sostenible (ODS) se establece que los Estados deberán “[l]ograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos”. [*]

Para muchos, se reconoce que el pleno acceso al derecho de salud sigue siendo remoto. [*] En el caso de México no estamos exentos de esta realidad. En una primera instancia, desde el punto de vista de las obligaciones progresivas, el Estado mexicano ha mostrado avances.

Acorde a las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 82% de los mexicanos se encuentra afiliado a los servicios de salud. [*] Desde la década de los años cuarenta que se crearon las primeras operadoras públicas de los subsistemas en materia de salud, se ha avanzado progresivamente en la ampliación de la cobertura en el ejercicio del derecho a la salud. Particularmente, en los últimos 10 años se extendió la cobertura a más de 50 millones de mexicanos que se encontraban sin protección. [*] Entre los factores más importantes para un amplio número de mexicanos, se encuentra la informalidad laboral. [*]

A pesar de los avances, aún se reflejan retos concretos para el país. Acorde a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el bajo gasto público y la limitada inversión total en el sistema de salud se reflejan claramente en la realidad del país: 2.2 médicos por cada mil habitantes, uno por debajo de la media de la OCDE; 1.6 camas por cada mil habitantes, 3.4 por debajo de la media de la OCDE y, de hecho, la más baja entre los países que la integran. [*]

El gasto de salud en relación con el ingreso familiar es 4%, lo que representa 1.9% por encima del promedio de la OCDE. [*] Por subsistema, representó $440 pesos para los afiliados al Seguro Popular; $657 para los afiliados al IMSS; y $1,209 para los afiliados al ISSSTE. [*] Los gastos de bolsillo efectuados por los afiliados al seguro popular representaron $5,251 millones de pesos. [*]

Conforme a la OCDE, el gasto de bolsillo sostenido se debe, en parte, a la insatisfacción en la accesibilidad o calidad de los servicios prestados por los servicios a los cuales se encuentran afiliados. [*] Dos vertientes se reflejan en el estudio: calidad deficiente o no consigue los servicios que necesita a través de su institución. [*]

Difícilmente se podría esperar que un Estado pudiese garantizar la buena salud o brindar protección contra todas las causas posibles de las enfermedades. [*] No obstante, es necesaria realizar una evaluación constante a la estrategia que permita el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, particularmente aquellos que son fundamentales para la dignidad de la persona.

Como se refleja de los datos más recientes, los recursos financieros, materiales y humanos demandan que los derechos económicos, sociales y culturales coloquen obligaciones progresivas. Sin embargo, además de un análisis de los avances y retos para este umbral del derecho a la salud, deben observarse, de igual forma, los avances en lo que corresponde a las obligaciones inmediatas para el Estado mexicano.

Uno de los elementos más preocupantes en lo que corresponde a las obligaciones internacionales de efecto inmediato y al artículo 1 de la CPEUM es el trato discriminatorio en el ejercicio del derecho a la salud. Dentro del umbral, consterna un elemento en concreto: la dificultad de asegurarse cuando se enfrenten precondiciones médicas o enfermedades preexistentes.

Son diversas las disposiciones que encontramos en el marco que impide el acceso a la salud cuando se padezcan enfermedades preexistentes. Por ejemplo, encontramos manifiesto en los artículos 82, 87 y 109 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (Reglamento IMSSMACERF). Si una persona que padezca cualquiera de las enfermedades establecidas de forma enunciativa mas no limitativa en el artículo 82(1) del Reglamento IMSSMACERF quisiera ingresar de forma voluntaria al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no sería sujeta de cobertura. En el mismo sentido, podría darse por terminado sin responsabilidad para el instituto el Seguro de Salud para la Familia.

Programas como el Seguro Popular se han enfocado en la atención de los mexicanos que padecen este tipo de enfermedades, particularmente los más vulnerables. [*] Sin embargo, no puede permitirse, desde el punto de vista normativo, prácticas discriminatorias para aquellas personas con enfermedades preexistentes. En este mismo sentido, como se observó con anterioridad, por razón de insuficiencia o falta de calidad, se acude a proveedores privados. Por tal motivo, debe ser categórico el derecho a toda persona al acceso a un seguro de gastos médicos cuando cuente con enfermedades preexistentes o congénitas.

Para fortalecer los argumentos anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido que, “teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del [PIDESC], se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud”. [*]

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 55, fracción II, someto a la consideración de la Cámara de Senadores, el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DERECHO POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EN MATERIA DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES O CONGÉNITAS.

DECRETO

Único.- Se reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para adicionar el inciso c) a la fracción VI. para quedar como sigue:

ARTI?CULO 200.- Las Instituciones de Seguros, al realizar su actividad, deberán observar los siguientes principios:

I a V. (…)

VI. En el caso de las Instituciones de Seguros que operen el ramo de salud, deberán:

a)  Informar a los asegurados por escrito o a través de cualquier medio convenido por las partes, dentro de los quince días hábiles siguientes, de los cambios en la red de servicios médicos e infraestructura hospitalaria ofrecidos por la Institución de Seguros, los cuales deberán mantenerse de tal forma que sean suficientes para cumplir los contratos suscritos, y

b)  Ofrecer planes donde el beneficiario pueda elegir médicos distintos a la red de la Institución de Seguros, mediante el pago de la cantidad diferencial que resulte entre el tabulador respectivo de la propia Institución de Seguros y el costo de servicio que le preste el medico conforme a lo pactado.

c) Ofrecer planes para las personas que padezcan enfermedades preexistentes o congénitas.

TRANSITORIOS

 Único. El presente Decreto entrara? en vigor al día siguiente de su publicación.

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintinueve días del mes de noviembre del 2017

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ


[*] Conferencia Sanitaria Internacional, «Constitución de la Organización Mundial de la Salud», 7 de abril de 1948, sec. Preámbulo.

[*] Paul Hunt, «Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental», A/HRC/7/11, 2008, párr. 12.

[*] «Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos» (1917), Artículo 4.

[*] Ibid.

[*] Ibid., Artículo 1.

[*] «Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales» (1966), Artículo 12.

[*] «Convención sobre los Derechos del Niño» (1990), Artículo 24.

[*] «Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial» (1969), Artículo 5(e)(iv); «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer» (1981), Artículos 11 y 12.

[*] «Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales» (1999), Artículo 10.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», 2000, párr. 1.

[*] Ibid., párr. 3.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», 2000, párr. 33. “La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud”.

[*] «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» (1966), Artículos 2(3), 3 y 26; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 2; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 3», 1990, párr. 9; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», párr. 30.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», párr. 1.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», 2000, párr. 12(a). “Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas”.

[*] Ibid., párr. 13(b). “Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna”. Este elemento tiene cuatro dimensiones: (1) no discriminación, deberán ser accesibles de hecho y derecho para todos; (2) accesibilidad física, incluye con el alcance geográfico de todos los sectores de la población y a servicios médicos y los factores determinantes de la salud; (3) accesibilidad económica, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos; y (4) acceso a la información, comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas relativas a la salud.

[*] Ibid., párr. 12(c). “Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados.”

[*] Ibid., párr. 12(d). “[L]os establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad”.

[*] United Nations General Assembly, «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», 2015, párr. 34.

[*] Ibid., Objetivo 3.8.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», párr. 5.

[*] «Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015», Resultados Jalisco (Instituto de Información Estadística y Geográfica, 2016).

[*] «Presentación del Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016 – OECD», accedido 12 de agosto de 2017, https://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-salud-2016.htm.

[*] OCDE, «Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México», 2016, 53.

[*] Ibid., 67.

[*] Ibid., 70.

[*] Ibid., 72.

[*] Ibid.

[*] Ibid.

[*] Ibid.

[*] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, «Observación General Número 14», párr. 9.

[*] «Ssa: Seguro Popular llega a 24 mil niños con cáncer», El Universal, 30 de junio de 2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/06/30/ssa-seguro-popular-llega-24-mil-ninos-con-cancer.

[*] TESIS AISLADA. SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO., No. 2a. CVIII/2014 (10a.) (s. f.).

De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Miércoles 6 de Diciembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-63/77633

 

De la Sen. Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA

 

P R E S E N T E

 

La que suscribe SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Senadora por el Estado de Tamaulipas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

 

La PROFECO está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

 

Su labor se centra en proteger los principios básicos que rigen las relaciones de consumo, entre las que se encuentran:

 

I.          La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

III.        La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV.       La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos;

VII.      La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

VIII.     La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados;

IX.       El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento;

X.        La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y

XI.       La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor.

 

La PROFECO cuenta con personal para verificar que los establecimientos mercantiles respeten los derechos del consumidor, por lo cual realiza visitas de verificación para constatar que se cumpla con todo lo establecido en la Ley, entre los que destaca que se vendan litros de a litro, que no exista publicidad engañosa, se respeten los precios, ofertas y promociones, entre otras muchas cuestiones.

 

Por lo anterior y debido a lo sensible de las labores que realiza, la Ley de Protección al Consumidor obliga a que TODO el personal sea acreditado de conformidad con exámenes de control de confianza e impone que a los verificadores y supervisores se les realicen exámenes psicológicos, toxicológicos, patrimoniales y socioeconómicos.

 

En específico, el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que:

 

“Artículo 29 bis.- La Procuraduría determinará y aplicará controles de confianza para todo su personal en los términos que establezca el Procurador en los lineamientos correspondientes, como medida para asegurar su probidad y honestidad, y en particular tratándose de quienes realicen o supervisen labores de verificación y vigilancia establecidas en el capítulo XII de la propia ley, se les aplicarán, además de los que se establezcan en los lineamientos referidos, exámenes psicológicos, toxicológicos, patrimoniales y socioeconómicos.”

 

No obstante lo anterior, la PROFECO no ha realizado examen de control de confianza alguno, ni siquiera al personal que realiza labores de verificación, a pesar de que dicho artículo se encuentra plenamente vigente.

 

Lo anterior, ya que derivado de una solicitud de información pública realizada por mi oficina y a pregunta expresa “De diciembre de 2012 a la fecha ¿Cuántos exámenes de control de confianza se han realizado al personal de la Procuraduría, tal y como lo obliga el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor?…”, la respuesta de la autoridad fue la siguiente:

 

“SE INFORMA QUE EL NÚMERO DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA QUE SE HAN REALIZADO EN LA PROCURADURÍA EN ESE PERIODO ES DE CERO…”

 

El abandono del actual gobierno federal hacía la PROFECO ha sido notorio, ya que en los últimos años ha estado sumida en numerosos escándalos que van desde la muy conocida #ladyprofeco, hasta las cuantiosas denuncias de abusos por parte de su personal en las visitas de verificación. Asimismo, destacan los escándalos de las irregularidades en las gaseras y gasolineras del país, ya que un gran porcentaje de ellas no venden litros de a litro.

 

Asimismo, la poca importancia dada a dicha procuraduría por parte de la presidencia de la república, se vislumbra en que en cinco años ha contado con seis procuradores, mismos que han salido por escándalos o en busca de algún otro cargo público.

 

Es importante recalcar que los exámenes de control de confianza son utilizados comúnmente como requisitos de ingreso y permanencia en dependencias relacionadas con seguridad pública y procuración de justicia, buscando entre muchos otros objetivos los siguientes:

 

  • Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones;
  • Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de sus funciones, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos;

I.          Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;

II.         Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;

III.        Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;

IV.       Verificar que el actuar del servidor público sea con probidad y buena conducta, y

V.        Verificar que el servidor público cumpla de los deberes establecidos en las Leyes.

 

Es importante señalar que el espíritu de la reforma por la cual se adicionó el artículo 29 bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, fue que el actuar del ombudsman del consumidor fuera totalmente objetiva, honesta, transparente, eficaz, eficiente, imparcial; sin embargo, a la fecha dicho artículo es letra muerta.

 

La presente propuesta tiene como objetivo señalar que el servidor público que no se encuentre certificado por los exámenes de control de confianza no podrá desempeñar empleo, cargo o comisión dentro de la Procuraduría. Igualmente, será sujeto de responsabilidad administrativa el superior jerárquico que tenga a su cargo personal que no cuente con dicha certificación.

 

Igualmente, se incluye el examen de polígrafo para las personas que realicen actividades de verificación.

 

Es importante señalar que se considera una “vacatio legis” de dos años a efecto de que la Procuraduría se encuentre en posibilidad de realizar todas las acciones conducentes para hacer vigente el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

 

Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

 

ÚNICO.- Se reforma y adiciona el artículo 29 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar de la siguiente manera:

Artículo 29 bis.- La Procuraduría determinará y aplicará controles de confianza para todo su personal en los términos que establezca el Procurador en los lineamientos correspondientes, como medida para asegurar su probidad y honestidad, y en particular tratándose de quienes realicen o supervisen labores de verificación y vigilancia establecidas en el capítulo XII de la propia ley, se les aplicarán, además de los que se establezcan en los lineamientos referidos, exámenes psicológicos, toxicológicos, patrimoniales, poligráficos y socioeconómicos.

 

El servidor público que no se encuentre certificado por los exámenes de control de confianza descritos no podrá desempeñar empleo, cargo o comisión dentro de la Procuraduría. Igualmente, será sujeto de responsabilidad administrativa el superior jerárquico que tenga a su cargo personal que no cuente con dicha certificación.

 

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor a los dos años siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los 05 días del mes de noviembre de 2017.

 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO

De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE DE 2017
GACETA: LXIII/3PPO-63/77638

De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez y Yolanda de la Torre Valdez, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 21 BIS DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROLLO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

P R E S E N T E

Quienes suscriben la Senadora Martha Elena García Gómez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la Senadora Angélica de la Peña Gómez integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática y la Senadora Yolanda de la Torre Valdez integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con base en al artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 21 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por mandato constitucional, convencional y replicado en distintas leyes generales, el interés superior de la niñez constituye una directriz que debe observar la sociedad y las autoridades del Estado, el cual se materializa de manera primigenia, garantizando el derecho a la identidad de la niñez.

 

El derecho a la identidad de conformidad con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, Unicef, es el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas. Así, las niñas o niños tienen derecho a ser registrados inmediatamente después de su nacimiento para gozar de una identidad, nombre y nacionalidad.

 

Es así, que el artículo 4 Constitucional reconoce que el nacimiento de un niño o niña dentro del territorio nacional o en el extranjero de padres mexicanos es un hecho vital en la que el Estado, tiene la obligación de respetar y proteger sus derechos; pues le otorga personalidad y existencia jurídica, además de que permite acceder de manera plena y efectiva a otros derechos tales como salud, educación, familia, al hogar y a la alimentación por mencionar algunos; así como la obligación del Estado para evitar que ningún niño no obtenga los derechos que trae consigo la identidad y los atributos de la personalidad, lo cual se materializa con la expedición gratuita e inmediata de su primer acta de nacimiento.

 

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 7/2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que “se trata de un derecho de carácter universal, en la medida que el texto constitucional no establece ningún límite ni restricción para su titularidad, ni para su goce o ejercicio. Asimismo, se tiene que la inscripción del nacimiento es indivisible del reconocimiento de la identidad, toda vez que el sujeto cobra existencia legal para el Estado por virtud de ese acto jurídico, es decir, a partir de su inscripción en el registro civil se le reconoce una identidad con base en la cual puede ejercer, por interdependencia otros derechos humanos, como los inherentes a la nacionalidad y ciudadanía”.

 

De esta manera el marco constitucional, el artículo 29 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del niño; el artículo 24.2 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; los artículos 3, 4, 5, 18 y 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los artículos 13 fracción III, 19, 20, 21 y 54 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizan el interés superior de la niñez a través del derecho a la identidad de las niñas y los niños.

 

Por su parte la Ley General establece que el niño o la niña desde su nacimiento tiene las siguientes garantías: a) Contar con nombre y apellidos que le corresponden así como a ser inscrito en el Registro civil de manera inmediata y gratuita; b) Contar con nacionalidad de conformidad con la Constitución; c) Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde a su interés superior; d) Preservar su identidad, incluidos el nombre, nacionalidad y su pertinencia cultural, así como sus relaciones familiares.

 

El derecho a la identidad se liga con el interés superior de la niñez para contar con nombre, nacionalidad y una filiación específica, que le permita al niño o niña ejercer todos y cada uno de los derechos que ello conlleva, lo que se materializa con la expedición inmediata y gratuita de un acta de nacimiento.

 

Ahora bien, los artículos 388, 399 Bis y 339 Bis 1 de la Ley General de Salud, atendiendo a los principios de transversalidad y corresponsabilidad en materia de políticas públicas ligadas con la niñez, establecen que las autoridades sanitarias tienen la obligación de expedir un certificado de nacimiento por cada niño o niña nacido vivo una vez comprobado el hecho el cual es requisito indispensable ante las autoridades del Registro Civil para expedir de manera inmediata y gratuita la primer acta de nacimiento [*] .

 

Lo anterior cobra relevancia para aquellos casos en los que los niños y niñas recién nacidos son considerados como objetos de comercio y se realizan actos de trata, venta, explotación o cualquier acto o contrato que pretenda transferir la identidad y vulnerar  los derechos de la niñez.

 

Cabe destacar que en su informe de 1999, la entonces relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, destacó que “al igual que en el caso de la venta de una persona, la trata de una persona la reduce al nivel de mercancía comercial y, por consiguiente, es condenable de manera inherente sea cual sea la finalidad última que la ha motivado. De manera que el argumento de que en la mayoría de los casos de adopción la niñez tendría condiciones mejores de vida, no justificaría en modo alguno la venta de recién nacidos”.

 

Lo anterior se concatena con los numerales 1, 2 incisos a), ii), 3.3 y 3.5 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía en los que se establece que por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño o niña es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.

 

Así, señala que la venta implica: a) Ofrecer, entregar o aceptar por cualquier medio a un niño o niña con fines de lucro de órganos de niños o trabajo forzoso; b) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su consentimiento para la adopción de un niño o niña.

 

En el mismo sentido, el Informe de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, considera que las adopciones resultantes de delitos como secuestro, la venta y la trata de niños, el fraude en la declaración de que un niño pueda ser adoptado, la falsificación de documentos oficiales, o la coacción, así como cualquier actividad o práctica ilícita, como la falta de consentimiento de los padres biológicos, la obtención de un beneficio material indebido por los intermediarios y la corrupción conexa, atentan contra el interés superior de la niñez y su identidad misma. [*]

 

En tales consideraciones, con el objeto primigenio de garantizar el interés superior de la niñez y su derecho a la identidad; acatar el principio establecido en la Ley General de Salud, permitirá desincentivar el secuestro, la venta y la trata de niñas y niños, así como, la falsificación de documentos oficiales o cualquier práctica ilícita es el objetivo de la presente iniciativa.

 

Cabe mencionar, que para la realización de esta iniciativa se contó con el apoyo de Early Institute la cual es una Institución que se dedica al análisis y diseño de propuestas para la niñez.

 

Por lo expuesto, presentamos a esta Soberanía el siguiente:

 

PROYECTO DE DECRETO.

Artículo Primero.- Que adiciona un artículo 21 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera:

 

Artículo 21 Bis.

Cualquier persona distinta a la madre o padre que pretendan establecer un vínculo de filiación con una niña, niño o adolescente deberá sujetarse, sin excepción, a los procedimientos aplicables en materia de adopción, a través de las autoridades competentes, para garantizar el sano desarrollo de la niñez y su derecho a la identidad.

 

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 5 días del mes de diciembre de 2017.

Rúbricas

Senadora Martha Elena García Gómez           ____________________________

Senadora Angélica de la Peña Gómez             _____________________________

Senadora Yolanda de la Torre Valdez              _____________________________


 

[*] De conformidad con el Informe Anual 2016 de UNICEF, en México durante el año 2015, el 79.4 por ciento de las niñas y los niños menores de un año contaron oportunamente con un acta de nacimiento que garantizará su derecho a la identidad. No obstante, en municipios rurales, donde la población indígena es predominante y la incidencia de la pobreza es mayor, solo 1 de cada 4 niños y niñas es registrado antes de su primer año de vida. https: //www.donaunicef.org.mx/informe-anual/

 

[*] El informe en mención establece en los párrafos de interés lo siguiente: 28”El secuestro de bebés  (por ejemplo, raptándolos o informando falsamente a los padres de que su hijo nació muerto o falleció poco después del nacimiento), la inducción indebida del consentimiento  (por ejemplo, mediante declaración falsa, soborno o coacción) y la obtención de beneficios materiales indebidos (por ejemplo, mediante el pago por el niño o el soborno de los intermediarios que participan en el proceso de adopción) figuran entre los métodos más comunes utilizados en la venta de niños y las adopciones ilegales. La falsificación de documentos (por ejemplo los certificados médicos y de nacimiento, los documentos de identidad de la madre biológica, los resultados de las pruebas de ADN y las declaraciones de abandono o renuncia a la patria potestad) y la evasión de las normas son inherentes a esos métodos.

De la Sen. Adriana Dávila Fernández del PAN, con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y de la Ley para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE DE 2017
GACETA: LXIII/3PPO-63/77640

 

De la Sen. Adriana Dávila Fernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y de la Ley para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

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De los Senadores Héctor Larios Córdova y Ricardo Urzúa Rivera, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
GACETA: LXIII/3PPO-57/77233

 

 

De los Senadores Héctor Larios Córdova y Ricardo Urzúa Rivera, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del H Congreso de la Unión

 
P R E S E N T E.

 

Los que suscriben, Héctor Larios Córdova y Ricardo Urzúa Rivera, Senadores de la República e integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1 y 2 y 169, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En abril de 1990 el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (en adelante, GAFI), (como organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los Siete), emitió cuarenta recomendaciones con la finalidad de proporcionar un esquema de medidas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fijando un modelo internacional que los países deberían implementar por medio de acciones adaptadas a circunstancias particulares.

 

Nuestro país forma parte del GAFI y ha sido evaluado en diversas ocasiones destacando, entre diversos resultados, el aplicable a la recomendación veinticuatro, la cual señala que los países deberán tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas morales para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, asegurando que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre su control y el beneficiario final, entendiendo a este último como aquella persona física que obtiene los beneficios o ejerce el control sobre la persona moral.

 

El GAFI recomienda que como parte del proceso para asegurar la existencia de una transparencia adecuada sobre las personas morales, en específico las de naturaleza mercantil, los países deben contar con Registros Públicos con información actualizada, incluyendo las de sus accionistas, generando espacios de cooperación internacional para acceder a dicha información, identificando finalmente al beneficiario final.

 

Como beneficiario final se entiende a aquella persona física real que obtiene los beneficios de la sociedad o la persona que ejerce el control sobre una sociedad.

 

México cumple con cada uno de los criterios con excepción de la identificación del beneficiario final, ya que no existe disposición legal alguna que regule la obligación por parte de las personas morales de informar a las autoridades tal situación, limitándose a integrar un registro de accionistas que no necesariamente se inscribe en el Registro Público de Comercio.

 

Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación veinticuatro del GAFI, se propone una modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en específico para las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, que considera la obligación de inscribir la trasmisión de acciones y partes sociales.

 

En este caso, las sociedades deberán asentar en sus libros corporativos el cambio de su estructura la inscripción en sus libros de los cambios de estructura accionaria identificando el beneficiario final.

 

Dicha difusión, deberá por medio de un aviso en el sistema electrónico, el cual deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, sistema a cargo de la Secretaría de Economía en observancia al artículo 50 Bis del Código de Comercio, transparentando las transmisiones correspondientes.

 

Esta obligación no significaría costos para las empresas ya que dicho Sistema es gratuito y está disponible en línea las 24 horas del día.

 

Es importante señalar, que en esta modificación se salvaguarda la naturaleza jurídica de la sociedad anónima.

 

Únicamente se busca la aportación de recursos con la finalidad de llevar a cabo el objeto social, dichas aportaciones se realizan a través de títulos nominativos denominados acciones, permitiendo que las mismas cumplan con una función económica que el propio documento está destinado a realizar, ya que agilizan la circulación de los derechos que en ellos se incorpora, así como la legitimación de la titularidad del documento al momento de llevar a cabo la libre y fácil circulación sin restricción alguna.

 

Al contrario, la sociedad de responsabilidad limitada tiene como eje principal su constitución en relación a la calidad de los miembros que la conforman. Los socios deciden agruparse en atención a la calidad que cada uno de ellos representa, lo anterior, con la finalidad de alcanzar un fin específico que estará determinado en el objeto social.

 

Por tanto, en el caso de la sociedad anónima, el aviso del registro que se lleve a cabo en el Registro de Acciones correspondiente conserva el nombre del accionista, domicilio y nacionalidad con carácter confidencial, no obstante dicha información se podrá compartir entre autoridades.

 

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto para quedar como sigue:

 

Artículo único.- Se ADICIONAN un párrafo segundo y el actual párrafo segundo pasa a ser el párrafo tercero del artículo 73; un segundo y tercer párrafos al artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para quedar como sigue:

 

Artículo 73.-…

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.

Artículo 129.-…

De la inscripción a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.

La Secretaría se asegurará que el nombre, nacionalidad y el domicilio del accionista contenido en el aviso se mantenga confidencial, excepto en los casos en que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas.

 

TRANSITORIO

ÚNICO. – El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente de su publicación.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los veintiún días del mes de noviembre del año Dos Mil Diecisiete.

 

SUSCRIBEN

Sen. Héctor Larios Córdova                 Sen. Ricardo Urzúa Rivera

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Martes 28 de Noviembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-57/77241

 

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIóN; DE REFORMA DEL ESTADO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

 

 

Senador Ernesto Cordero Arroyo

Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores
P R E S E N T E

El que suscribe Jorge Luis Lavalle Maury, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos se reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente,

 

E X P O S I C I Ó N   D E  M O T I V O S

Desde 1977 México adoptó un sistema electoral mixto en el que se contempla el nombramiento de legisladores mediante la obtención de la mayoría relativa de votos y por representación proporcional. Esta medida surgió para brindarle pluralidad al Congreso y representación política a los partidos políticos minoritarios.

 

Lo anterior surgió como necesidad ante la hegemonía de un solo partido y la demanda social por incluir y fortalecer opciones políticas que garantizaran la representación de distintas expresiones que para entonces se manifestaban de diversos modos excepto por la vía institucional y/o electoral.

 

Si bien el sistema de asignación de curules y escaños mantiene una pluralidad en el Congreso y ha contribuido a la consolidación del pluripartidismo en México, existe también por parte de la sociedad una desaprobación de esta disposición principalmente en dos sentidos a saber: i) señalan que el número de senadores y diputados debería reducirse y particularmente, eliminar la figura de legisladores por la vía plurinominal y con ello reducir el número de integrantes de ambas cámaras del Congreso. Con lo anterior, se dice que habría un ahorro significativo al erario; ii) un déficit en la representación política y social de parte de estos legisladores, toda vez que a pesar de su postulación, en ocasiones de manera alternada entre una cámara y otra, estos no mantienen representación social alguna.

 

Sobre la primera de las insatisfacciones ciudadanas se podría aducir que en efecto, resulta deseable eficientar y reducir los costos de las instituciones, sin embargo esto no puede hacerse en detrimento de la pluralidad y la representación políticas. En efecto, hoy México cuenta con un pluripartidismo consolidado, que ha eliminado la añeja instalación de las mayorías aplastantes en las Cámaras, dando paso a la necesidad de alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas respetando las diferencias entre estas.

 

Por otro lado, en efecto podría señalarse que los legisladores que son nombrados como tales por la vía plurinominal mantienen una representación de índole mayormente partidista que social, toda vez que el diseño de esta disposición se hizo con miras a otorgar representatividad a dichos institutos. Sin embargo, los fenómenos sociales y políticos que se observan hoy en nuestra realidad, apuntan a que resulta necesario aumentar la representación social y ciudadana, antes que la partidista.

 

El momento para el cual fueron establecidos los criterios de representación política en el último tercio del siglo pasado, ya no prevalecen en nuestro país. Hoy en día el pluripartidismo y el respeto de las minorías se encuentra consolidado y sin duda con miras a mejorar en el desarrollo democrático de nuestro país, debe conservarse y fomentarse desde las leyes y las instituciones bajo esquemas modernos que correspondan a las necesidades de la ciudadanía.

 

El modelo de representación minoritaria actual tal y como funciona ya no cumple enteramente la intención para la cual fue creado, lo cual  molesta a los ciudadanos y provoca que estos no se sientan realmente representados. Hoy en día, las listas nacionales se integran bajo criterios partidistas. Los perfiles que son incluidos en los primeros lugares de estas, no en todas las ocasiones se encuentran del todo vinculados a la representación social y política que la ciudadanía desearía.

 

De suerte que resulta del todo deseable realizar una renovación en el sistema de representación política nacional, donde predomine la representación social y disminuya la partidista, sin detrimento la representación minoritaria. Por el contrario, es importante que las minorías que se encuentren en el congreso de la unión cuenten con por lo menos una mínima intención de voto.

 

Lo que se propone con esta iniciativa es modificar la Constitución a fin de que las listas regionales que integran los partidos políticos para que les sean asignados diputados federales por la vía de la representación proporcional, se conformen una vez consolidados los resultados de mayoría relativa. Con ello se buscaría que las listas se compongan por los “mejores perdedores” de la circunscripción y no por designaciones directas de los partidos políticos.

 

Es decir, el número uno de la lista regional de determinado partido político sería aquél candidato que hizo campaña y caminó su distrito pero que perdió por el menor número o porcentaje de votos con respecto al primer lugar de su distrito y así en orden sucesivo, los partidos integrarían sus listas en medida de que se amplíe la distancia con respecto al candidato triunfante en cada distrito. Asimismo, se prevé no modificar el sistema de asignación ni los límites de representatividad a fin de mantener las proporciones vigentes en la Cámara de Diputados, con lo cual no se afecta la composición que actualmente se prevé para dicha Cámara.

 

Atendiendo a la real necesidad de disminuir el número de diputados, se propone reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400, quedado electos 400 de ellos por el principio de mayoría relativa y 100 más por el de representación proporcional de acuerdo al criterio anteriormente señalado.

 

Por su parte en la Cámara de Senadores, se eliminarían 32 senadores que al día de hoy se asignan por lista nacional. Lo anterior reduce la Cámara alta de 128 a 96 senadores, quedando: 64 senadores electos por mayoría relativa; y 32 por el principio de primera minoría.

 

Con esta propuesta se eliminan 134 legisladores que sin duda coadyuva a reducir el gasto de recursos públicos y a eficientar el trabajo en el Congreso de la Unión. De igual manera se reforma significativamente la representatividad en el Congreso en virtud de que los legisladores electos cuentan con una representación predominantemente social antes que partidista, haciendo el proceso de integración de las listas nacionales de manera transparente y de cara a la ciudadanía y a los resultados electorales, lo cual sin duda fomentará también la competitividad electoral.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se pone a consideración de esta soberanía el siguiente

 

P R O Y E C T O  D E  D E C R E T O

Único.- Se reforman los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue,

 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

 

Artículo 53. …

Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

 

Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

 

I…

II…

III.       Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de la lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal.

 

Las listas regionales serán integradas una vez conocida la votación nacional emitida y la asignación se realizará entre los segundos lugares con mayor número de votos recibidos en su distrito. La asignación se realizará en el orden creciente de la diferencia de votos con el primer lugar.

 

La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 

IV.       Ningún partido político podrá contar con más de 250 diputados por ambos principios.

V.…

VI…

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

 

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Martes 28 de Noviembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-57/77243

De la Sen. Andrea García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, PRESENTADA POR LA SENADORA ANDREA GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

La que suscribe, ANDREA GARCÍA GARCÍA, Senadora de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el Organismo especializado de las Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo, OMT, el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. Dicho organismo destaca que la contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de las rentas que éste ofrezca.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en 2016, México alcanzó el octavo lugar en la clasificación de llegada de turistas internacionales, con lo cual ha avanzado 7 posiciones en el ranking de turismo internacional de la OMT, desde 2013. Así mismo, cifras de la Cuenta Satélite de Turismo, arroja que el Producto Interno Bruto Turístico tuvo una participación estimada del 8.7% en la economía nacional.

El 5º Informe de Labores 2016-2017, destaca una derrama económica de 19 mil 650 millones de dólares, es decir, 10.8% más a lo alcanzado en 2015. Además se observó que el hospedaje de turistas nacionales registro 55 millones 557 mil 723 personas, lo que equivalió a 5.2% más que en 2015 y para el preliminar de junio de 2017, el incremento se observó en 6.7%.

Por su parte la actividad hotelera tuvo un crecimiento acumulado de 13.5%, con respecto al 2012,  al registrar la ocupación de un total de 749 mil 960 habitaciones.

México ha escalado 22 posiciones en el Índice de Reporte de Competitividad Viaje y Turismo y con su crecimiento en este sector económico, se han simplificado y digitalizado trámites con la finalidad de facilitar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas al mismo.

En los últimos 15 años, la oferta hotelera del país ha crecido anualmente un 3.8% en número de cuartos y 4.5% en número de hoteles, con 20 mil hoteles.

En muchas ciudades de la República, los hoteles ofrecen la transportación del turista, aeropuerto-hotel-aeropuerto, con la finalidad de otorgar comodidad, seguridad, confianza y tranquilidad a los huéspedes. Dicho servicio es considerado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, como un servicio de transporte privado.

Para que los hoteles puedan brindar el servicio anterior y puedan ingresar a un espacio dentro de la jurisdicción federal de los aeropuertos, recoger a los huéspedes y tener a los choferes con un letrero para que identifiquen el hotel, se deben cumplir con los siguientes:

  1. Contrato anual con el administrador del Aeropuerto;
  2. Cuota mensual por 12 meses;
  3. Contar con seguros vigentes de responsabilidad civil y seguro del viajero;
  4. Tarjeta de Identificación Aeroportuaria, entre otros.

Además de lo anterior, se debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en el Artículo 7 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares:

ARTÍCULO 7o.- Los permisos para el servicio de autotransporte federal de pasajeros se otorgarán a todo aquel que cumpla con lo siguiente:

  1. Presentar solicitud en el formato que para tal efecto expida la secretaría;  
  2. Presentar el documento que ampara la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y, en su caso, modificación;  
  3. Presentar acta de nacimiento, cartilla, certificado de nacionalidad, carta de naturalización o pasaporte, en caso de que el solicitante sea persona física;  
  4. (Se deroga)  
  5. Acreditar con poder otorgado ante fedatario público, la representación legal del promovente;  
  6. (Se deroga)  
  7. Acreditar la propiedad o legal posesión del vehículo con factura, carta factura, contrato de arrendamiento o documento del Registro Nacional de Vehículos;  
  8. Presentar póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o fondo de garantía vigente;  
  9. Póliza del seguro de viajero o en su caso, la constancia del fondo de garantía en los términos del reglamento respectivo;  
  10. Declaración de características del vehículo;  
  11. Horarios mínimos;  
  12. Acreditar que dispone de terminales en los puntos de origen y destino de la ruta solicitada. En caso de contar con permiso para operar terminales, bastará con señalar los datos de identificación del mismo;  
  13. Descripción de la ruta solicitada en cuya conformación deberán considerarse los tramos o ramales que se conecten o formen parte de la misma, y  
  14. Presentar el certificado de baja emisión de contaminantes.  

Aunado a lo anterior, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece:

Artículo 40.- No se requerirá de permiso para el transporte privado, en los siguientes casos:

  1. Vehículos de menos de 9 pasajeros; y

Dicho precepto tiene su origen en 1993, donde el tipo de camioneta utilizada para el servicio, era estilo “Suburban”, hoy las camionetas utilizadas han evolucionado, de acuerdo al incremento del turismo, como anteriormente ya se demostró con cifras. Dichas camionetas pueden ir desde los 9 hasta los 16 pasajeros.

La importancia de lo anterior surge a partir de que el uso de camionetas cuyo cupo es mayor a 9 pasajeros, se cataloga como “transportista” y no se exime su permiso el permiso conforme al artículo 40 señalado.

La reforma propuesta consiste en elevar dicha cifra de 9 a 16 pasajeros, con lo cual se estaría acorde con los mecanismos y medidas que se han tomado, con la finalidad de facilitar el turismo e incentivar la actividad económica en nuestro país.

Además beneficiaría la logística reduciendo los viajes y por ende, el costo beneficio de utilizar estas camionetas, sin dejar de lado que reduce cualquier probabilidad de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto y con el objetivo de fomentar el turismo en México y su desarrollo económico, es que se propone el siguiente:

Proyecto de Decreto

ÚNICO. Se reforma la fracción I del Artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 40. No se requerirá de permiso para el transporte privado, en los siguientes casos:

  1. Vehículos de menos de 16 pasajeros; y 
  2.  

Transitorio

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SUSCRIBE

De los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y Angélica del Rosario Araujo Lara, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Martes 28 de Noviembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-57/77323

De los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y Angélica del Rosario Araujo Lara, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIóN TERRITORIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

 

 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión.

 

P r e s e n t e.

Los suscritos, Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro y Angélica del Rosario Araujo Lara, Senadores de la República del Congreso General de la Unión en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A mediados del siglo pasado comenzó el proceso de modernización en nuestro país, lo que trajo consigo un crecimiento estructural y poblacional en las zonas urbanas de forma desmedida. Lo que implicaba el establecimiento de un proyecto de organización territorial que distribuyera de forma adecuada el uso de suelo, sin embargo, no se llevó a cabo. En consecuencia, las zonas urbanas quedaron al margen de obtener un desarrollo económico sostenido.

 

El crecimiento de las zonas urbanas es continuo y progresivo como se percibe en los datos históricos que demuestran que en el año de 1900 el país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, mientras que en el año de 2010 ya se tenían 384, lo que representa el 71.6% de la población del país [*] , tal crecimiento es proporcional a la disminución de territorio disponible para la edificación de casas habitación, lo que determina el aumento en el precio de la vivienda y ello dificulta el acceso a una vivienda digna y con buena ubicación, siendo éste el principal factor que impulsa el asentamiento en zonas de riesgo.

 

La mala distribución territorial y principalmente la densidad demográfica en las urbes aqueja a diversas ciudades de nuestro país, lo que se puede reflejar en el exceso de habitantes en una zona territorial que no es proporcional al número de personas que la habitan.

 

Debido a que en México existe multiplicidad de riesgos que pueden ocasionar un desastre natural, diversos asentamientos humanos son susceptibles a convertirse en zonas de riesgo, lo anterior aunado a la variedad de climas y geografía de nuestro territorio, como lo demuestran las cifras del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en las que se indican que 87.7 millones de habitantes en el país, residen en zonas de riesgo por distintos tipos de fenómenos, de lo que cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el 20.5% en zonas rurales.

 

Para poder aminorar el efecto de los fenómenos naturales en las zonas de riesgo, es necesario contar con acciones preventivas como el aumento de inversión en medidas estructurales, la elaboración de atlas de riesgo y una mayor difusión en materia de protección civil.

 

A pesar de que la federación tiene responsabilidad en la elaboración de programas, planes y acciones preventivas contra desastres naturales, los estados y municipios son los principales responsables de ejercer dichas acciones preventivas, sobre todo éste último, como se encuentra establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establece la facultad de los municipios para dirigir las políticas de uso de suelo, los permisos de construcción en sus jurisdicciones territoriales y la elaboración de sus planes de desarrollo urbano.

 

Aunado a lo anterior, el artículo 86 de la Ley General de Protección Civil establece que el Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estatales y Municipales de Riesgos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos.

 

Sin embargo, de acuerdo con datos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, la insuficiencia de medidas de planeación, prevención y mitigación a nivel de las regiones o zonas vulnerables se ve reflejada en la casi inexistente vinculación entre la información proporcionada por los atlas de riesgo y la toma de decisiones en temas como la concesión de permisos sobre uso de suelo, la provisión de infraestructura y la construcción de vivienda.

 

Lo anterior se agrava debido a que no existen obligaciones claras acerca de la actualización de los atlas de riesgos por parte de las autoridades locales. Por ello, en tanto la actualización de los atlas de riesgo no sea considerada como un insumo indispensable para la gestión del desarrollo urbano, la población asentada en zonas irregulares continuará asumiendo los costos de una política de desarrollo urbano incompleta.

 

Ante este panorama, se determinó que resulta imprescindible que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), como rectora del territorio nacional y de los asentamientos humanos, realice acciones que disminuyan el riesgo de la población localizada en zonas de riesgo y evite el asentamiento de hogares en zonas susceptibles a fenómenos naturales y en las que sus moradores o su patrimonio pueden sufrir algún daño.

 

Por lo cual se plantearon estrategias y líneas de acción que tienen como propósito garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgo en los instrumentos de planeación territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano. Entre las que destaca el impulso a la creación y actualización de reglamentos de construcción acordes con los diferentes peligros y riesgos de los asentamientos humanos, así como la incorporación de la gestión integral del riesgo en la planeación y programación del desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.

 

Ante ello, el municipio en muchas ocasiones no cuenta con las capacidades técnicas y financieras necesarias para vincular los instrumentos de gestión de riesgos con los reglamentos de construcción, lo cual trae consigo diversas consecuencias, como la pérdida de vidas humanas y económicas.

 

Lo anterior se puede ver reflejado en las cifras que demuestran que entre los años de 1980 y 1990 se registraron pérdidas de 700 millones de dólares por desastres naturales, mientras que entre los años del 2000 y 2014 la cantidad se elevó a 2,147 millones de dólares en pérdidas, además de tener un promedio de 186 decesos por la misma causa [*] .

 

En el mismo sentido, el Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México [*] , indica que una inadecuada planeación urbana/territorial y de uso de suelo contribuye en gran medida a la vulnerabilidad de la población de México. Situación que es considerada como el reto más apremiante de política pública para la reducción de riesgos de desastre.

 

La rápida y continua urbanización de las áreas metropolitanas ha aumentado los asentamientos informales en áreas propensas a riesgos, como las riberas de ríos o laderas inestables. El estudio de referencia coincide en que las autoridades de protección civil  enfrentan un reto de déficit de gobernanza, ya que las políticas de uso de suelo son parte de las atribuciones municipales y se diseñan con muy poca vinculación con la información sobre riesgos.

 

Por ejemplo, en el caso de los cauces de los ríos y sus alrededores que se encuentran bajo la autoridad de la CONAGUA, mientras que el uso de suelo y la planeación urbana son responsabilidad de los municipios, esto ha generado un vacío entre ambos marcos legales e institucionales. En algunos casos, ninguna de las dos partes toma la iniciativa para evitar o expulsar asentamientos irregulares en zonas de riesgo.

 

Por consiguiente, los asentamientos ilegales en áreas propensas a inundaciones tienden a reaparecer en el mismo lugar incluso después de desastres importantes, como la inundación de la ciudad de Monterrey y su área metropolitana ocasionada por el huracán Alex en el año 2010.

 

Dicho diagnóstico también menciona el tema de los códigos de construcción y el reforzamiento sísmico de estructuras como dos áreas adicionales de la política de prevención de riesgos de desastre con mayor posibilidad de mejora.

 

Al respecto, los códigos de construcción se definen a nivel municipal; sin embargo, como se ha mencionado, muchos municipios no cuentan con suficientes recursos para elaborarlos, lo que implica que la construcción en muchas áreas con riesgo sísmico no esté regulada. Ejemplo de ello radica en la situación de algunos municipios que han adoptado el código sísmico de la Ciudad de México, que con frecuencia no es adecuado para sus condiciones del suelo y otras variables que determinan el nivel de riesgo sísmico respectivo.

 

Aunado a lo anterior, en los municipios que cuentan con códigos de construcción, las disposiciones sobre la mitigación de riesgos se centran frecuentemente en los riesgos por terremoto, y no se prestan suficiente atención a las medidas adecuadas para contrarrestar inundaciones, huracanes y tsunamis con base en el nivel local de riesgo.

 

En ese sentido, resulta fundamental invertir más en la prevención de riesgos de desastre después de un análisis minucioso de costos, beneficios y eficacia. Al respecto, la OCDE menciona que una medida práctica para facilitar esto podría ser el establecimiento de un registro de 4 a 6 códigos de construcción específicos a nivel federal que los municipios puedan elegir y adaptar con base en su exposición al riesgo, en especial para terremotos, inundaciones y tsunamis.

 

En Estados Unidos de América, por ejemplo, los estados reciben la facultad de legislar su propio Código de Edificaciones, aunque el Poder Federal vigila el cumplimiento y puede anular dicha facultad legislativa sólo en los casos en los que los códigos no protejan la salud pública, la seguridad y el bienestar social. Por su parte, los Congresos Locales legislan con varios grados de aplicación de responsabilidad y con mecanismos de modernización, tomando en cuenta el contexto geográfico de cada estado.

 

Por todo lo anterior, se pretende reformar diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el fin de que la Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emita un catálogo de códigos de construcción específicos a nivel federal que tomen en cuenta todos los tipos de riesgo que se presentan en el territorio nacional reflejados en los Atlas de riesgo nacional, estatales y municipales, con el propósito de que los municipios puedan elegir y adaptar en su planeación territorial, reglamentos y demás ordenamientos de su competencia, los códigos más adecuados con base en su exposición a los riesgos  específicos que se presentan en su territorio.

 

Ello no representa una invasión de atribuciones entre los órdenes de gobierno, pues los municipios seguirán a cargo de sus atribuciones constitucionales, relativas al otorgamiento de licencias y permisos para construcciones, siendo solamente una medida que pretende proporcionar una herramienta para que los municipios actualicen sus códigos de construcción e incorporen con mayor facilidad la prevención de riesgos en los asentamientos humanos.

 

De esta forma se estaría vinculando el ordenamiento territorial y el uso de suelo con la reducción de riesgos como una de las medidas para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante los desastres naturales.

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

 

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXXII al artículo 8 pasando la anterior a ser XXXIII, y se reforman las fracciones III, XVI y XXI del artículo 11 y el artículo 66  de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para quedar como sigue:

 

Artículo 8. Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría, las atribuciones siguientes:

  1.  … a  XXXI. 

XXXII. Expedir un catálogo nacional de códigos de construcción vinculados a los atlas de riesgo nacional, estatales y municipales, que sirva de directriz para que los municipios incorporen la gestión integral del riesgo en la programación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, a través de la actualización de sus reglamentos de construcción considerando los peligros y riesgos inherentes a sus condiciones geográficas y meteorológicas específicas. 

 

XXXIII. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas.

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I. … a II. …

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven, tomando en cuenta el catálogo nacional de códigos de construcción.

IV. … a XV. …

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano, de zonas metropolitanas y conurbaciones y los atlas municipales de riesgo, en el marco de los derechos humanos;

XVII. … a XX. …

XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano, así como de las zonas que se encuentran bajo algún tipo de riesgo con base en los diversos instrumentos de detección de riesgos.

XXII. … a XXV. …

Artículo 66. Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en zonas de alto riesgo conforme a los planes o programas de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial y los atlas de riesgo, las autoridades antes de otorgar licencias relativas a Usos del suelo y edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un estudio de prevención de riesgo que identifique que se realizaron las medidas de mitigación adecuadas, en los términos de las disposiciones de esta Ley, la Ley General de Protección Civil y las normas oficiales mexicanas que se expidan.

 

TRANSITORIOS

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Atentamente

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 22 días del mes de noviembre del año 2017.


[*] Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23233/PROGRAMA_Nacional_de_Desarrollo_Urbano_2014-2018.pdf

[*] http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/318-INFOGRAFADESASTRESENMXICO-IMPACTOSOCIALYECONMICO.PDF

[*] http://www.oecd.org/gov/risk/Mexico-proteccion-civil-resumen-ejecutivo.pdf

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 61 de la Ley General Salud.

Martes 28 de Noviembre de 2017
Gaceta: LXIII/3PPO-57/77317

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 61 de la Ley General Salud.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.

 

2017.11.28 Inic_PAN_art61_Ley_Gral_Salud FSLB